Abril 6/26 Más por cumplir que por un real interés y gestión pública, Mineducación pidió a Minhacienda una mesa técnica para evaluar el impuesto al patrimonio a IES privadas.
La mesa no se ha hecho y las IES privadas ya tuvieron que sacar de sus bancos, o endeudarse, en cerca de 70 mil millones para pagar la primera cuota.
“Le he solicitado constituir prontamente una mesa técnica a mi colega ministro de Hacienda para evaluar la iniciativa de poner una mayor carga impositiva a las universidades privadas y su impacto al aporte que estas hacen al sistema educativo”, escribió en su red social el ministro de Educación, José Daniel Rojas Medellín (en el centro de la foto, creada con IA, y rodeado de rectores de universidades privadas).
Para ello envió, con fecha 26 de marzo, una comunicación en la que propone a la cartera de las finanzas una mes técnica “con el propósito de revisar de manera conjunta sus alcances e implementación en el sector de la educación superior”.
Para ello, proponen que esa reunión se haga entre el 6 y el 10 de abril.
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Una acción poco creíble
La actuación del ministro Rojas parece más una acción de cumplimiento (cumplo y miento), que no arroja un resultado real y, menos aún, un interés y preocupación real hacia el sistema de educación superior privado, al cual ha criticado fuertemente y al que muy poco (por no decir nada) le ha dado durante el gobierno del presidente Petro.
La comunicación de Rojas ni siquiera expresa una actitud de protección hacia el estado y las finanzas de IES que contribuyen con la cobertura y el servicio educativo, y en su mensaje como en la carta a Minhacienda no hace referencia alguna a buscar salida que alivie la situación financiera, de por sí ya muy golpeada, y agravada con un impuesto que surgió de la noche a la mañana y que impacta a las IES privadas (no a las públicas), con patrimonios líquidos de más de 10.474 millones de pesos.
Según lo que informó originalmente este Observatorio, son cerca de 135 mil millones los que deben pagar estas instituciones, y que serían 92 IES con esos patrimonios.
¿Llorar sobre la leche derramada?
La magistrada de la Corte Constitucional, Lina Marcela Escobar Martínez (quien fue rectora de la Fundación Universitaria San Martín), está al frente del análisis de constitucionalidad del Decreto Legislativo 173 de 2026, que fue el que estableció las medidas tributarias sobre el impuesto al patrimonio en el marco de la emergencia económica declarada por el Gobierno y que incluyó a las IES privadas.
En su análisis de constitucionalidad, convocó a diversos actores del sector a emitir su opinión al respecto, y aunque políticos y muchos columnistas salieron a defender a las IES privadas, por considerar arbitraria la norma porque estas son entidades sin ánimo de lucro, el tiempo ha corrido y no se conoce pronunciamiento alguno.
La Asociación Colombiana de Universidades ASCUN radicó su documento un día después de haberse vendido el plazo dado por la Corte, mientras que hábilmente el Ministerio de Hacienda pidió ampliar el plazo para dar sus respuestas, de tal forma que se cumpliera la primera fecha de recolección del 50 % del impuesto (el 1 de abril), con lo que las IES ya tuvieron que hacer su primer pago.
Por lo mismo, la carta de Mineducación, antes de Semana Santa, termina siendo un saludo a la bandera que poco o nada sirve.
¿Impacto sobre subsidios y calidad?
Tal y como lo ha analizado El Observatorio de la Universidad Colombiana, las IES colombianas tienen sustanciosos patrimonios, pero muy poco dinero líquido. Están llenas de propiedades, instalaciones, laboratorios e infraestructuras, pero limitado capital operacional, con lo que un impuesto de esta naturaleza, impuesto sin consulta y de un momento a otro, sin planeación, golpea fuertemente las finanza.
El pago del impuesto podría traducirse en afectaciones a las condiciones de calidad de muchas IES privadas.
La representante y ahora senadora Jennifer Pedraza, defensora de la educación pública advirtió, en una entrevista para el Diario Portafolio, que ese impuesto paa IES que son sin ánimo de lucro “termina desincentivando la inversión en educación”.
Y así lo confirma, el rector de la Universidad de Santander UDES, Patricio López Jaramillo, quien le confirmó a ese diario económico, que su institución está transformando sus estrategias financieras como consecuencia directa del decreto, lo que implica “la priorización de inversiones previamente contempladas, la reducción de beneficios estudiantiles y una reestructuración presupuestal” que puede afectar las actividades de investigación y de proyección social comunitaria. Asimismo, que la UDES evalúa endeudarse con entidades financieras para garantizar el flujo de caja de la vigencia actual.
Y si a este panorama se suma que las IES debieron asumir, en muchos de sus empleados y costos de operación el incremento del salario mínimo en el 23 % pero de matrículas en más de 15 puntos por debajo de esa cifra, la situación es aún más preocupante.
