Hora de replantear la acreditación de alta calidad – INFORME ESPECIAL

Agosto/22 La acreditación (institucional y de programa) cada vez es menos atractiva. Premia más el trámite -complicado- que el mérito y algunas resoluciones generan críticas en voz baja, y hasta hay dudas sobre su naturaleza y beneficios.

El Observatorio de la Universidad Colombiana analiza su estado y, apoyado en consultas con expertos y cifras, muestra cómo el Sistema Nacional de Acreditación SNA debe reconsiderarse, si se desea que la llamada alta calidad realmente signifique un motivo de orgullo para el sistema y, sobre todo, un impacto real del sistema de educación superior en el crecimiento del país.

El informe es extenso, pero el tema y los actores lo demandan.

Si bien se habla de acreditación como parte integral del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, o SAC, en la práctica esto es un dominó, en donde una ficha afecta a todo el sistema. Hablar de posibles mejoras en la acreditación, necesariamente lleva a considerar el registro calificado. Este informe se concentra especialmente en acreditación.

Advertir “peros” a la acreditación ha sido algo casi que vedado, pues tradicionalmente ha sido manejada y concebida como si fuera el top de excelencia en educación superior, y sobre la cual sólo tendrían derecho a opinar -aparentemente- algunos rectores cercanos al propio Consejo Nacional de Acreditación CNA (especialmente aquellos de universidades que se han caracterizado por tener más consejeros), o los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior CESU, que es el órgano que, por Ley, define los criterios para elección de consejeros o los ajustes en el modelo de acreditación. La foto muestra cuando el CESU, con Mineducación, aprobaron el Acuerdo 02 de 2020, en plena pandemia.

En temas de gestión académica o de dirección universitaria estar acreditado, ser consejero o exconsejero del CNA o “asesorar” dichos procesos, se han planteado como si fueran el mayor desafío del sistema de educación superior. Cuestionar en público provoca temor ante la posibilidad de caer en desgracia ante ciertas vacas sagradas del sector o de los decisores de política pública al respecto. No en vano es muy llamativo cómo varios rectores y directivos de IES, acreditadas y no, pares académicos, responsables del tema y hasta consejeros y exconsejeros del CNA y del CESU, no se atrevieron a opinar públicamente para El Observatorio, aunque sí lo hicieron “off the record”.

Aun así, pese a las inversiones que han hecho las IES para asegurar su acreditación (además de los millones de pesos que, literalmente, pagan, y pierden, en publicidad y avisos de prensa cuando obtienen la anhelada resolución) la opinión pública poco o nada parece motivarse ante este hecho, así como tampoco reacciona ante muchas de las certificaciones internacionales que gestionan (compran, en algunos casos) IES colombianas a certificadores extranjeros, en su vanidad académica y afán de figurar.

El comportamiento de la matrícula lo ratifica. Obtener la acreditación, salvo muy contados casos, no se traduce en más estudiantes. Incluso, algunas IES han caído en número de estudiantes tras la acreditación. Lo cierto es que instituciones y programas fuertes en ciertas áreas, nichos de mercado o regiones geográficas, siguen reinando en la matrícula, independientemente de si tienen o no acreditación.

Ante la aparente masificación de IES acreditadas, tener este “sello de calidad” está dejando de ser un elemento diferenciador, innovador y atractivo. Si bien las cifras dicen que el total de IES acreditadas llega al 30 % del total de las 298 que hay, la cifra debe verse con lupa, pues la mayor parte de la matrícula y el impacto del sector está en las universidades, y en este caso el 73 % de las públicas y el 76 % de las privadas ya cuentan con dicha acreditación.

Bien sea por orgullo de las directivas universitarias, por petición de sus consejos directivos y superiores o por necesidades prácticas de las propias instituciones (tales como participar en bolsas concursables, avanzar en registros calificados o acceder a recursos de los gobiernos nacional y locales, entre otros-), la acreditación se ha convertido en una tarea obligada para casi todas, una promesa electoral de aspirantes a ser rectores y una obsesión de los académicos.

En ese entorno, el sistema adoptó ciegamente que la mayor, mejor, alta, óptima o única calidad posible, como quiera llamársele, es la que “certifica” una resolución de acreditación del Ministerio de Educación Nacional, previa motivación del CNA. No hay debate al respecto. Todos callan, no importa que algunas de esas resoluciones sean vistas como medios para “lavar” la imagen de algunas IES o de sus directivos o, por el contrario, que no se acrediten IES que han mostrado importantes niveles de compromiso con otras formas de investigación, con diversas modalidades educativas, que involucran a comunidades ajenas a los sistemas educativos tradicionales, afines a las necesidades y expectativas de los estudiantes, o que impactan positivamente la vida de las poblaciones a las que llegan.

Un halo de misterio parece rodear el sistema: tiempos disímiles en el proceso entre IES, pares académicos -bien sea de programa o institucionales- que reiteradamente se repiten sin claridad del porqué su elección, informes no públicos ni socializados entre la propia comunidad académica, resoluciones que el Ministerio tampoco divulga  y que las IES sólo presentan de forma parcial (muestran los aspectos destacados pero casi nunca las recomendaciones), reacreditaciones entregadas de forma silenciosa, incomprensión sobre los criterios para definir la duración de la acreditación, y hasta dudas sobre por qué no hay en ciertos temas criterios numéricos objetivos precisos para avalar o no un proceso (como, por ejemplo, cuál debe ser el rango ideal de relación estudiantes por profesor; la relación entre docentes de planta y de cátedra; los niveles de mejora o no en los resultados Saber Pro; o los estándares aceptables para medir la movilidad internacional de la comunidad académica, entre otros). Una lectura de las resoluciones muestra cómo un buen número de IES con muy bajos resultados en las clasificaciones nacionales de investigación o de Saber Pro, por ejemplo, terminan acreditadas, sin claridad de parte de las comunidades académicas del porqué.

No ha habido forma de comprobarlo, pero no deberían descartarse las denuncias, no oficiales y difícilmente documentadas, varias de ellas hechas a El Observatorio, de supuestos casos de corrupción, compra-venta de informes de acreditación y de compensaciones extra-monetarias a pares. A toda esta lista podría adicionarse el juicio ético y profesional que habría que realizar a la conducta de algunos exconsejeros del CNA o miembros de las Salas de Conaces, que han hecho lobby, documentación o incidencia sobre los procesos de acreditación. Si bien el CESU hasta hace poco expidió un nuevo Código de Gobierno del CNA (Acuerdo 02 de 2022) y un Código de Integridad del mismo (Acuerdo 01 de 2022), para muchos esto es solamente un saludo a la bandera.

La acreditación, que nació como un proceso voluntario y temporal, ha pasado a convertirse en una exigencia cuasi-obligada y permanente. El debate sobre la Calidad pasó a segundo plano, y de paso la Autonomía Universitaria. Lo importante es hacer la tarea, llenar formatos, diligenciar evaluaciones, responder encuestas y documentar el proceso, pues eso sí puede ser medido objetivamente, más allá de -por ejemplo- debatir a fondo el real impacto de un proyecto educativo, el silencio de rectores o cuerpos colegiados de algunas IES frente a prácticas corruptas internas o el comprobado divorcio de otras con su entorno. Tampoco importa si toca agachar la cabeza frente a orientaciones ministeriales sobre Pruebas Saber, resultados de aprendizaje, evidencias y, en fin, las ideas que se ocurran a algunos asesores del ministro de turno.

Fue el propio Estado, y particularmente desde la época del presidente Juan Manuel Santos y la polémica ministra de Educación, Gina Parody, y el entonces director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, el que creó la errónea idea de que las IES no acreditadas eran “universidades de garaje”, contrariando a la propia Ley 30. Y hasta con el entonces presidente Alvaro Uribe y su ministra de Educación, Cecilia María Vélez, y en adelante con todos los ministros, se ha convertido en obsesión por parte de Mineducación mostrar como indicador de gestión, el aumento, como sea, en el porcentaje de matrícula en IES y programas acreditados. Y ni hablar del efecto “perverso” que ocasionó la hoy derogada norma del Plan de Desarrollo 2014-2018 que sólo favorecía Icetex para programas acreditados. El mensaje promovido por el Estado y columnistas -generalmente poco conocedores del tema- es que la acreditación es una obligación de supervivencia para las IES, si quieren recibir apoyos y no ser castigadas con el desprecio de la opinión por su supuesta “mala” calidad.

Con la influencia de rectores de algunas IES acreditadas, cercanos a los tomadores de decisión de política pública, la función de fomento del Ministerio se olvidó de ayudar a elevar las condiciones de las instituciones con menores presupuestos y menores ingresos, bien por pocos estudiantes, por muy bajos valores de matrícula, o por ambos, pese a que estas cumplieron los requisitos para obtener su personería jurídica y consiguientes registros calificados. Los recursos de fomento se desviaron, entonces, para impulsar bolsas concursables, consultorías y acompañamiento de parte de las IES con mejores condiciones. ¡Una paradoja!

Además, en ese entorno, más técnico – burocrático – mediático y de lobby de algunos rectores, el sistema se fue metiendo cada vez más en las formas que en el fondo, y así pasaron -por ejemplo- los cuatro años de la ministra María Victoria Angulo a punta de normas, resoluciones, notas orientadoras, decretos y acuerdos CESU, sobre los cómos y los cuándos del proceso, pero no sobre los qué, los por qué y los para qué de la acreditación (ver recuadro). Una época obsesiva en consolidar el llamado Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), que en el fondo se resume en la intención de dar unidad y orden a los procesos de registro calificado y de acreditación, y la relación de IES, pares, informes y plataformas, como el desastroso Nuevo SACES.

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A más normas, menos articulación y más confusión A partir de la Ley 1188, de 2008, por la cual se reguló el registro calificado, comenzaron a aparecer, entre otros, el Decreto 1330 de 2019, que a su vez reemplazó lo atinente a registro calificado en el Decreto 1075 de 2015.   El 1330 fue sustitutivo del Decreto 1280 de 2018, que a su vez se cayó por no haber sido previamente debidamente consultado. En julio de 2020 el Consejo Nacional de Educación Superior CESU expidió el Acuerdo 02 de ese año, por medio del cual actualizó el modelo de acreditación en alta calidad. Y con el mismo número, Acuerdo 02, pero de 2022, ajustó unos artículos de los lineamientos de 2020. Según el Ministerio, y como una forma de favorecer la comprensión normativa y procedimental, se expidieron 9 notas orientadoras relacionadas con el SAC: 1) Sobre condiciones institucionales, basada en la resolución 15224 de 2020; 2) sobre condiciones de programa, basada en la resolución 21795 de 2020; 3) sobre modalidades; 4) sobre programas de maestría y doctorado; 5) sobre cómo formular e implementar los resultados de aprendizaje; 6) sobre Internacionalización; 7) sobre una propuesta de indicadores para la internacionalización de la educación superior; 8) sobre el consenso para la normalización de las denominaciones de las especialidades médico – quirúrgicas en Colombia; y 9) sobre la modalidad dual. Además, se publicó una nota técnica sobre promoción de la calidad y la transformación de la educación superior en Colombia, y otros lineamientos para la implementación del esquema de movilidad educativa y formativa. La lista continúa con la Resolución 20600, de 2021, “Por la cual se modifica el artículo 76 de la resolución 21795 de 2020 “por la cual se establecen los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de programa reglamentadas en el decreto número 1075 de 2015, modificado por el decreto número 1330 de 2019, para la obtención, modificación y renovación del registro calificado”. Como si fuera poco, y antes de terminar el anterior gobierno, expidió, entre otros: la Directiva 02 de 2022, sobre Orientaciones para el trámite de obtención, renovación y modificación del Registro Calificado, y la Directiva 9 de 2021, de Orientaciones para la prestación del servicio público de educación superior para el año 2022. Asimismo, la Resolución 15178 de 2022 “Por la cual se reglamenta el mecanismo de oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior en zonas rurales con condiciones de difícil acceso a la educación superior”, la Resolución 14450 de 2022 “Por la cual se define la estructura y funcionamiento del banco de pares académicos del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior”.   Y todo esto sin contar las múltiples orientaciones con motivo de la pandemia, las modalidades educativas y la presencialidad o no, así como los decretos relacionados con competencias, aprendizajes previos y marco y sistema nacional de cualificaciones, además de formación para el trabajo y que terminarán incidiendo sobre los desarrollos curriculares de las IES, reformas en sus planes de estudio, registros calificados y acreditación.

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A propósito del Nuevo Saces, en la práctica detestado por la mayoría de responsables del tema en las IES (porque genera reprocesos, es confuso, nada funcional y hasta ha llevado a perder documentación de programas), el gobierno que terminó sólo dejó implementada dicha plataforma en un 34 % en lo relacionado con la agilidad en el cierre de los trámites y las notificaciones; en un 23 % de avance en la articulación de los registros de programas del área de la salud con el Ministerio de Salud y de Protección Social; y un 40 % en la gestión de bases de datos e información de pares académicos (datos tomados del último informe de la Dirección de Calidad.

Estar acreditado ya es más en un requisito que en un real orgullo. Obtener la acreditación ya no se percibe tanto en el sector como la demostración de ejercicios y de compromisos académicos paradigmáticos y ejemplarizantes, sino como el reconocimiento a las IES que, de forma juiciosa, han sabido hacer la tarea, interpretar las normas, los momentos, los formatos, la interacción con el CNA y los pares, y la debida radicación y sustentación de los ejercicios de autoevaluación y del informe de acreditación radicado ante el Consejo.

El hecho es que hoy estar acreditado no aumenta, per se, el reconocimiento de calidad, pero -eso sí- no estar acreditado sí es sinónimo de estar desacreditado.

 

Las virtudes del SNA

Claramente, hay que reconocer que gracias al SNA, cada vez son más las IES comprometidas con una mayor calidad, el mejoramiento en los procesos de investigación, extensión, pedagogía, condiciones de bienestar y de contratación docente, entre otros.

Para el académico Jairo Alfonso Téllez Mosquera, exconsejero del CNA y actual vicerrector general de la UDCA -acreditada institucionalmente-, la acreditación “mejora la imagen y la credibilidad de las IES y programas acreditados en la opinión pública y en la comunidad académica; es una herramienta para mejorar la visibilidad y la internacionalización; propicia un ambiente organizacional de calidad y excelencia educativa, y favorece la presentación de las instituciones en convocatorias públicas o privadas de investigación, extensión o desarrollo académico”.

El deseo de estar acreditado ha llevado a que hoy el país cuente con IES que hace una o dos décadas nadie imaginaría que tuvieran dicho “sello de calidad”. Esto habla bien del compromiso de las IES y del sistema de educación superior colombianos, frente al regional. Por algo el SNA y el CNA colombianos son paradigmas para Centro y Sur América.

“Una mirada crítica al desarrollo que esta política ha tenido en el país nos muestra por una parte, logros importantes sobre todo en la creación de una cultura de la evaluación en las instituciones; disponer de un mercado educativo con mayor información que antes, apoyado en un Sistema de Información (SNIES) más o menos robusto; y disponer de un catálogo de indicadores que ha servido de orientador acerca de las carencias que tienen algunas instituciones para acceder a la acreditación de alta calidad; amén de la valoración de la sociedad en general del valor que esta iniciativa puede tener para contar con unos usuarios mejor informados de las ofertas educativas”, señala Luis Enrique Orozco, profesor de la Universidad de Los Andes y uno de los pioneros del desarrollo conceptual del modelo del SNA colombiano.

El SNA también ha ayudado a elevar los mínimos de calidad, pues la evolución de los documentos y lineamientos de acreditación han terminado por jalonar los criterios del registro calificado, y todo eso es positivo para la dinámica del sistema. En palabras de la rectora de la acreditada Universidad Piloto de Colombia, Angela Bernal Medina, esto ayudó a la “armonización de objetivos y estrategias del registro calificado y la acreditación, promoviendo así el avance sistemático y coordinado de los esfuerzos de sus actores, y que contribuyen al desarrollo de la educación superior”. Ella también indica cómo gracias al sistema, las IES acreditadas han podido dar una mejor respuesta a sus egresados en el medio laboral y han hecho ejercicios reflexivos de mejora e innovación. “Y esto, sin ningún costo para las IES de parte del CNA”.

Muchos consideran que el sistema ha ayudado a orientar los esfuerzos hacia el aprendizaje y favorece la orientación de recursos. En palabras del vicerrector académico de una de las más grandes instituciones universitarias en número de estudiantes y programas, aún no acreditada, y quien también pidió reserva de su nombre, “el sistema es robusto en su normatividad y denota integridad y coherencia en todos los elementos que lo componen; refleja pertinencia con la realidad global en materia de aseguramiento y es consistente con las novedades que ha planteado el Decreto 1330”.

 

Los consultados que opinaron

Jairo Alfonso  Téllez Mosquera	Luis Enrique Orozco Silva	Angela Bernal Medina	Efrén Barrera Restrepo	Personas que pidieron que su nombre no se hiciera público (*)

(*) Vicerrector académico IES no acreditada, Vicerrector académico IES acreditada del occidente del país, Equipo de directivos de IES de Bogotá, Experto técnico en acreditación de una IES antioqueña, Académico que ha participado en el CESU,  Directora de autoevaluación de Universidad acreditada, y veterano “productor de documentos para el CNA”

¿Más forma que fondo?

Una de las actividades profesionales que más ha crecido en los últimos años en las IES se relaciona con los procesos de autoevaluación, calidad y acreditación. Más allá de la reflexión sobre la calidad, del compromiso social y de los proyectos educativos, estos profesionales cualificados en la técnica de acreditación se especializan en diseñar instrumentos, aplicar encuestas, preparar informes, adaptar documentos, interactuar con el Ministerio y el CNA, tener contactos y buenas relaciones en esas entidades y, sobre todo, entender y no enredarse frente a las variadas y permanentes normas.

“Si bien la articulación del sistema para registro calificado como para acreditación implicó un avance para el sistema de calidad colombiano; se siente improvisación en las IES debido a los nuevos ajustes a la normatividad, por la continua expedición de las normas”, señala el vicerrector académico de una importante universidad privada del Occidente del país, quien también pidió no ser nombrado.

Porque pese al intento de unificar procesos, hay que reconocer que, aunque se denomine Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que pretende articular el decreto 1330 y el acuerdo 02 del CESU, en la práctica no hay un sistema, señala la exrectora consultada.

La realidad, por lo menos es un común denominador entre todos los consultados, es que todo lo que tiene que ver con acreditación, registro y, en general el SAC, es un maremágnum normativo y documental. Pese a la buena intención, los beneficios no son del todo tangibles para las IES.

Muchos consideran que la acreditación tiene que ser coherente con lo que se pide a las IES, y que debe asegurársele a la sociedad y al sistema un seguimiento a programas e IES acreditados para que “mantengan las condiciones de calidad no solo para las visitas, sino para todos los procesos”, concluye un análisis que al respecto de lo consultado por El Observatorio hizo la directiva de otra universidad pública en Bogotá, reunida con su equipo (que también pidieron el anonimato).

Tras dos años de haber sido aprobado el Acuerdo 02 del CESU, el sistema no termina de asimilarlo. Ninguna IES ha sido evaluada bajo ese modelo que, sin probarse, ha generado quejas, críticas y ajustes.

Son muchas las preguntas, procedimientos y complejidades que hay en el sector en torno de la forma, los tiempos, actores, procesos y alcances de la acreditación.

Un ejemplo de dicha improvisación, confirma el vicerrector de la IES del Occidente del país, es que “recientemente, se mencionó una nueva actualización relacionada con el acuerdo 02 de 2020, que implicará ajustes para todas las instituciones. Está improvisación ocasionó que jerárquicamente las salas de Conaces quedarán subordinadas al CNA en temas como renovación de registros calificados de programas acreditados de alta calidad. La pregunta sería si el CNA tiene la facultad para autorizar una modificación del registro calificado. Tal como lo menciona la norma y es el CNA quien notifica a Conaces y sus salas dichas modificaciones, entonces surge la pregunta de si ¿será que si se debe realizar así o es capricho normativo? y ¿quiénes tienen las competencias para autorizar una modificación curricular?. Por ahora lo que hacen las instituciones es no modificar curricularmente sus programas lo que implica que se tengan planes de estudios de hace 15 años sin que se hayan analizado y/o actualizado por temor a perder la acreditación. Esperamos que en la nueva actualización de la norma sí haya una participación clara de todos los actores y no solo a manera de información tal como lo hizo el gobierno que acabó de salir”.

Y no sólo lo dice él. “El propio modelo Cesu 02 representa un berenjenal para el CNA, pues no fue concertado ni discutido y hoy no saben qué hacer con IES que apuntan a hacer presencia en municipios diferentes a las 23 principales (de 1122) que usa el Dane para su trabajo estadístico”, señala uno de los expertos técnicos en acreditación consultado de una IES antioqueña, y quien no quiso que se diera su nombre.

A propósito, lea: En acreditación multicampus, no cuadra categorización de municipios CNA con norma del Gobierno

Preguntado sobre el tema, un directivo académico de otra importante universidad regional, acreditada, que ha participado en el CESU, comparte una serie de dudas en las que tanto él como algunos otros miembros del propio Consejo Nacional de Educación Superior, y gestores de la normatividad reciente sobre el SNA, han coincidido. Por ejemplo, sugieren, entre otros, que el SNA debe mejorar en:

• Crear la posibilidad de acreditar los programas de maestría en el área de la salud, pues actualmente solo se consideran acreditables las especializaciones médico quirúrgicas, que se homologan como maestrías.
• Permitir que sea el CNA, y no Conaces, el que valide los cambios que haga un programa acreditado en vigencia de su acreditación.
• Dar claridad sobre la situación e impacto en la acreditación de IES que desarrollen programas académicos bajo las directrices contempladas en la Resolución 015178 de agosto 02 de 2022 relacionada con la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior en zonas rulares con condiciones de difícil acceso a la educación superior.
• Garantizarle al CNA independencia en su actuar, tanto frente al CESU como frente al Ministerio. Al respecto, Téllez Mosquera propone que, para alcanzar dicha independencia, el Consejo pase a ser parte de la estructura orgánica del ICFES, en virtud de su tarea afín de evaluar la calidad. Incluso, sugiere darle más autonomía a las IES acreditadas para su actuar, de tal forma que desaparezca CONACES en la forma como hoy funciona.
• Dar la seguridad de que las decisiones del CNA sobre el otorgamiento o no de una acreditación Institucional o de un programa académico, se conviertan en vinculantes para el Ministerio de Educación, que actualmente podría hacerlo.
• Clarificar, en el Acuerdo 02 de 2020, el concepto de “incumplimiento de las normas de educación superior” de parte de los miembros de las comunidades académicas y evitar que conductas personales acarreen problemas a las IES.

No obstante su valoración positiva del Sistema, el mismo vicerrector académico de la IES del Occidente reconoce que “su apoyo en la plataforma para la gestión con las IES no refleja ese mismo nivel de calidad técnica”, y para ello indica que el mismo no está actualizada con los nuevos lineamientos del CNA y Acuerdo 02 del CESU y sigue organizado bajo lineamientos de 2013, generando confusión para radicar nuevos procesos de acreditación.

Asimismo, confirma que la plataforma no deja avanzar entre sus pestañas para cargar la información, no se actualiza a tiempo para conocer los estados de los procesos radicados o en trámite, no refleja los Pares (los cuales llegan notificados por correo) y, en últimas, se restringe al cargue de documentos, pero no a la gestión integral de cada proceso. Además, concluye, los tiempos dentro de los trámites se dilatan y esto afecta a las dinámicas de las IES en sus planes de desarrollo. “Lo mejor que podría hacer el nuevo gobierno, y se ganaría el aplauso de las instituciones, es regresar al Saces anterior”, dice la directora de autoevaluación de otra Universidad acreditada.

 

Sin salir del bosque

Para efectos de resoluciones y de impacto mediático, al sector parece importarle muy poco (salvo para los expertos en la minucia del proceso), con cuál de los modelos o condiciones se buscó y logró la acreditación cada IES.

La acreditación dejó de ser, como inicialmente se pensó, un proyecto institucional y pasó a ser tarea de una oficina de las IES… “Y así murió la calidad. La burocratizaron. Creen que ese asunto es de una oficina cuando es de la cultura organizacional”, señala Efrén Barrera Restrepo, exdirectivo de la Universidad de Antioquia y exrector del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, experto en procesos de planificación y de calidad. Ida similar dice el otro experto técnico de la IES paisa arriba mencionado: “Es necesario elaborar una cruzada en la que se deje en claro que la autoevaluación no se contrata, no la hace un externo y que los responsables son las directivas de turno”.

Los profesionales de acreditación también han comenzado a asumir el rol de estrategas. Más allá de impulsar la Calidad, su reto está en definir caminos para documentar procesos y aplicar normas. Por ejemplo, en qué momento radicar papeles y bajo qué lineamientos, y a qué darle prioridad, si a la acreditación institucional o la de programas, o si impulsar la acreditación de una sede o la multicampus, pues esto incide a la hora de lograr la anhelada resolución que diga que la IES está acreditada… mientras que los detalles (años, sedes, programas, recomendaciones…) pasan a segundo plano, frente a la propia comunidad académica y a la opinión pública.

Dada la flexibilidad de la norma, muchas IES han lograron avanzar en sus procesos de acreditación institucional con muy pocos programas académicos acreditados (en algunas no supera el 20 %). Al fin y al cabo, “vende” más para efectos de relacionamiento, medios de comunicación y posicionamiento sectorial la acreditación institucional que la de programas. Esto explica, en parte, cómo mientras hace unos cinco años los pregrados acreditados se acercaban al 20 % y las IES acreditadas en el orden del 13 al 14 %, hoy los programas acreditados bajaron al 13 %, y las IES acreditadas subieron casi hasta el 30 %.

 

Preguntas sin respuesta

Desde su génesis, han sido muy diversos los cuestionamientos a SNA, y que a la fecha no han tenido una respuesta precisa, y han terminado justificándose en el silencio del CNA, del CESU y del Ministerio. Algunos de estos son:

• ¿La “alta calidad” en educación superior responde únicamente al cumplimiento de los lineamientos de acreditación?
• ¿Cuál debe ser el “techo” en número de programas o IES que deben tener acreditación?
• ¿La exigencia para cumplir los lineamientos a gusto del CNA no cruza la frontera de la autonomía universitaria?
• ¿Es ideal, para los fines meritocráticos y ejemplarizantes, un sistema de acreditación en el que la gran mayoría de universidades ya se encuentran acreditadas institucionalmente?
• ¿Es así de buena la calidad del sistema o, por el contrario, es un sistema que se niveló por lo bajo?
• ¿No es de alta calidad un programa en una IES acreditada institucionalmente?
• ¿Por qué el proceso no se mete con temas como los de demandas laborales, impactos ambientales, líos penales, litigios de tierras y pugnas entre directivos, entre otros aspectos?
• ¿Cómo entender que haya conceptos encontrados sobre un mismo proceso de calidad entre el CNA y Conaces?
• ¿Por qué el proceso pasa por alto la necesaria evaluación de la relación oferta-demanda, costos de matrícula, reinversión de excedentes operacionales y hasta análisis comparativa del salario de los docentes frente a sus compañeros de otras IES, entre otros?
• ¿Por qué se designan como pares académicos a profesionales de áreas de conocimiento diferentes a las de los propios programas a evaluar, y cómo es que muchas IES los aceptan?

Estas son cuestiones técnicas de discusión sectorial, que la sociedad en general y las redes no entienden, y poco les interesa, pero que determinan la propia Calidad del SNA.

En cambio, cómo explicarle a la opinión pública que en Colombia se acredita o re-acredita a IES que, por ejemplo:

• Entregan títulos profesionales a reconocidas personas que no cumplen los requisitos para ello, violando explícitamente normas de la educación superior.
• Tienen un declarado déficit financiero que les impide asegurar condiciones ideales de contratación, mantenimiento, bienestar y subsistencia.
• Presentan inestabilidad en el entorno académico por la inacción, indecisión, miedo, paros y hasta presiones, a veces de carácter terrorista, de grupos internos.
• No tienen asegurada la gobernabilidad y desarrollan sus procesos de autoevaluación y acreditación con permanentes rectores en encargo y alta rotación del cuerpo directivo.
• Que la acreditación no ha permitido medir realmente el impacto de la formación en el desempeño laboral y la relación academia y sector productivo.
• Tras la acreditación, retiran a profesionales -muchos de ellos con doctorado-, congelan salarios y aumentan la carga de clases de los docentes.
• Cuentan con muy pocos programas académicos acreditados con respecto a la totalidad de la oferta acreditable.
• Aparecen constantemente involucradas en escándalos de contratación pública.

 

La peligrosa solidaridad gremial

También, para la opinión pública, es importante recordar que la acreditación es producto de la evaluación que hacen de los programas y de las IES académicos, investigadores y directivos, denominados pares, que trabajan en otras IES, y que sus informes son ponderados y analizados por miembros del CNA, que a su vez tienen vínculos con IES y que han llegado allí porque el CESU los ha elegido (en el CESU hay rectores y académicos de IES que también tienen directo interés en la acreditación. A manera de contexto, pregúntese cuántas IES han obtenido su acreditación mientras su rector logró asiento como representante en el CESU).

Es decir, la acreditación es un ejercicio entre los mismos académicos, y entre estos hay una solidaridad gremial que “suaviza” la evaluación crítica de programas e IES. Son amigos, jefes, exjefes, colegas de profesión o de trabajo y posibles patronos posteriores de los pares académicos. Hay pares, consejeros y exconsejeros muy amigos de los rectores y directivos de las IES que evalúan, con los que han compartido causas pretéritas en otras IES, puestos en juntas y asociaciones educativas, y hasta de cercanía familiar en algunos casos.

“La figura de la puerta giratoria es frecuente– dice un responsable de estos procesos de calidad en una prestigiosa universidad pública, quien para evitar conflictos con sus jefes prefiere no dar su nombre-; esto es, pasar de trabajar en uno de los entes reguladores para vincularse en la IES regulada. Al fin y al cabo, un funcionario de estos sabe que su campo laboral futuro estará signado por los favorecimientos a sus potenciales empleadores”.

En un ambiente de cortesía profesional, de respeto al trabajo de los demás y de los vínculos mencionados, es difícil que, salvo se den hechos precisos y objetivos, un par académico o los consejeros del CNA objeten un programa o la explicación de la IES que se postula al proceso; pese a que, como dice un veterano “productor de documentos para el CNA”, “la probabilidad de mentir en estos procesos es alta y el costo de verificar adecuadamente el asunto también”. Además, porque entre la autonomía universitaria, la duda académica en torno de la búsqueda la verdad, la correspondiente argumentación y el imperativo de “ponerse en los zapatos” de la IES y evaluarla en su contexto, es claro que las acciones se inclinan más a favorecer el reconocimiento de acreditación que a negarla.

“Las IES son timoratas frente a las disposiciones y las agremiaciones siguen la misma política de ¨hacernos pacito¨”, dice el experto en producir documentos para el Ministerio y el CNA, y así lo confirma El Observatorio de la Universidad Colombiana tras entrevistas con múltiples rectores y directivos.

Y eso que pese a la complejidad y multiplicidad de actores que intervienen en el SNA, este no tiene como tal un doliente expreso:

• El Ministerio de Educación se escuda en que respeta la autonomía del CNA, aunque el Consejo (que nunca lo dice públicamente) sí se siente con las manos atadas administrativa y financieramente por el Ministerio;
• CONACES no tiene una identidad clara, es voluminoso en integrantes y en el propio Viceministerio de Educación Superior no se atreven a cuestionar sus actuaciones (con muchas polémicas por sus decisiones y ética), cuando no son los integrantes de Conaces los que se ven amarrados por el estilo particular de algunos coordinadores de sala (que son funcionarios del Ministerio);
• los Consejeros del CNA son temporales, y aunque duran cinco años, en ese tiempo se rotan la coordinación y a veces no pueden desligarse de ciertos vínculos con IES;
• la mayoría de consejeros del CESU son juez y parte en el proceso (deben definir las políticas así como los miembros del CNA que juzgarán a sus propias instituciones);
• las IES más débiles difícilmente pueden contar con un consejero en el CNA y en el CESU que piense en ellas; y,
• hay académicos expertos en cambiar de sombrero: Hoy son directivos que aspiran al CESU, mañana se postulan a CONACES y pasado mañana saltan al CNA; es decir, viven del Sistema, pero no de la Calidad del mismo.

Una forma de evitar apreciaciones subjetivas muy laxas, suaves y condescendientes de los pares académicos, se ha propuesto -no de ahora, sino de mucho tiempo atrás, pero sin éxito- es que la acreditación sea direccionada por un organismo de tercera parte o por profesionales académicos totalmente independientes; es decir, ajenos a los actores directos del SNA, como agencias acreditadoras independientes, pero este es un debate que en Colombia ni siquiera se ha pensado en dar, porque la sola idea se desecha de entrada. La recomendación la han hecho organismos internacionales, pero parece que nadie la ha escuchado.

Ante la pregunta de cuáles pueden ser las oportunidades del SNA, la exrectora que respondió tras una consulta con su equipo de académicos, coincidió en que la acreditación tiene que ser coherente con lo que se pide a las IES, para que se asegure a la sociedad y al sistema que se dé un seguimiento a programas e IES acreditados, para que estos “mantengan las condiciones de calidad no solo para las visitas, sino para todos los procesos”.

En últimas, señala esta exrectora, hay que reconocer que, aunque se denomine Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que pretende articular el decreto 1330 y el acuerdo 02 del CESU, en la práctica no hay un sistema. Dicho sistema, para la rectora Bernal Medina, debe ser aquel “en el que el estudiante sea el centro del aprendizaje continuo”.

 

Ir más allá de la norma y del proceso. Repensar la Universidad

En la génesis del SNA, a mediados de los años 90, Luis Enrique Orozco fue determinante en el diseño del modelo, a partir del concepto clásico de la Universidad, de sus funciones y responsabilidades, y dese entonces dichas premisas estructuraron y perfilaron el concepto de calidad y el consiguiente modelo de acreditación.

Pero, lo reconoce el propio Orozco, la realidad de la universidad de hoy es muy distinta de la de hace casi tres décadas, y eso implica considerar ir más allá de simples ajustes al SNA y a alguno de sus componentes. De lo que se trata -dice, es de resignificar su naturaleza, estructura y organización en el marco de una política de fomento.

Orozco invita a mirar el tema desde otra óptica. Según él “se trata de reconocer:

• que el escenario en que operan las IES ha cambiado;
• que existen hoy nuevas formas de producción del conocimiento que ponen en tela de juicio la gestión del conocimiento que hacen las instituciones;
• que el conocimiento se ha convertido en fuerza productiva, generadora de la riqueza de las naciones y ello genera cuestionamiento sobre el tipo de investigación que se hace en el sector académico y su aislamiento respecto de las organizaciones que hacen buena investigación por fuera de la academia;
• que existen nuevas demandas sociales a las instituciones universitarias que las obliga a no ser auto-referenciales, sino organizaciones, abiertas, flexibles y que asumen el cambio como su tarea;
• que el desarrollo de las disciplinas académicas, en su grado de desarrollo actual, se articulan entre sí cada vez con más fuerza y valor agregado, lo que obliga a trascender procesos de formación anclados a estructuras curriculares unidisciplinarias en beneficio de la inter y transdiciplinariedad;
• que la investigación funciona a través de grupos de investigación que operan en redes;
• que la utilidad del conocimiento y su distribución y grado de aplicación es una exigencia tal que condiciona la financiación de la misma; y
• que la dinámica de los mercados ha permitido el surgimiento de nuevas profesiones, lo cual cuestiona la pertinencia de la oferta tradicional centrada en el dominio de un campo disciplinario particular, por parte del estudiante”.

Porque, continúa Orozco, “el concepto de universidad clásico, en la actualidad, no dispone de las condiciones materiales de su reproducción”, y eso conlleva a un “urgente esfuerzo de reflexión sobre el perfil de la Universidad necesaria con visión de futuro, con agallas y el mejor conocimiento disponible. Porque deberá evitarse que sea un modelo homogeneizador de la oferta educativa y del quehacer de las instituciones”, y porque “el modelo debe considerar la presencia de nuevos agentes en la formación de la población para toda la vida: el SENA y la modalidad de Formación para el Desarrollo y el Trabajo Humano, de modo diferenciado, complementario y según grados de complejidad de la oferta educativa que ofrecen las instituciones en cada modalidad”.

Todo esto lleva a concluir, según el académico que debe darse “un replanteamiento del marco normativo de la educación superior bajo la denominación ya conocida de Sistema de Educación Terciaria”.

Clic para conocer el análisis completo de Oroz: Un llamado a resignificar el Sistema de Acreditación

 

Para que el SNA recupere su brillo

En general, directivos y académicos coinciden en que el modelo de acreditación colombiano tiene más elementos positivos que negativos y, sobre todo, que su espíritu de alta calidad debe recuperarse. El modelo y los procesos deben desmarcarse del excesivo reglamentarismo y debe primar, más allá de los formatos, los indicadores, las evidencias o afines, la demostración de que, tanto programas como IES, efectivamente van más allá de “hacer la tarea” y que realmente son verdaderos referentes disciplinares, institucionales y de buenas prácticas en educación superior.

Para lograr ello,

• Deben existir más filtros analíticos para ponderar la verdadera alta calidad, sin que estos se traduzca en más normas, procesos, acuerdos, resoluciones o similares;
• Debe actuarse rigurosamente frente al real conflicto de intereses entre pares, consejeros e IES y evitar la curiosa coincidencia entre el aumento de acreditaciones de IES y de programas de ciertas zonas del país según el periodo y representación de los consejeros de turno, tanto del CESU como del CNA, CONACES y de ciertos rectores y pares;
• Debe garantizarse que haya una representación realmente plural y nacional del ecosistema de educación superior entre los consejeros que se elijan (más allá de sus afinidades con los consejeros del CESU);
• Deben fomentarse rigurosas revisiones de los informes de parte de las propias IES así como de terceros (metaevaluaciones, auditorías y estudios sobre el proceso, sus costos y eficiencias, sus riesgos y mejoras para el país);
• Debe implementarse la doble instancia en los procesos de acreditación y no dejar todo el proceso a la única decisión de la sala plena del CNA (como lo sugiere Téllez en su escrito Soles y sombras del Sistema Nacional de Acreditación);
  
• Deben mejorarse los tiempos, la armonización de instrumentos y las capacitaciones a las IES sobre los procesos y la normatividad;
• Debe hacerse realidad el espíritu de la norma de reconocer la diversidad, naturaleza, vocación y tipologías de las IES, para que esto deje de ser una mentira en la práctica;
• Debe descubrirse el manto de misterio que rodea el proceso, con descontrolados tiempos desde el momento de la radicación de informes, las visitas del CNA y las resoluciones o negaciones; y,
• Debe permitirse que sea el propio sistema, las IES afines y la sociedad en general los que puedan opinar sobre los aspectos destacados y oportunidades de mejora de cada IES, entre otros aspectos.

Porque “la responsabilidad de las IES y sus comunidades académicas es evidente, no solo por el deber de dar continuidad al cumplimiento de sus labores formativas, académicas, científicas, culturales y de proyección social, con estándares de calidad, sino por la obligación de generar propuestas y reflexiones acerca del modelo de desarrollo, la inequidad económica y social, el deterioro ecológico del planeta, entre otros temas cruciales para lograr equidad y justicia social”, concluye la rectora de la U. Piloto.

La acreditación es un patrimonio del sistema de educación superior colombiano que se ha desvalorizado porque, precisamente, se ha dejado en manos de algunos funcionarios, pares y rectores y no de quienes realmente deben disfrutarla y reconocer su calidad: las comunidades académicas y la sociedad en general.