El Observatorio de la Universidad Colombiana




¿… y como cuándo Mineducación pensará aplicar la 1740 en la UPC?

Dic 11/20 En la U. Popular del Cesar no hay gobernabilidad, ni tranquilidad académica. Tiene, al tiempo, dos rectores encargados, suficientes motivos para que Mineducación intervenga.

El Ministerio hasta ahora ha informado de la apertura de investigaciones, mientras que los grados están en veremos, la nómina del próximo año y decisiones estratégicas no se toman y el Consejo Superior está investigado e incompleto.

La situación no da espera. El SUE y ASCUN deberían buscar los buenos oficios y el Ministerio debe hacer cumplir, entre otros, los objetivos de la inspección y vigilancia, contemplados en la Ley 1740 de 2.014, que enumera:

1. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la prestación o administración del servicio público de educación por parte de las instituciones de educación superior.   

2. El cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las instituciones de educación superior y del régimen legal especial, si lo hubiere. 

3. La prestación continua de un servicio educativo con calidad. 

Vale recordar, también, que para ello el Ministerio puede y debe ejercer la vigilancia, que contempla acciones como:

  • Practicar visitas generales o específicas y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsanen las irregularidades que se detecten. 
  • Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las instituciones vigiladas, por parte de quienes acrediten un interés jurídico, llevando a cabo las investigaciones que sean necesarias, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas o académicas del caso o adoptar las medidas que resulten pertinentes. Cuando se trate de asuntos contenciosos, dará traslado de las mismas a las autoridades competentes, si a ello hubiere lugar.

  • Verificar que las actividades se desarrollen dentro de la ley, los reglamentos y los estatutos de la IES  y solicitar la cesación de las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico o a los estatutos. 

  • Solicitar la rendición detallada de informes respecto de las decisiones adoptadas en temas relativos a su situación jurídica, contable, financiera y administrativa, o en aspectos relacionados con las condiciones de calidad establecidas en la normatividad vigente. 

  • Hacer acompañamiento a la institución de educación superior, para la implementación de medidas encaminadas al restablecimiento de la continuidad del servicio o el mejoramiento de su calidad. 

  • Conminar bajo el apremio de multas sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a representantes legales, rectores o a los miembros de los órganos de dirección para que se abstengan de realizar actos contrarios a la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos, o de invertir y destinar recursos por fuera de la misión y de los fines de la institución de educación superior. 

La incertidumbre reina en la UPC

La siguiente es la radiogradía de lo que pasa, a la fecha, desrita por el diario El Pilón:

Por estos días en la Universidad Popular del Cesar, UPC, de lo que menos se habla es de academia; al interior del alma mater los contratistas y funcionarios están a la espera que se defina la situación que los tiene contra la espada y la pared, al obedecer a dos rectores, Raúl Gutiérrez Maya, quien cuenta con el aval del Ministerio de Educación y fue encargado luego de la salida de Darling Guevara, y José Rafael Sierra, designado por el Consejo Superior Universitario.

Mientras Raúl Gutiérrez atiende temas desde su oficina personal, la silla de la rectoría la ocupa José Sierra; ambos cumplen funciones de rector, hasta donde la puja por el poder se los permite.

Luego de un presunto sabotaje al sistema informático de la institución que ocasionó demora en el pago a la planta de personal, el rector designado por el Consejo Superior Universitario firmó las resoluciones de pago, lo que podría acarrear responsabilidades penales al no ser reconocida la elección.

Esto denotaría que José Sierra cumple algunas funciones de rector, pese a que la personería jurídica de la universidad la ostenta Raúl Gutiérrez. Hasta el momento cursa una tutela en contra del Consejo Superior Universitario radicada por un egresado ante el juzgado segundo promiscuo de Maicao, La Guajira, que en primera instancia suspendió la elección de José Sierra por presuntamente violar el debido proceso, además solicitó suspender todos los actos administrativos sucedidos tras el nombramiento. Dicha decisión fue cuestionada por el historial del juez que tomó la decisión.

Por  otra parte, la Oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación abrió una investigación en contra de los consejeros y todas las personas que participaron de la elección de Sierra.

¿Cuál será la salida?

Ahora solo se espera que la puja política y burocrática al interior de la UPC se defina por decisión administrativa o por fallo judicial; situación que está en manos del Consejo Superior en pleno, tras la convocatoria de la ministra de Educación, María Victoria Angulo o de un delegado de presidencia de la República, para que mediante una actuación administrativa se revoque o se afirme la segunda elección; otra salida es que Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación  tome la decisión de destituir a las personas que eligieron a Sierra de hallarse responsables, o que, al contrario,  los exonere.

Cabe recordar que José Rafael Sierra fue elegido por tres integrantes del CSU que presuntamente no cumplieron con los tres días de anticipación para convocar la sesión, no reunieron a cuatro miembros y no tuvieron en cuenta que la convocatoria a sesión extraordinaria debía hacerse desde presidencia, por eso, presuntamente violaron los artículos 25 y 32 del reglamento interno del Consejo Superior.

Ante el Ministerio de Educación, Raúl Gutiérrez es el representante legal y es quien debe responder por la UPC, quien también podría enfrentar líos judiciales por no cumplir sus funciones y por permitir que se hayan realizado pagos firmados por un segundo rector, según señalaron profesionales de la universidad.

En conclusión, además de afectar la calidad educativa y los procesos administrativos, esta disputa legal por el control de la Rectoría de la UPC podría traer problemas judiciales para los administrativos que estén infringiendo las normas. Aún se debe esperar que la ley determine quiénes tienen la razón y quiénes son responsables de actos ilegales  o merecedores de sanciones disciplinarias.

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