El Observatorio de la Universidad Colombiana




Univalle actuó bien al sancionar estudiante que divulgó historia de un paciente

Dic 10/20 Un estudiante de medicina de Univalle fue expulsado al publicar la historia clínica de un compañero, con motivos de burla.
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La Corte Constitucional recuerda los presupuestos y etapas que deben contemplar las IES para ejercer su facultad sancionatoria.
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A través de un reciente fallo de tutela, la Corte Constitucional, mediante respuesta a sentencia de tutela 265 de 2020, advirtió que los estudiantes están en la obligación de respetar los derechos de la comunidad educativa a la que pertenecen, de lo contrario tendrían que asumir las consecuencias de sus conductas, que pueden implicar incluso la expulsión.
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La Corte Constitucional analizó una tutela que presentó un estudiante de medicina contra el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle y la Universidad del Valle, por haber sido expulsado de la institución educativa sin que supuestamente mediara un trámite disciplinario en el que se hubiera garantizado su debido proceso.
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La institución universitaria adoptó dicha decisión al encontrarlo responsable de divulgar en una red social información reservada de la historia clínica de un compañero de su facultad, que en el 2017 estuvo internado durante varios meses en el Hospital Psiquiátrico del Valle, mientras el accionante cursaba su rotación.
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En una acción respaldada por la Corte, Univalle garantizó el derecho al debido proceso del accionante, pues éste contó con un abogado, le notificaron todas las actuaciones del proceso, fue oído y tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas. Así, la Universidad logró demostrar que el entonces estudiante en rotación divulgó información privada contenida en la historia clínica de otro alumno y la utilizó para acosar al paciente.
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Los mensajes divulgados a través de la red social Whatsapp reproducían información textual que hacía parte de la historia clínica del compañero. Se trataba de datos sobre la salud mental del paciente, su orientación sexual diversa y conflictos personales religiosos.
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Al momento en el que el hospital se enteró de lo que circulaba en redes suspendió al estudiante de sus prácticas y puso en conocimiento de lo ocurrido a la institución educativa que realizó una investigación disciplinaria y decidió expulsarlo por la falta gravísima cometida.
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Al analizar las pruebas del proceso, el alto tribunal determinó que la Universidad del Valle garantizó el derecho de defensa del estudiante en todas las etapas del trámite, mientras que su defensa se centró en negar todos los hechos que se le endilgaban sin controvertir las pruebas sobre lo ocurrido, mediante las cuales la universidad razonablemente concluyó que había incurrido en una falta gravísima prevista por el reglamento.
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La Corte también se pronunció sobre la violación de los derechos del compañero, titular de los datos publicados. Con referencia a este punto, indicó que el accionante “violó el derecho a la intimidad de su compañero de estudio, pues los datos divulgados estaban relacionas con su esfera más íntima. Tenían que ver con su orientación sexual, la percepción de su propia imagen, sus pensamientos, emociones, sus creencias religiosas y conflictos existenciales más profundos. Además, el tono de los mensajes evidenciaba el ánimo de ridiculizar, sin ninguna consideración por la naturaleza de la información a la que tuvo acceso”.
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Asimismo, la Corte Constitucional recordó que la circulación indebida de datos contenidos en la historia clínica de una persona para fines distintos a los médicos sin autorización del titular, viola la reserva del dato y el derecho a la intimidad del paciente.
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La Corte llamó la atención al accionante sobre la gravedad de la conducta cometida. Con su actuación violó los derechos fundamentales a la intimidad, a la libertad de conciencia, a la libertad de cultos y a la igualdad de un compañero y paciente. 
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El alto tribunal revocó la decisión adoptada por el Juzgado 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Cali. En su lugar, negó el amparo solicitado.
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Según el fallo “las obligaciones disciplinarias fijadas en los reglamentos de instituciones educativas tienen como finalidad la convivencia pacífica en la comunidad educativa. En particular, las universidades tienen la obligación de garantizar los derechos de sus estudiantes y, en esa medida, de proscribir y sancionar conductas que atentan contra los integrantes de la comunidad. Un comportamiento que transgrede los derechos a la igualdad, al buen nombre, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, a la integridad física y a la dignidad, es el acoso escolar”.
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Presupuestos básicos que deben respetar las IES para sancionar
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(i) La institución debe tener un reglamento, vinculante para toda la comunidad educativa y éste debe ser compatible la Constitución y, en especial, garantizar los derechos fundamentales.
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(ii) En dicho reglamento se deben describir los hechos o conductas sancionables.
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(iii) Las sanciones no pueden aplicarse de manera retroactiva.
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(iv) La persona debe contar con garantías procesales adecuadas para su defensa, con anterioridad a la imposición de la sanción.
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(v) La sanción debe corresponder a la naturaleza de la falta cometida, de tal manera que no se sancione disciplinariamente lo que no ha sido previsto como falta disciplinaria (una falta exclusivamente disciplinaria no podría dar lugar a una sanción típicamente académica o administrativa).
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(vi) La sanción debe ser proporcional a la gravedad de la falta.
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Etapas que debe cumplir un proceso sancionatorio
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(i) La comunicación formal de la apertura del proceso disciplinario a la persona a quien se imputan las conductas susceptibles de sanción.
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(ii) La formulación verbal o escrita de los cargos imputados, en las que conste de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias (con la indicación de las normas reglamentarias que consagran las faltas) y la calificación provisional del comportamiento.
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(iii) El traslado al imputado de todas y cada una de las pruebas que fundamentan los cargos formulados.
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(iv) La indicación del término con que cuenta el acusado para formular sus descargos (de manera oral o escrita), controvertir las pruebas allegadas en su contra y aportar las que considere pertinentes.
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(v) El pronunciamiento definitivo de las autoridades competentes mediante un acto motivado y congruente.
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(vi) La imposición de una sanción proporcional a los hechos que la motivaron.
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(vii) La posibilidad de que el acusado controvierta, mediante los recursos pertinentes, todas y cada una de las decisiones de las autoridades competentes.
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Adaptación de la sentencia de la Corte y de Redjurista
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