Sept 21/22 Con o sin pruebas, y más llevados por la pasión y la aparente injusticia, universitarios buscan extender sus protestas y llegar directamente hasta las residencias y sitios de trabajo de los docentes y directivos que denuncian.
En Colombia ha comenzado a hacer carrera esta práctica de intimidación y denuncia de supuestos victimarios, por parte de universitarios, especialmente en la Universidad de Antioquia, a través de diversos movimientos de defensa de mujeres, minorías y diversos grupos sexuales que están levantando su voz para denunciar distintas prácticas de acoso y abuso sexual en sus diversas expresiones. En términos técnicos, ahora se identifica como Violencia Basada en Género (VBG).
Denuncias sobre docentes y directivos que, aparentemente, aprovechan su posición de poder frente a sus compañeros(as) de trabajo o estudiantes, no son nuevas y desde hace muchos años son relativamente comunes en el sector universitario (lo que no las justifica), y el estar llegando hasta esta situación corresponde, en gran medida, a que los casos no cesan, a que las normas y distintos reglamentos, manuales y protocolos (por ejemplo, el Protocolo MAAD, de Uniandes: Maltrato, Amenaza, Acoso, Discriminación, Violencia Sexual o de Género) que vienen aprobando las universidades en los últimos años, a que las universidades no actúan a tiempo y a que, por lo mismo, la alta dirección universitaria calla y sostiene en su cargo a acusados de abuso, violencia, misoginia, encubrimiento sexual y prácticas afines.
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A propósito, hace pocos días, por vencimiento de términos, Procuraduría archivó caso contra un ex aspirante a rector de la U. Nacional, acusado de abuso sexual, y anunció investigaciones contra la Veeduría de esa IES por demora y posibles irregularidades en la investigación.
En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, ha aparecido un grupo denominado Acción Clandestina Policarapa Salavarrieta, que justifica su actuar así: “Hoy hemos decidido tomar toda la fuerza y la furia que llevamos de nuestras ancestras, contra el Man que metió la mano debajo de nuestros vestidos, nos manoseó los senos, nos acosó en clase, que intentó besarnos por la fuerza, que nos violó, que se reía en nuestra cara por el pánico que se reflejaba en nuestro rostro, que se excusó por el consumo de sustancias para violentarnos, tocarnos y grabarnos”.
Por lo mismo “nos llamamos al uso propio y colectivo de la fuerza, a ejercitar nuestras cuerpas, preparar pimienta, cuchillos, manoplas, recoger y guardar palos, piedras o cualquier herramienta que de acuerdo a nuestro deseo y necesidad pueda servir de arma”.
La justicia en mano propia
La situación es más delicada y compleja de lo que parece, no sólo por la incitación al uso indebido de la fuerza, a los riesgos de la seguridad de estudiantes y docentes, sino también a la posible estigmatización y sanción social de personas (profesores, directivos, administrativos…) que, posiblemente, no son culpables.
En palabras de Acción Clandestina Policarapa Salavarrieta “la prueba es la denuncia en sí misma”, “créeles a todas las que denuncian”, “nombremos a los agresores. identifiquemos los tipos de violencia con la que ha agredido”, “carteliemos” sus caras, sus trabajos y los espacios donde representan un riesgo para las mujeres”.
Esta forma de apropiarse de la justicia lleva al riesgo de actuar de forma injusta. Vale recordar muchos casos de falsa denuncia, invento de historias dramáticas y retaliaciones pasionales que inventan hechos y detalles, que pueden generar más violencia y remedios peores que la enfermedad.
A manera de contexto, vale recordar cómo, en desarrollo del paro nacional del año pasado, una joven inventó que fue abusada sexualmente por policías en un CAI, para justificar una ida de fiesta sin su pareja sentimental.
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La acción de escrachar
A juicio de estos muy diversos grupos, varios de estos encapuchados, que también han recurrido a prácticas de violencia física sobre las oficinas e infraestructura de la Universidad, el escrache es la forma de presionar para que haya justicia, se haga público el tema y se genere conciencia social sobre la necesidad de denunciar y castigar prácticas sexuales que ofendan la dignidad de cualquier persona, independientemente de su orientación sexual.
El verbo escrachar (rajar, rayar, romper, destruir) viene del inglés scratch (marcar, rasguñar, romper), o poner en evidencia, se dice que nació en Argentina, por iniciativa de la asociación Hijos (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), formada por hijos de desaparecidos y víctimas de la dictadura argentina.
La actuación de las universidades
Lo sucedido en la Universidad de Antioquia, caracterizado por reiteradas protestas, daño a las instalaciones y suspensión de actividades académicas, no ha podido ser cortado de raíz, a falta de acciones contundentes que calmen los ánimos, y pese a que se han hecho llamados al respecto, el rector Arboleda ha hablado y el Consejo Superior también se ha expresado al respecto.
No obstante, al interior de la propia Universidad se manejan diversas explicaciones al respecto.
Para Jaime Restrepo Cuartas, representante de los exrectores, las expresiones del Consejo Superior corresponden a “muy bonitas y esmeradas publicaciones…que además sirvieron para mostrar una serie de actividades que la Universidad realiza en la actualidad alrededor de estos temas”,
Pero -dice Restrepo- “estamos frente a un conjunto de delitos y situaciones que obedecen a la falta de un control más adecuado de cada una de estas actividades y a la permisibilidad que se le ha dado a un factor que me parece determinante, que son las ventas ambulantes al interior de la Universidad, no solo las que realizan estudiantes, sino las de los venteros externos, por medio de los cuales ingresan todo tipo de delincuentes y miembros de mafias, no solo dedicadas al tráfico de drogas ilicitas y venta de licores, sino además, traficantes sexuales que han convertido el “Alma Máter de los antioqueños”, parodiando a Jesús de Nazaret cuando sacó a los filisteos del templo de Jerusalén (según lo refieren los Evangelios), porque lo habían convertido, de ser una casa de oración (en este caso del conocimiento), en una guarida de ladrones”.
Restrepo Cuartas recuerda que el hecho no es nuevo, y que ya se había vivido a finales de la década de 1990 -cuando él era el rector- y que entonces obligó a la rectoría prohibiera las ventas ambulantes al interior de la Universidad.
Vale recordar que el tema de las ventas ambulantes al interior de la U. de Antioquia ha sido un crítico problema que, aparentemente, está sin control.
No obstante, hay otras voces de funcionarios de la propia Universidad, que consideran que el problema va más allá y que, efectivamente sí hay ciertos docentes y directivos, considerados vacas sagradas, que ejercen indebidamente el poder, llegando a expresiones de abuso y discriminación sexual, sin que la universidad actúe.
Pero el caso de denuncias de abusos en la UdeA no es un fenómeno propio de esta IES. Es tristemente más común de lo que parece. A comienzos de este año fue en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al igual que en Bellas Artes de Cali, hace dos años ya se habían presentado quejas similares en la UdeA, y también en EAFIT; ya había pasado en la UPTC; hace poco la Procuraduría inició acción contra un profesor de la U. Distrital quien, valiéndose de su posición frente a las estudiantes, las acosó, persiguió, hostigó o asedió verbalmente con trato irrespetuoso… y la lista continúa.
A propósito de lo sucedido en la UDEA, Gabriel Ignacio Gómez, profesor titular, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esa IES, ha aclarado que “esta situación no es exclusiva de la facultad ni de la universidad. Durante los últimos años se ha hecho más visible la ocurrencia de VBG en muchas universidades nacionales e internacionales. Seguramente no es una forma nueva de violencia, pero sí se ha hecho más visible gracias al valor de quienes han denunciado y a la acción de los colectivos feministas y LGTBQ+ que se han atrevido a desafiar prácticas cotidianas que subordinan, maltratan, utilizan a las mujeres o a lxs disidentxs sexuales por razones de su identidad de género”.
El tema es muy complejo y debería ser parte de una agenda integral del Estado y el sistema de universidades, incluyendo al propio CESU, para definir políticas y acciones concretas al respecto, más allá de llamados y documentos técnicos.
Un análisis de Dejusticia, en 2021, mostró cómo, por ejemplo, Investigación de 44 universidades analizadas, 28 no tenían un protocolo sobre el acoso sexual.
Es importante recordar que este año la Corte Constitucional advirtió que las universidades tienen que acelerar atención de la violencia de género y que Mineducación definió el 24 de enero de 2023, como plazo máximo para que las IES adopten o fortalezcan los protocolos para proteger y garantizar los derechos de los jóvenes y adolescentes.
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