Vacíos legales en cesión de poderes a rectora de la Nacional: Orlando Acosta – mayo/20

Para Orlando Acosta, investigador emérito de la Facultad de Medicina de la propia U. Nacional “no hay duda el CSU tuvo la mejor intención al conceder tal delegación, pero las facultades extraordinarias dadas a la rectoría vulneran el derecho a la participación, en el máximo órgano de decisión, de profesores y estudiantes”.

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Apreciación sobre Acuerdo de Delegación del CSU a la Rectora de la UN

La designación de la profesora Dolly Montoya Castaño como rectora de la Universidad Nacional de Colombia (UN), por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) en ejercicio de sus funciones legales y estatutarias, fue celebrada por significativos sectores de la comunidad universitaria, entre otras razones, por constituir un hito político, académico y cultural que marcaba una ruptura con la inveterada cultura patriarcal y varonil derivada de la recalcitrante tradición judeo-cristiana que caracteriza a muchos colombianos. Pero no solo se trataba de su condición de mujer sino de su superior capacidad de gestión y su sobresaliente valía intelectual, de la cual podemos dar fe quienes la conocemos de cerca desde hace varias décadas. Muchos continuamos desde Consejos, Comités, Comisiones y Centros de Pensamiento acompañando institucionalmente su gestión, sin perjuicio de nuestra independencia.

Pero hoy, la reciente decisión de ese mismo CSU nos ofrece un inesperado contraste al revestir a la Rectora de un talante dictatorial perjudicial e innecesario que parece mancillar su gestión rectoral y que ya ha empezado a causar revuelo en la opinión de la comunidad universitaria nacional. Nuestra Carta Política prevé, en su Capítulo 6, los Estados de Excepción en virtud de los cuales, una vez promulgada su declaratoria, el Presidente de la República y sus ministros tendrán facultades extraordinarias para expedir decretos legislativos, pero con control constitucional. Pero ni en la Ley 30 de 1992 ni en el Decreto 1210 de 1993 (Régimen Orgánico Especial de la UN) o en los Estatutos de la UN se encuentra prevista una situación análoga.

El CSU tiene facultades estatutarias para adoptar estatutos, normas y reglamentos y establecer los criterios y directrices en todas las materias de naturaleza académica, financiera y administrativa indispensables para el cumplimiento del objeto y fines de la Universidad. Estas facultades del CSU materializan grandes directrices, orientaciones y la fijación de políticas generales que constituyen la función nuclear del máximo órgano de dirección de la UN. Y fueron estas facultades las que literalmente le fueron delegadas a la Rectora. Constitucionalmente, no se pueden delegar funciones que impliquen un vaciamiento de contenido de la función atribuida a la autoridad. 

Al consejo superior le es legal y estatutariamente permitido delegar algunas de sus funciones en los diferentes organismos y autoridades de los distintos niveles de dirección universitaria, con miras a cumplir los fines de la Universidad de acuerdo con la Ley y los reglamentos internos. Bajo la consideración de que la autonomía universitaria tiene como límite la Constitución y la ley, es pertinente señalar que la Corte Constitucional ha destacado que “Hay funciones cuyo ejercicio es indelegable, sea porque hay restricción expresa sobre la materia o porque la naturaleza de la función no admite la delegación” y, además, que “lo que realmente debe ser objeto de delegación, son las funciones de mera ejecución, instrumentales u operativas”. Sentencia C-372/02. La Ley 489 de 1998, Artículo 11, señala las funciones que no se pueden delegar, entre ellas, “1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley.”

La misma Oficina Jurídica Nacional de la UN ha conceptuado sobre las restricciones a los actos de delegación de competencias citando estos mismos preceptos legales y constitucionales. Concepto No. 8, OJN – 45 de 2010. La Corte es explícita en señalar que “las restricciones impuestas a la delegación tienen una doble finalidad: de un lado, evitar la concentración de poder en una autoridad y preservar la separación de funciones como uno de los principios medulares del Estado”. En esa misma lógica, la Corte añade “la posibilidad de transferir su competencia [la del delegante] – no la titularidad de la función – en algún campo”. Es decir, se delegan competencias mas no la titularidad de las funciones. Sin embargo, el texto del Acuerdo de Delegación del CSU menciona simultáneamente funciones y competencias. Este Acuerdo no prevé, como lo dice la Corte: “el delegante conserva y ejerce la facultad para reformar o revocar los actos o resoluciones del delegatario y para revocar el acto de delegación.” El Acuerdo solamente establece que las medidas adoptadas durante la delegación serán informadas al CSU.

Estos actos inoportunos del CSU contribuyen a exacerbar la histórica confrontación entre  sectores del estamento profesoral (además el estudiantil) y la administración, como parte del ya largo reclamo de espacios de democracia en la universidad. Democracia que muchos precisamos como aquella limitada por el mérito y no la réplica de la democracia de la vida política nacional. Se trata de la democracia recomendada por la UNESCO y suscrita por el Estado colombiano consistente en una mayoría de académicos (profesores) en el Consejo Académico que en una gobernanza compartida con la administración ejercen la autonomía universitaria de forma co-responsable y rinden cuentas ante un Consejo Superior respetuoso de la autonomía y en gran medida conformado por representantes de la sociedad que con sus impuestos sufragan la universidad.

La actual queja de algunos de los voceros de los profesores y los estudiantes es que el Acuerdo de Delegación del CSU viola el derecho de participación amparado por la Constitución y de manera específica en la instituciones de educación superior. Este principio “se traduce en la posibilidad de poder intervenir en las cuestiones que afectan los intereses personales de todos los individuos”. Específicamente en el ámbito de la comunidad educativa, el artículo 68  de la constitución establece que ésta “participará en la dirección de las instituciones de educación, así mismo, el artículo 67 superior señala que la educación formará  a los colombianos  en el respeto (…) a la democracia”. Sentencia T-141/13. Por lo tanto, la jurisprudencia constitucional ha indicado “la necesaria y evidente concordancia que debe existir entre el ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto del derecho de  los miembros de dicha comunidad  a la participación”.

El ejercicio del derecho a la participación se anticipa que debe ser consustancial al quehacer de la comunidad académica. Sobre el particular la Corte ha sostenido que resulta “indispensable establecer mecanismos internos que les permitan [a los miembros de la comunidad educativa] expresarse sobre todos los asuntos que interesan a la vida académica y administrativa de la universidad, así como la posibilidad de participar efectivamente en las decisiones correspondientes. Se abandona pues un criterio autoritario en la universidad para dar cabida de manera concreta al principio de la democracia participativa en los claustros”.

Sobra indicar que el derecho fundamental de la participación democrática tiene su fundamento en la Carta Política que define al país como un estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista. En el caso de las universidades, para hacer real la participación de la comunidad educativa superior, la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1210 de 1993 parten de la base de que la comunidad universitaria siempre estará representada en los órganos de dirección, donde tendrá el derecho de intervenir en las decisiones que afecten a sus representados. Sentencia T-587/01.

No hay duda de que las mayorías del CSU tuvieron la mejor intención al conceder tal delegación, pero las facultades extraordinarias dadas a la rectoría vulneran el derecho a la participación, en el máximo órgano de decisión de la UN, de profesores y estudiantes en la toma de decisiones que los afectan, contradiciendo el derecho consagrado en la Constitución y reafirmado por la jurisprudencia constitucional. La participación, al menos a través la figura de los representantes profesoral y estudiantil, es vulnerada al excluirlos de la toma de decisiones que estatutariamente se les reconoce como miembros del CSU.

No se entiende cuál pueda ser la dificultad para que la rectoría lleve sus iniciativas al CSU para su urgente consideración y trámite. El CSU tiene desde hace muchos años reglamentadas las sesiones no-presenciales. Los miembros del CSU son respetables personalidades que entienden la importancia y la urgencia de las eventuales iniciativas rectorales en medio de la actual crisis pandémica. Además, la disponibilidad de los miembros del CSU, en tiempo real inclusive, se ve facilitada por la amplia gama de canales de comunicación virtuales existentes.

Mientras la UN incluye entre sus fines la formación de ciudadanos críticos, promotores de los valores democráticos, líderes de procesos de cambio, comprometidos con los deberes civiles y los derechos humanos, no es coherente dar innecesarias señales de totalitarismo, donde una misma autoridad legisla, ejecuta y administra justicia (Tribunal Superior, Estatuto Disciplinario). Al margen de que como virólogo molecular debo señalar la incorrección en el texto del Acuerdo de Delegación, donde se confunde la patología (COVID-19) con el agente etiológico (Coronavirus: SARS-COV-2), y dado que se invoca en las motivaciones del Acuerdo la crisis pandémica causada por este coronavirus, no creo que el CSU se haya dejado persuadir por las elogiosas expresiones de muchas personas acerca del denominado régimen totalitario del partido comunista de China, como la forma más eficiente y eficaz de acabar con la pandemia causada por el actual coronavirus.

Para la comunidad académica es fácil entender que hacerle frente a la actual pandemia a nivel nacional y en particular en la UN, solamente tiene garantías de éxito si las decisiones políticas y administrativas se toman con fundamento en la ciencia más rigurosa, con sus fortalezas y debilidades. Numerosos profesores, desde el más amplio espectro de las disciplinas y profesiones, tienen la mejor disposición de brindar asesoría a la administración en el contexto de los derechos a la salud, la vida y las libertades individuales, en balance con la calidad de la formación académica de los estudiantes por medios virtuales y la necesidad de reactivar racionalmente sectores básicos de la economía.

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