U. Incca no tiene con qué pagar demanda laboral

Sept 8/19 El Juzgado 21 Penal del Ciurcuito, de Bogotá, ordenó a la U. Incca a pagar 9 meses de salario y seguridad social pendiente de 37 empleados. El problema es que si la U. paga, se queda sin con qué funcionar.

La decisión judicial de esta tutela, ensegunda instancia, obliga a la Universidad a actuar inmediatamente y entre lunes y martes debe dar respuesta o el representante legal deberá ir a la cárcel. El argumento esencial es que con el no pago de los salarios, la Universidad ha vulnerado flagrantemente los derechos fundamentales al mínimo vital y a laborar en condiciones dignas por parte de los trabajadores, toda vez que no disponen de su salario para mantener un nivel básico de susbsistencia al menos para acudir a su lugar de trabajo.

La tutela obliga a la Universidad con los trabajadores que entutelaron, pero son muchos más los que no han recibido pago en estos meses.

La sentencia del Juzgado compromete a la representante legal de la Universidad, que es María Solita Quijano Samper, pero ésta se ha declarado incapacitada desde hace varias semanas y la Universidad se halla en un lío jurídico interno por definir quién debe actuar como representante lega (encargado); es decir, para asumir la responsabilidad, entre otros aspectos, por dar la cara ante esta tutela. La rectora actual actúa en calidad de encargo (Susan Rodríguez), tras la renuncia de Carolina Villamizar (quien dejó de ser rectora pero sigue actuando en el máximo órgano de gobierno colegiado), y quien actúa como representante legal encargado, pero no lo oficializa como tal, es el hermano de María Solita: Pedro

Vale recordar que, pese a la comprobada y reiterada situación deficitaria de la Universidad Incca y a la reducción de estudiantes (este semestre sólo matrículo 1.300), el Ministerio de Educación Nacional decidió no intervenir como lo hizo en la Universidad Autónoma de Colombia, en donde reemplazó al representante legal-presidente y al rector, sino que en este caso sólo nombró un funcionario del Ministerio como inspector in situ, Hernando Castellanos, quien asiste a reuniones pero no toma decisiones de gobierno corporativo de la Incca.

Segun la Juz Sandra Lorena Calimán Chacón, la crisis económica de la Universidad viene de 2.014 (cuando regresó María Solita Quijano y María Carolina Villamizar), el inspector in situ no les colaboró a los demandantes, no hubo gestión de parte de la actual rectoría para el pago de salarios atrasados, los trabajadores están desprotegidos por lo que se requiere que estos tengan participación en el claustro de Gobierno.

Los accionantes de la tutela, a los que la Universidad deberá pagar o negociar, son: Diana Carreño, Edilberto Morales, Ligia Guerrero, Aurora Castro, Gloria Pinzón, Olga Páez, Saulo Rincón, Joselín Olarte, Aura Buitrago, Luis Gutiérrez, Jaime Sotomayor, Blanca Martín, Aura Sacristán, Jorge Medina, Isidoro Sánchez, Félix Millimue, Dennis Hernández, María Gaviria, Martah Castañeda, Ibeth Pedrozo, Ruth Flórez, María Ramos, Carlos Romero, Carlos Lalinde, Mercedes Rivera, Rodrigo Casas, Marco Pérez, Dora Rodríguez,Nery Santiago, Doris Santiago, Mary Vargas, Maritza Ibarra, Julio Rojas, Nefaida Urieles, María Garzón, Carmen Mora, y Fredy Valencia.