Abril 7/26 Finalmente el Consejo Superior pudo sesionar en este municipio cesarense para aprobar la creación de la Seccional, con el pleno respaldo del Gobierno Nacional, que aportará recursos, y el voto de la polémica Juliana Guerrero.
Con 6 votos a favor, el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (foto) aprobó la creación de la sede de la Universidad Popular del Cesar en La Jagua de Ibirico, proyectada para atender unos 1.200 estudiantes.
Para ello, el Gobierno Nacional donó a la Universidad un lote de cuatro hectáreas avaluado en $4.500 millones de pesos a través de la Agencia Nacional de Minería. Además, la construcción de la primera fase de la obra ya se encuentra asegurada y será ejecutada por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas con una inversión de $14.000 millones.
La nueva sede se construirá en un área de 40.000 m², con un sistema constructivo modular metálico, con un plazo de ejecución de seis meses para la primera fase.
Se proyecta que entre en operación el primer semestre del próximo año.
Adicionalmente, el ministro de Educación Daniel Rojas Medellín comprometió $40.000 millones en vigencias futuras para financiar la segunda fase del proyecto, consolidando así la apuesta del gobierno nacional por la educación superior pública en el departamento.
“Gracias, presidente Gustavo Petro. Esta decisión representa una oportunidad para la comunidad upecista y para los jóvenes cesarenses, especialmente del Corredor de La Vida, quienes podrán acceder a nuevas opciones de formación profesional sin tener que desplazarse a otras ciudades”, resaltó el saliente rector Rober Romero.
Polémica por participación de Juliana Guerrero
Juliana Guerrero es, desde hace un año, la designada del presidente Petro en el Consejo Superior de la UPC, a donde llegó luego de desempeñarse como jefa de gabinete del ministro del Interior, Armando Benedetti.
Su presencia en la UPC ha sido muy criticada y fue recibida con gritos y rechiflas de parte de los estudiantes durante la sesión pública del Consejo Superior.
Por un lado se le cuestiona por el escándalo por su irregular titulación profesional en la Fundación de Educación Superior San José, de la que se habría graduado como contadora sin haber asistido a clases ni presentar la prueba Saber Pro.
Eso está siendo investigado por las autoridades y ha evolucionado al punto que la San José anuló su título y la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y uso de documento falso.
Esta situación por sí sola debería impedirle, éticamente, representar al presidente en el Consejo Superior. No obstante, el presidente Petro la ha ratificado como su designada en esa Universidad.
Guerrero también participó en la llamativa designación de Guillermo Echavarría Gil como nuevo rector de la UPC, un proceso aprobado en tiempo récord y sin la presencia de todos los consejeros, incluyendo representantes estudiantiles.
En un departamento como el Cesar, la dimensión financiera y burocrática de la Universidad Popular del Cesar cobra un enorme protagonismo político y de poder, por lo que los críticos de Guerrero sugieren que estaría aliada con políticos tradicionales como el representante Ape Cuello y el Senador Didier Lobo, en su pugna por enfrentar el clan Gnecco por la gobernación.
