Sept 21/22 Aunque las IES, el gobierno y el Congreso defienden, cada uno, su autonomía, en la práctica sus agendas dependen de la habilidad de interactuar y trabajar juntos políticas públicas.
El sustancial cambio político que está experimentando Colombia, con la llegada al poder, por primera vez, de un gobierno de izquierda, ha mostrado -aún más- la habilidad estratégica, política y de relacionamiento de muchos rectores (bien, a nivel de su propia IES o de forma sectorial, como en el caso de ASCUN, en la foto con el presidente del Congreso Roy Barreras, y el ministro de Ciencias, Arturo Luna), para ser visibles y considerados en los diferentes proyectos de ley, programas ministeriales y ejecuciones presupuestales que se están proyectando, así como en el diseño del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
De otro lado, para los funcionarios públicos tan visibles como los senadores, representantes y ministros, poder contar con el apoyo de la academia, los rectores y sus IES y asociaciones les ayuda a mover favorablemente la imagen entre la opinión pública, para efectos de sacar adelante iniciativas legislativas y planes de gobierno, gracias a la aparente “bendición” que les significa decir que cuentan con el respaldo de la academia.
Curiosamente, como pocas veces se ha visto en el sistema, con la llegada a la presidencia de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, se ha develado, más que en otras épocas, que hay varios rectores, y especialmente aspirantes a la rectoría de algunas universidades públicas, con una explícita relación de afecto, compromiso ideológico y de trabajo desde las universidades con las “banderas del cambio” del nuevo gobierno (a manera de ejemplo, vale ver los mensajes de algunos directivos o aspirantes rectorales de universidades como la de Córdoba, Pedagógica Nacional, UNAD y UFPS, entre otras).
El SUE, por ejemplo, tras mucho anunciar en 2021 una propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992, parece que ha terminado conciliando y logrando el apoyo de los representantes Jennifer Pedraza, Arial Avila y Gabo Becerra, para sacar adelante su proyecto, en una alianza que beneficia a ambas partes, y les permite ser visibles, como los encuentros regionales comenzados ayer por los congresistas en la Universidad Surcolombiana para analizar el tema con la comunidad académica.
Asimismo, muchos rectores, especialmente de universidades públicas regionales sostienen un padrinazgo con uno que otro congresista de su región, quienes los acompañan en sus diligencias ante Mineducación y Minhacienda, entre otros, a la hora de gestionar proyectos y recursos; además, porque muchas veces es la única forma como logran que el ministro de turno los atienda, cuando llegan con un político.
Los favores no siempre son gratis, pues a veces se traducen, en algunas no en todas las universidades, en contratos y vinculación de personal a la IES, por recomendación del político, o en alianzas para desarrollar ciertos contratos públicos.
Y aunque la autonomía universitaria permite a las IES y sus rectores independencia frente a las ramas del poder público y criticidad en sus afirmaciones, es común que los rectores se vuelvan muy políticos con el gobierno de turno, sea cual sea, para no molestar el poder del Estado y, en el caso de las IES, provocar la que consideran una innecesaria visita de inspección y vigilancia o la demora en resoluciones de registro y acreditación, entre otras.
Además, porque en momentos en que la demanda educativa se encuenta desacelerada, especialmente para las IES privadas, ganarse contratos con el Estado o beneficios en proyectos de regalías, entre otros, constituye oxígeno vital para los presupuestos universitarios.
Así, hay muchos aspectos positivos en el trabajo conjunto y la búsqueda de consensos que favorezcan el contexto social, porque cuando ha habido distanciamientos, en el caso de la educación superior, el sector se afecta y retrocede. Valga recordar, por ejemplo, los daños que ocasionó el Ejecutivo a través de la ministra Gina Parody al no consultar con el sector temas como los de créditos Icetex para no acreditadas o su obsesión por imponer el luego fracasado SNET. También puede citarse la forma como el Congreso cada rato aprueba proyectos de ley que no consideran la realidad del sector o, incluso, van de espaldas a las consideraciones de éste (como la Ley que permite que centros e institutos de investigación desarrollen programas de maestría y doctorado).
Además, porque hay que reconocerlo, no todos los ministros, y especialmente la mayoría de congresistas, no tienen la debida formación profesional en distintas áreas y conocimiento del sector de la educación superior (llegan a las comisiones sextas de Senado y Cámara sin tener idea de qué es la Ley 30 de 1992, por ejemplo), y necesitan del apoyo del sistema universitario para dar peso a sus proyectos.
De todos modos, asumiendo la posición tomista de la ética como una justa medida, la relación de asociaciones de IES y rectores con ministros y congresistas debería tratar de moverse en el justo medio, para que ni la cercanía ni la crítica condicione su actuar y afecte su independencia técnica y autonomía.
