El Observatorio de la Universidad Colombiana




Tribunal ordena a U. de Caldas dar conectividad a estudiantes que entutelaron

Julio 21/20 Pandemia llevó a estudiar desde casa. Universidad gestionó apoyos de conectividad y equipos, pero no para todos. La entutelaron y un Tribunal le obliga a hacerlo.

La buena voluntad de las IES para apoyar la continuidad educativa de sus estudiantes durante la pandemia, no es suficiente para garantizar el derecho a la educación, se deduce del fallo, que se fundamenta en conceptos de la Corte Constitucional.

Un fallo de primera instancia, del Juzgado Tercero de Familia de Manizales, había favorecido a la Universidad de Caldas en sus esfuerzos para apoyar parcialmente a los estudiantes que, por la pandemia, requerían equipos de cómputo y medios de conectividad por sus condiciones de vulnerabilidad, pero el El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales acogió la impugnación al resultado de la tutela, bajo el argumento de que las medidas no resultaban suficientes para la cesación de la violación del derecho fundamental a la educación en conexidad con la igualdad, dado que no presentó un plan de acción claro y concreto que permita a a toda la comunidad académica tener certeza de las medidas que serán tomadas para garantizar el derecho fundamental a la educación a la totalidad de los estudiantes en el contexto actual de no presencialidad.

El fallo ordena a la Universidad de Caldas que entregue a los estudiantes Laura Fernanda Rodríguez Castillo, Alexánder Patiño Castrillón y Sergio Andrés Rendón Pérez cualquier equipo técnologicamente idóneo para desarrollar las clases virtuales. Así mismo, dentro del mismo lapso deberá suministrarles una conexión a internet
por cualquier médio, que garantice los requerimientos mínimos para poder desarrollar las clases virtuales.

Esto pese a que la Universidad de Caldas había sustentado que “no ha vulnerado ninguno de los derechos fundamentales invocados por los accionantes y, por el contrario, de acuerdo a las competencias que constitucional, legal y estatutariamente le atañen, ha garantizado el derecho fundamental a la educación superior en medio de todo lo que le ha significado responder a directrices nacionales, adoptadas en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, propiciado por la declaratoria de la emergencia sanitaria dada la pandemia producida por el SARS-CoV-2, y según las cuales “es necesario que las instituciones de educación superior, dentro de su autonomía, diseñen planes y estrategias que faciliten el desarrollo de los planes de estudio sin la necesidad de la presencialidad de los estudiantes” (Directiva del Ministerio de Educación Nacional N° 04 de 22 de marzo de 2020).

La Universidad había entregado kits de internet a algunos alumnos, y a otros alumnos les dio en préstamo equipos de computo, pero esto no se considera suficiente.

Los fundamentos jurídicos

El resultado del fallo de tutela, en su impugnación, se fundamenta en que “el derecho a la educación debe estar permeado del principio de igualdad, pues sin este último se pondría en grave riesgo el acceso a ese derecho, debiéndose en lo posible brindar condiciones que faciliten al educando adelantar su proceso educativo”.

El Tribunal se fundamentó en los siguientes conceptos de la Corte Constitucional:

1) Sentencia N° T-079 de 1994:

“Sobre la educación como instrumento de igualdad, dijo la Corte: (…) por la función misma que cumple el proceso educativo, la educación es uno de aquellos derechos que realiza materialmente el principio y el derecho a la igualdad (artículos 5o. y 13 de la C.P.), toda vez que como se expresó en la sentencia T-02 de 1992 (M.P. Alejandro Martinez Caballero), en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona”.

2) Sentencia T-666 de 2013 acentuó que el derecho a la educación se soporta en cuatro pilares, así:

“(i) La asequibilidad o disponibilidad del servicio, consistente en la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas para ponerlas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso a este sistema, lo que implica, entre otras cosas, el deber de abstenerse de impedir a los particulares fundar colegios, escuelas o cualquier tipo de centro educativo y la necesidad de asegurar la inversión en infraestructura para la prestación de este servicio;

(ii) la adaptabilidad, es decir, la necesidad de que la educación se adecue a las necesidades y exigencias de los educandos y que se garantice la prestación del servicio;

(iii) la aceptabilidad, que se refiere a la necesidad de asegurar la calidad de la educación que se imparte, por ejemplo, que exista una planta mínima de docentes que alcance para cubrir las necesidades de educación de todo niño y,

(iv) la accesibilidad, la cual consiste en la obligación del Estado de garantizar el ingreso de todos en condiciones de igualdad al sistema educativo y al deber de facilitar, tanto como sea posible, el acceso al servicio desde el punto de vista geográfico y económico”.

3) Sobre la accesibilidad, en sentencia T-207 de 2018, la H. Corte Constitucional indicó: “la accesibilidad consta de tres dimensiones reconocidas constitucionalmente:

i) No discriminación: la educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos más vulnerables de hecho y de derecho. La obligación correlativa del Estado en este punto es la eliminación de todo tipo de discriminación en el sistema educativo, compromiso que en el ordenamiento jurídico colombiano se logra mediante el desarrollo del artículo 13 de la Constitución que reconoce el derecho a la igualdad.

ii) Accesibilidad material: la obligación estatal es garantizar por los medios más adecuados que el servicio educativo sea accesible desde el punto de vista físico. Este deber corresponde al mandato previsto en el inciso 5° del artículo 67 de la Constitución que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores de edad las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

iii) Accesibilidad económica: el inciso 4° del artículo 67 Superior indica que la educación debe ser gratuita en las instituciones del Estado sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. No obstante, la jurisprudencia constitucional ha especificado sobre esta norma que se entiende que solo la educación básica primaria tiene un carácter gratuito y obligatorio en las instituciones estatales, mientras progresivamente se alcanza la gratuidad universal para los niveles de secundaria y la educación superior”.

Frente a esta decisión, el abogado y docente de la Universidad de Caldas, Juan Carlos Yepes Ocampo, que apoyó el equipo de profesores que trabajó la impugnación, señaló que frente a esta situación “la destinación de recursos adicionales a las IES públicas (Universidades/ITTUs) para enfrentar la emergencia, se convierte en un hecho impostergable que no admite más dilaciones”.

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