Feb 3/25 Sólo 5 semanas fue decano de derecho de la FUAC el experimentado académico Ricardo Sánchez Ángel. El mismo día que denunció posibles irregularidades en la IES ante el Ministerio del Trabajo fue despedido. Ambas partes se debaten legalmente entre acoso laboral – maltrato a la dignidad y autonomía universitaria.
Ricardo Sánchez Ángel (foto), profesor emérito de 76 años y con una trayectoria de más de cinco décadas en la academia (fue decano de derecho en la Universidad Nacional de Colombia), asumió la decanatura de derecho de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia el 1 de julio de 2025.
Desde su llegada al cargo directivo inició una revisión de convenios institucionales y prácticas administrativas que, a su juicio, vulneraban los estatutos universitarios. Las denunció y, dice, a cambio recibió un trato indebido a su cargo, edad y dignidad, siendo desconocido por las altas directivas y tratado como “viejo” y conflictivo.
Entre las denuncias que, a juicio de Sánchez, constituían irregularidades, estaban:
– Que la FUAC suscribió convenios con Sapienza, Corpadein y Unigermana, que incluían cláusulas desfavorables para la FUAC. En el convenio con Sapienza, que tiene personería como IES, esa entidad se encargaba de hacer mercado de los programas de la Autónoma, mientras que en el caso de Unigermana se permitía a los estudiantes usar el consultorio jurídico de la FUAC a cambio de acceso a bases de datos.
– Que los estatutos no permitían, como pasó, que el Rector y el Secretario General de la FUAC actuaran como directores de Talento Humano.
El día clave: denuncia en la mañana, despido en la tarde
El 6 de agosto de 2025, a las 8:22 a.m., Sánchez y un grupo de profesores radicaron ante el Ministerio de Trabajo un comunicado colectivo denunciando irregularidades administrativas.
Ese mismo día, a las 5:10 p.m., la Universidad Autónoma de Colombia le notificó por correo electrónico la terminación de su contrato (que iba del 1 de julio de 2025 al 31 de enero de 2026), alegando la aplicación del período de prueba.
Tras las denuncias, Sánchez afirma haber sido objeto de:
- Expresiones despectivas relacionadas con su edad (“este viejo”).
- Intentos de desconocer su investidura como decano.
- Restricciones para participar y votar en órganos colegiados.
- Señalamientos de ser “perturbador” en las deliberaciones.
- Exclusión de reuniones clave, como la discusión del Plan de Pagos exigido por el MEN.
- Despido de su asistente en un momento crítico para procesos de acreditación.
- Citación a una audiencia interna por presunto acoso laboral contra el Secretario General.
Para Sánchez esto fue la confirmación de una situación de acoso laboral y desconocimiento de su dignidad. Según su denuncia, hubo por parte de las directivas de la Universidad una “actitud consciente y persistente de obstaculización institucional, que tiene como finalidad socavar mi continuidad en el cargo, debilitar mi posición en el ámbito universitario y crear un estado de incertidumbre y desgaste emocional e institucional incompatible con los principios rectores del trabajo digno, la buena fe contractual y la función universitaria”.
Y complementa: “Todas estas acciones, tomadas en conjunto, denotan una estratega de represalia institucional que trasciende la crítica legítima o el disenso democrático, y se convierte en una forma clara de hostigamiento con efectos concretos sobre mi salud emocional, mi ambiente laboral, mi reputación académica y mi estabilidad institucional”.
La respuesta de la Universidad Autónoma de Colombia
En sus contestaciones judiciales, la FUAC niega cada uno de los hechos señalados por el exdecano, argumentando que:
- No existió acoso laboral.
- No hay desviación de poder por tratarse de una institución privada.
- La terminación del contrato fue legal y se dio dentro del período de prueba.
- El accionante no activó el Comité de Convivencia Laboral.
- La tutela no es el mecanismo adecuado para resolver controversias laborales.
Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional informó que la decisión de terminar el contrato fue exclusiva de la FUAC; que la revisión documental indica que la universidad actuó conforme a su normativa interna, y que se realizó una visita de inspección el 22 de septiembre de 2025 sobre los convenios con Sapienza y Unigermana, cuyos resultados están en análisis.
Avance del lío jurídico
Hasta ahora no se ha demostrado que la actuación de la FUAC haya causado un perjuicio irremediable al hoy exdecano.
La Corte Constitucional ha seleccionado la tutela presentada por el exdecano Sánchez Ángel, en medio de un entorno laboral, administrativo y financiero muy complejo en esa IES, actualmente bajo medidas de vigilancia especial del Ministerio de Educación Nacional.
Por su parte, las diferentes instancias judiciales han eximido de responsabilidad alguna, en este litigio, a Sapienza, a Unigermana y al propio Ministerio de Educación.
Un caso que revela un problema más amplio
Más allá del desenlace judicial, el caso expone un fenómeno recurrente en varias instituciones de educación superior del país:
- Procesos de selección de directivos poco transparentes.
- Conflictos internos que escalan rápidamente por falta de canales de gestión.
- Tensiones entre órganos de gobierno, rectorías y facultades.
- Ambientes laborales frágiles en instituciones con dificultades financieras y administrativas.
- Uso de figuras jurídicas (acoso, represalias, desviación de poder) como armas en disputas internas.
La salida abrupta de un decano en cinco semanas no solo habla de un conflicto personal o administrativo, sino de la fragilidad institucional en contextos donde la gobernanza universitaria no logra procesar el disenso ni canalizar adecuadamente las denuncias internas.
En un sector que enfrenta presiones crecientes —financieras, regulatorias, de calidad y de legitimidad—, la capacidad de gestionar conflictos directivos se vuelve un indicador crítico de sostenibilidad institucional.
