Feb 16/24 FCECEP, en Cali, está intervenida y administrada por la SAE, entidad del gobierno que maneja millonarios recursos y entrega inmuebles a IES públicas mientras que esta agoniza, cada vez con menos estudiantes y pagando a profesores de cátedra por debajo de lo que exige la ley.
La Fundación Centro Colombiano de Estudios Profesionales FCECEP, o CECEP, nació en 1974 y años después fue de propiedad del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias “Chupeta”. En la lucha del Estado contra la delincuencia, pasó luego a manos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, luego de hallar relación de estos con Alvaro Barrera Marín, quien era el fundador de la IES (con María Nidia Ríos Jiménez) al igual que del anterior CIDCA, “hermana” de FCECEP y con sedes en Pereira, Bogotá y Villavicencio, IES que mantiene su personería pero es casi inexistente en su funcionamiento.
Pese a sus problemas, se considera una tradicional institución tecnológica del Valle, pero además de sus dificultades internas también ha sufrido el golpe en la baja de la demanda estudiantil. Antes de pandemia contaba con cerca de 4 mil estudiantes, y actualmente la cifra apenas llega a 1.100, con limitadas condiciones en la infraestructura.
Hay dos sindicatos que vienen pidiendo mejoras salariales para los cerca de 80 profesores. Las convenciones laborales se hallan paralizadas y, según conoció El Observatorio de la Universidad Colombiana, no se hace incremento salarial para los trabajadores administrativos desde 2020 y para los docentes desde 2021. Incluso, por siete meses, en 2022, trabajadores docentes y administrativos debieron donar entre el 10% y el 20% de sus salarios para sopesar la crisis, y en 2023 fue continuo el retraso en los pagos.
Estuvo a punto de ser liquidada en 2021 y aunque luego se habló de apoyarla, desde la Sociedad de Activos Especiales SAE, la realidad es que se viene extinguiendo poco a poco. Según el reporte de estados financieros, a diciembre de 2022 su patrimonio era negativo en 1.600 millones de pesos.
La SAE es una sociedad de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda que tiene, como uno de sus objetivos, “establecer una adecuada y transparente administración de los activos entregados a la Nación”.
Pese a que la SAE administra cientos de inmuebles que han sido incautados por actividades de narcotráfico y terrorismo, y que en el último año ha entregado muy diversos inmuebles a universidades públicas, FCECEP no ha recibido este beneficio, pues hasta las instalaciones en las que opera son arrendadas.
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Desde 2007 el gobierno ha nombrado cuatro depositarios administradores: Primero, entre 2007 y 2017, la IES fue gestionada por el Colegio Miguel Angel Buonarotti; 2) entre 2017 y 2019 la administró Hernán Ramón González Pardo (quien también actuó como rector de CIDCA); 3) Edinson Valencia Trujillo, entre 2019 y 2022, y 4) desde 2022, con el actual gobierno, es nombrada Orfa Margarita Giraldo Alzate (foto), quien también actúa como rectora.
A diferencia de CIDCA, que tuvo bienes para atender sus compromisos, FCECEP no los tiene.
Personas al interior de FCECEP dijeron que, entre tanto, “la SAE se la pasa entregando bienes por todo el país y no rescata financieramente a la fundación CECEP, pero tampoco ayuda a agilizar el proceso para que haya extinción de dominio o le regresen la IES a los dueños”.
Y eso que, en 2022, se prometió que el nuevo gobierno buscaba evitar el naufragio de la Institución.
Pago por debajo de lo exigido por la ley
Hay diversas interpretaciones de cuánto es el valor mínimo que una IES privada debe pagar por concepto de hora cátedra a sus docentes. Para 2024 el valor mínimo debe ser de $43.333, pero FCECEP está haciendo contratos de hora cátedra por $23.491, casi la mitad.
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En 2020 el entonces alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidió al Gobierno Nacional que le cediera la administración de la IES para ser usada como base para su propusta de Universidad Distrital de la ciudad. La propuesta no prosperó.
¿Futuro?
Una persona que ha vivido la historia de la IES señala que “de todo esto son conocedores el Ministerio de Educación y del Trabajo, no hacen nada para exigirle a la SAE que nos invierta capital y nos saquen de la crisis que ellos mismo permitieron al nombrar a sus depositarios para que nos administraran, tenemos todas las condiciones institucionales para funcionar, con 50 años de experiencia y 14 programas tecnológicos. Sería el colmo que el Gobierno del Cambio se permita el cierre de las instituciones educativas que han servido a la comunidad con mas de 45 mil egresados”.
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