Sept 28/20 Por miedo a enfrentar protestas de parte de los docentes de las universidades públicas, este Gobierno tampoco avanzará en cambiar dicho régimen salarial y prestacional.
Esta es una de las pocas explicaciones a la negativa del sector a modificar un decreto que, se ha demostrado, tiene que actualizarse, incentivar más y mejor la productividad y optimizar los recursos del Estado que terminan convirtiéndose en salarios de estos docentes.
El representante de los profesores universitarios ante el CESU, profesor de la UIS, integrante de la Asociación Colombiana de Representantes Universitarios ASPU y vocero de ARPUP, o Asociación de Representantes Profesorales ante los Consejos Superiores y Académicos de las Universidades Públicas del país, Luis Orlando Aguirre, confirmó al sector que, en la última sesión extraordinaria del CESU, los viceministros de Educación, Luis Fernando Pérez y de Ciencia e Innovación, Sonia Monroy, confirmaron la decisión de no modificar el Decreto 1279 de 2002.
Una posible reforma del 1279 estaba pendiente del proceso de construcción de un documento CONPES, como una forma de dar desarrollo a lo estipulado en el Artículo 116, de la Ley 1873 del 2017, donde se establecía que el Ministerio de Educación Nacional debería formular e implementar un Plan de Financiación para las IES públicas.
No obstante, según el propio Aguirre, el Gobierno está accediendo a un compromiso, de septiembre de 2018, de Mineducación con ARPUP y ASPU, cuando los funcionarios Luis Fernando Pérez (viceministro) y asesores Maximiliano Gómez y Ana Milena Gualdrón, así lo hubieran confirmado, y que luego dicho compromiso fue ratificado por las ministras de Educación y de Ciencias.
Curiosamente el propio Ministerio de Educación Nacional tiene abierta una convocatoria para analizar normatividad salarial y prestacional de docentes de universidades oficiales, que -según Aguirre- el propio viceministro Pérez dijo no conocer.
Impactos del 1279
Uno de los detonantes del paro estudiantil y profesoral de 2018 fue la denuncia de los profesores de las universidades públicas por la manera como se estaban viendo afectados con la reforma tributaria que les puso a pagar una mayor declaración de renta.
Esta presión se sumó a los otros factores detonantes de dicho paro, que llevó al Gobierno Nacional a entregar muchos más recursos de los que los propios rectores esperaban entonces.
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Y seguramente, en momento de problemas de opinión pública del gobierno nacional, éste ha optado por no terminar de gastar el capital político (cada vez menor por el avance del cuatrenio), y dejar quieto el tema para evitar la presión del profesorado.
Y eso que existen estudios que han mostrado cómo el decreto 1279, de 2002, “Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las Universidades Estatales”, ha terminado siendo gravoso para las finanzas del Estado y beneficioso para un grupo de docentes que se han beneficiado del mecanismo de reconocimiento de la productividad intelectual, para efectos de salario.
La gran mayoría de los profesores adscritos y beneficiarios del 1279 se encuentran en las universidades Nacional, Antioquia y Valle.
El reconocimiento salarial reconoce aspectos esenciales como la formación – titulación académica, desempeño y dirección académica – administrativa y productividad académica, que ha sido, esta última, una de las que más ha aumentado en los últimos años, por cuanto se traduce en puntos de reconocimiento salarial.
Las propuestas de revisión del Decreto no son recientes y vienen de años atrás en donde se ha creado una Comisión para la revisión integral del decreto de parte del profesorado con los ministerios de Educación, Hacienda, Trabajo, y según la información ahora con Minciencias, pues ella tiene la información de cómo ha sido el aumento de artículos de profesores de las universidades públicas.
Profesores de como Juan Carlos Yepes (antecesor de Aguirre en el CESU), cuestionaba, en 2018, la intención de Mineducación de reformar el decreto y describía cómo, efectivamente, éste incentivó diferencias importantes de ingresos entre los docentes investigadores y no investigadores, y cuestiona las políticas gubernamentales para proteger la labor del profesorado universitario. Lea Reforma inconsulta al decreto 1279 de 2002
Por su parte, los profesores Víctor Manuel Gómez y Jorge Enrique Celis publicaron el artículo “Docencia, estatus, distinción y remuneración. Efectos perversos del 1279 sobre la función docente en universidades públicas”, en el que concluyeron que:
“El 1279 establece para las universidades públicas un sistema estructurado de roles y recompensas asociadas, que privilegia el rol del profesor-investigador y el estímulo económico a la producción académica derivada de ese rol, al mismo tiempo que subvalora el rol del docente (teaching professor) pues los logros o desempeños positivos en este rol no son medidos, reconocidos ni evaluados con criterios e instrumentos objetivos…”
“Una tarea urgente en las universidades públicas es reconceptualizar y reformar el Decreto 1279 con el objetivo de revalorizar la función docente y la producción intelectual a ella asociada”
Y un estudio del propio Mineducación, de abril de 2018 (con Yaneth Giha como ministra), señalaba que:
- Se tiene definido un escalafón y cada universidad estatal u oficial define sus condiciones.
- El modelo está basado en la asignación de puntos sin una clara definición ni concepción académica sobre la carrera profesoral
- Se evidencia ambigüedad en la asignación de puntos por productividad académica, y en la interpretación del Decreto para la asignación de estos puntos.
- El incremento de la asignación de puntos por productividad académica, los cuales hacen parte de base salarial sin topes definidos, debe ser revisado a la luz de la sostenibilidad del sistema
Entonces, ¿por qué no tocar el 1279?
