Luis Enrique Orozco Silva, académico de la Univesidad de Los Andes, exconsejero del Consejo Nacional de Acreditación y uno de los gestores del Sistema de Acreditación, advierte que éste debe verse, un cuarto de siglo después, desde otra óptica.
Alcance y límites del Sistema Nacional de Acreditación
Las políticas generales que permitieron organizar y poner en marcha el Sistema Nacional de Acreditación fueron fijadas por el Acuerdo N. 06 del 14 de diciembre de 1995.
El proceso para adelantar la acreditación descansaba sobre el principio de la autonomía de las universidades sin perjuicio de que el Estado ejerciera sus funciones institucionales de inspección, control y vigilancia sobre ellas.
La norma estableció que acreditarse fuera una decisión voluntaria de las instituciones, en el marco de una política de fomento, dado el potencial que el rendimiento de cuentas tiene para el mejoramiento de la calidad del servicio público de la educación. Se trataba de que el Estado adoptara e hiciera público el reconocimiento que los pares académicos hacen de la comprobación que efectúa una institución sobre la calidad de sus programas académicos.
Ahora bien, como en todos los países de la región, esta política de la acreditación fue orientada y coordinada por un Consejo Nacional de Acreditación, integrado por académicos, quienes se dieron a la tarea de formular un modelo que como sugerencia se ofreció a las instituciones para adelantar su autoevaluación, ofrecer su resultado a pares académicos para su valoración según estándares definidos y posibilitar el juicio definitivo de parte del Consejo Nacional de Acreditación. Transcurría, por entonces, el año de 1997/98.
Como bien lo saben los expertos, el modelo tenía unos presupuestos teórico-metodológicos con base en los cuales se definieron los factores a evaluar, los cuales, desagregados en características y éstas en indicadores, permitían identificar el grado en que un programa académico y por su medio la institución se acercaba al grado de calidad por ella misma propuesto en su carta misional y en correspondencia con su historia, tamaño y complejidad.
Dos fueron los presupuestos sobe los cuales se construyó el modelo, que a pesar de algunas modificaciones sufridas posteriormente y consistentes en modificaciones de algunos indicadores (tópicos por evaluar) y de agregación de alguna modificación en los factores a tener en cuenta, se mantienen todavía:
a) el concepto de calidad, entendido como una característica apreciable en un programa académico en la medida en que éste se aproxima al prototipo ideal definido históricamente como realización óptima de lo que le es propio, según el género al que pertenece. Concepto análogo que respeta en su aplicación la diferencia de vocaciones y rostros propios de las modalidades de formación y tipo de instituciones;
b) Una “idea” de Universidad, inspirada en lo que histórica y conceptualmente ha sido esta institución en la cultura occidental; entiéndase, los estilos universitarios europeos y americano, en mezclas específicas según los países, cuando de ello se habla en América Latina, en donde no ha habido un modelo o estilo propio de universidad. En la literatura, a estos estilos se les suele calificar como “estilo clásico de universidad”.
Esos presupuestos, como lo indica el término, no están exentos de condicionar el alcance y límites del modelo como, por ejemplo, que esta idea inspira, justifica y legitima el tipo de factores a observar y el tipo de características e indicadores a tener en cuenta para definir calidad; o que al partir de un concepto de universidad, se tienda a evaluar con tal criterio ofertas educativas diferentes a las propias del modelo clásico de universidad. O más importante aún, que en la definición del modelo no se tenga en cuenta el contexto o escenario en que opera el sistema de educación en un país dado. En síntesis, que se tenga un enfoque teórico descontextualizado y facilitador de una tendencia homogeneizante del universo diferenciando de modalidades de formación en la oferta educativa de tercer nivel y de instituciones.
No obstante, el esfuerzo de contar con un recurso para procurar incidir en el mejoramiento de la calidad del servicio público de educación de tercer nivel o postsecundario ha sido, en percepción de instituciones, usuarios del servicio y de la sociedad en general, muy valioso. Tanto más que, en el caso colombiano, se pensó que el Consejo Nacional de Acreditación fuera un organismo con autonomía relativa respecto del Ministerio de Educación Nacional, lo que permitía ser un organismo de fomento de la calidad, agenciado por académicos y financiado por el Estado.
Una mirada crítica al desarrollo que esta política ha tenido en el país nos muestra por una parte, logros importantes sobre todo en la creación de una cultura de la evaluación en las instituciones; disponer de un mercado educativo con mayor información que antes, apoyado en un Sistema de Información (SNIES) más o menos robusto; y disponer de un catálogo de indicadores que ha servido de orientador acerca de las carencias que tienen algunas instituciones para acceder a la acreditación de alta calidad; amén de la valoración de la sociedad en general del valor que esta iniciativa puede tener para contar con unos usuarios mejor informados de las ofertas educativas.
Por otra parte, hay que reconocer la necesidad de un replanteamiento del modelo, no de un maquillaje, como ha sido el caso hasta ahora. Se trata de reconocer:
– que el escenario en que operan las instituciones de educación superior ha cambiado;
– que existen hoy nuevas formas de producción del conocimiento que ponen en tela de juicio la gestión del conocimiento que hacen las instituciones;
– que el conocimiento se ha convertido en fuerza productiva, generadora de la riqueza de las naciones y ello genera cuestionamiento sobre el tipo de investigación que se hace en el sector académico y su aislamiento respecto de las organizaciones que hacen buena investigación por fuera de la academia;
– que existen nuevas demandas sociales a las instituciones universitarias que las obliga a no ser auto-referenciales, sino organizaciones, abiertas, flexibles y que asumen el cambio como su tarea;
– que el desarrollo de las disciplinas académicas, en su grado de desarrollo actual, se articulan entre sí cada vez con más fuerza y valor agregado, lo que obliga a trascender procesos de formación anclados a estructuras curriculares unidisciplinarias en beneficio de la inter y transdiciplinariedad;
– que la investigación funciona a través de grupos de investigación que operan en redes;
– que la utilidad del conocimiento y su distribución y grado de aplicación es una exigencia tal que condiciona la financiación de la misma;
– que la dinámica de los mercados ha permitido el surgimiento de nuevas profesiones, lo cual cuestiona la pertinencia de la oferta tradicional centrada en el dominio de un campo disciplinario particular, por parte del estudiante;
En fin, el escenario ha cambiado y ninguno de los tópicos mencionados, que forman parte de la realidad actual, tuvieron relevancia para la construcción del modelo de acreditación en 1994-1995. Por lo tanto, lo responsable es reconocer la urgencia de reinventar la institución universitaria, de redefinir, fieles a su “idea”, lo que significan hoy sus funciones básicas de investigación, docencia y proyección hacia la sociedad. Como consecuencia la estructura organizacional de todo el Sistema de Educación Superior, como su Sistema Nacional de Acreditación deben ser replanteados para responder a los retos actuales con calidad, pertinencia, eficiencia y financiamiento adecuado.
En relación con el Sistema Nacional de Acreditación, es urgente:
– partir de una lectura crítica del contexto actual, en el marco de un escenario global, que permita identificar, con soporte analítico, los lineamientos teórico-metodológicos del modelo. No se trata, por lo tanto, de sugerir cambios en alguno de sus componentes, sino de resignificar su naturaleza, estructura y organización en el marco de una política de fomento;
– Tener en cuenta que el concepto de universidad clásico, en la actualidad, no dispone de las condiciones materiales de su reproducción. Por lo tanto, es urgente un esfuerzo de reflexión sobre el perfil de la Universidad necesaria con visión de futuro, con agallas y el mejor conocimiento disponible;
– Deberá evitarse que sea un modelo homogeneizador de la oferta educativa y del quehacer de las instituciones;
– El modelo debe considerar la presencia de nuevos agentes en la formación de la población para toda la vida: el SENA y la modalidad de Formación para el Desarrollo y el Trabajo Humano, de modo diferenciado, complementario y según grados de complejidad de la oferta educativa que ofrecen las instituciones en cada modalidad. Lo que conduce a un replanteamiento del marco normativo de la educación superior bajo la denominación ya conocida de Sistema de Educación Terciaria, sobre el cual existe ya una literatura en el país, por parte del Ministerio de Educación Nacional y otros expertos.
Información relacionada: Hora de replantear la acreditación de alta calidad – INFORME ESPECIAL
