Mayo/24 Lopera, director de www.universidad.edu.co, advierte que si de la crisis que enfrenta la más grande universidad pública del país no se toman decisiones de fondo, el sistema de educación superior saldrá más fracturado y desarticulado.
La crisis de gobernabilidad de la Universidad Nacional de Colombia no puede verse como un caso aislado de una IES que, en ejercicio de su autonomía, pueda solucionarlo. Dos hechos preocupantes determinan un panorama preocupante para el sector:
Primero, no hay seguridad de que la propia UNAL pueda, por sí misma, solucionar su conflicto y asegurar el camino de la estabilidad como rector de José Ismael Peña Reyes (si se reconfirma), de Leopoldo Múnera si se decide voltear todo lo actuado y satisfacer al gobierno nacional y a los manifestantes que se escudan en el resultado de la consulta, o por qué no, de un tercero, si se decide reiniciar todo el proceso.
Lo cierto es que la polarización aumenta cada día; algunos directivos de facultades y profesores no reconocen a José Ismael Peña Reyes como rector, y tampoco el Gobierno Nacional; entre tanto, los exrectores sí lo legitiman; el Consejo Superior está dividido, al igual que los sindicatos internos, los medios de comunicación y los académicos de fuera de la Universidad; y Múnera (quien como candidato aceptó las reglas de juego -entre las que estaba el reconocer la decisión del Consejo Superior-) se presenta como mártir, pero también como un incendiario, pues llama a la cordura y la no violencia, al tiempo que atiza la hoguera de la “desobediencia civil” y de una constituyente universitaria, muy en la línea de los mensajes que los amigos del gobierno Petro quieren escuchar, mientras que las autoridades se ven maniatadas para enfrentar a los violentos, pese a que la ciudadanía ya está desesperada con la reiteración de protestas de quienes creen que el desorden público, la violencia y hasta el terrorismo, son “medios” para alcanzar las causas educativas.
Bien me decía, un alto directivo de la propia UNAL, que “sentía pena ajena” por lo que está sucediendo, y que “por algún lado tenía que estallar el tema de la gobernabilidad; que se percibe en una ausencia de liderazgo eficaz y que se acumularon las consecuencias de una ausencia de autoridad en relación con los estudiantes”. ¿La Universidad Nacional es como el hermano mayor criado con todas las comodidades, que cada vez quiere más, que no ve límites y que exige que solo se haga lo que él quiere?
Más de un mes se tomó la Secretaría General de la Universidad en concretar el acta que, infantilmente, la ministra usa como excusa para también contribuir -en contra de su dignidad y autoridad- a desestabilizar la institución. ¿Por qué, como presidenta del CSU y gerente educativa, esperó a que se venciera el periodo de Dolly Montoya para salir con lo que salió?, ¿no se supone que es ella, independientemente del candidato de su elección, la que debe dar un ejemplo de prudencia y de compostura para evitar que haya desinstitucionalidad? Posiblemente, se dejó guiar por alguna voz radical dentro del gobierno que le pidió, como fuera, evitar la llegada de Peña Reyes y hacer lo posible para que Múnera pueda ascender, así como de “ganar” imagen ante su jefe (el presidente Petro) como ministra beligerante a favor de su causa de cambio-populismo y de “democracia”.
El hecho es que hoy no se sabe quién, cómo ni cuándo se va a solucionar el problema. Cuatro de los cinco miembros del Consejo Superior Universitario han pedido a la Secretaría General que haga todo lo que le pida la ministra, para firmar la dichosa acta y cerrar el capítulo de la designación de Peña Reyes. ¿Lo hará la ministra?, ¿hallará otro motivo de inconformidad?, ¿y si le acusan de prevaricato y termina perdiendo su escenario de poder y de control?
Y entonces aparece el segundo, y también muy grave, hecho derivado de todo esto. Sea cual sea el desenlace de la pugna por la rectoría, habrá mensajes que impactarán negativamente a todo el sistema de educación superior colombiano.
Si se ratifica a Peña Reyes, se mantendrá la inconformidad de quienes consideran que el rector (cual si fuera la elección de un alcalde o de la reina de la simpatía) debe ser quien gane la consulta estamentaria, y ante la ausencia de voces de autoridad intelectual, gubernamental y policiva (para controlar desmanes), las protestas, tomas y daño de instalaciones podrían mantenerse, con un muy elevado costo para el presupuesto nacional (el exrector Fernando Sánchez señala que son 5.500 millones de pesos diarios los que se están perdiendo con el paro!!!). Hay que reconocer que el polémico método Borda fue más una jugada estratégicamente hábil que académica y de política democrática.
Si se revierte la designación de Peña Reyes, se estarían sentando preocupantes precedentes: Sería el fin de la Universidad como un escenario meritocrático, las acciones legales fluirían en cantidades, la autoridad de cualquier directivo universitario estaría confrontada por grupos de presión, el ministro de turno podrá hacer abiertamente política, toda decisión de los consejos superiores se impugnaría, y la inestabilidad se apoderaría de las otras universidades públicas en donde el resultado de sus consultas (no solo las rectorales) sea cuestionado por cualquiera.
Como mantener el statu quo o revolucionarlo completamente son, en ambos casos, situaciones peligrosas para el sistema de educación superior, es imperativo buscar salidas menos dolorosas, ojalá concertadas, y mirando hacia adelante. Sí o sí se deben revisar la Ley 30 en cuanto a la composición de los Consejos Superiores y el criterio de designación de rectores, pero también acordar y respetar las reglas de juego, el rol de los representantes, el papel del Ministerio y los intereses personales.
Tiene razón el profesor Múnera, dos veces sacrificado por el Consejo Superior para llegar a la Rectoría, causa por la que cientos (no se sabe exactamente cuántos) de profesores y estudiantes están en paro, tratando de imitarlo en su autoproclamada desobediencia civil, cuando dice que “la estabilidad y futuro del sistema de educación superior colombiano dependen en gran parte de la forma como se resuelva la crisis de la Universidad Nacional de Colombia”.
El punto es que si se resuelve por las vías legales, el tema tomará mucho tiempo y quién sabe cuántas más heridas físicas, de orgullo, debates, marchas y desastre de instalaciones, y si se resuelve por el diálogo se estarían poniendo paños de agua tibia para enfriar el tema, pero no habría certeza del mediano futuro para la propia Universidad y para el sector.
Peor aún es que la más (dicen) importante universidad pública del país, organización de aprendizaje, no demuestra la inteligencia necesaria para sobreponerse a sus propios conflictos. Tiene muchos y muy cualificados académicos (muchos de ellos muy bien pagos, incluso en temporada de paro), pero -al parecer- ninguno con el reconocimiento y autoridad, en su propio interior, para llevar la bandera blanca de la paz. Por el contrario, la soberbia de quien tiene todo y quiere más, les hace olvidar que deben ser ejemplo para un sistema que copia las buenas, y esta vez muy malas, prácticas de gobernabilidad.
