Abril 4/24 Mientras que voceros de la asamblea triestamentaria invitan a paro indefinido para que José Ismael Peña no se posesione y se designe a Leopoldo Múnera, los exrectores dicen que la actuación del Consejo Superior se dio de acuerdo con las reglas de juego predefinidas.
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Nueve exrectores de la Universidad Nacional de Colombia emitieron una declaración pública en la que señalan que la designación de rector no es un proceso de elección directa (como argumentan los críticos), dicen que es un proceso meritocrático, que la UNAL no es un apéndice del gobierno nacional, invitan al diálogo y respaldan la actuación de Ignacio Mantilla Prada.
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En su comunicación, los exrectores hacen una crítica, implícita, a la actuación del candidato profesor Leopoldo Múnera, al señalar que los inscritos al proceso conocían de antemano la normatividad aplicable al proceso.
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El siguiente es el texto del comunicado suscrito por los exrectores (aquí presentados en orden cronológico de sus rectorías) Diego López Arango (1971), Osmar Correal (1977), Eduardo Brieva Bustillo (1980-1982), Fernando Sánchez Torres (1982-1984), Ricardo Mosquera Mesa (1988-1990),Darío Valencia Restrepo (1990-1991),Guillermo Páramo Rocha (1994-1997), Ramón Fayad (2005), y Moisés Wasserman (2006-2012). Fotos tomadas de la galería de rectores de la UNAL, que no incluye a Ramón Fayad, quien fue rector (e).
Nuestra Alma Mater cumple los 157 años como una Universidad de excelencia e investigación, patrimonio de la nación y parte de la historia de Colombia. Resultado de un largo proceso con periodos muy complejos que incluyeron cierres, expulsiones, enfrentamientos con la fuerza pública y agitación estudiantil en más de siglo y medio de existencia. Antes de la Constitución del 91 el rector lo nombraba el presidente, lo cual generaba enfrentamientos con los grupos contestatarios. No existía Autonomía universitaria.
La nueva Constitución consagró la autonomía universitaria en el artículo 69: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos de Acuerdo con la Ley”. Esta estableció un régimen especial para las universidades del Estado que en su artículo 28 (Ley 30 de 1992) “reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas”; la dirección corresponde al Consejo Superior Universitario (CSU), al Consejo Académico y al Rector. EL CSU como máximo órgano de dirección de la universidad, está integrado por el Gobierno nacional, que tiene dos delegados del presidente, el Ministro(a) de educación quien lo preside, el Consejo Académico (un decano), un ex rector de la universidad, un miembro del CESU, un representante de los profesores, un representante de los estudiantes y un egresado, el Rector(a) con voz, pero sin voto. La comunidad académica tiene la mayoría en esta representación.
Con la normatividad vigente, se tiene en cuenta la consulta previa a la comunidad académica por parte de los aspirantes, sus programas y sus calidades académicas. De los diez aspirantes, el CSU solo tomó en cuenta los cinco con mayor respaldo ponderado entre la comunidad académica. No constituye una elección y cualquiera de ellos puede ser elegido sin importar el lugar que ocupó en la consulta. Señalan algunos de los candidatos que “desde el inicio, todos quienes nos inscribimos, conocíamos la normativa que aplica para dicho proceso (Decreto 1210 del 93, Acuerdos y Resoluciones), los pasos a seguir hasta la designación. Nuestra aceptación implicó la aceptación de la norma, acatar los procedimientos establecidos y respetarlos como candidatos”. En sesión del 19 de marzo el Consejo Superior escuchó las propuestas y abrió un espacio de preguntas. Luego en sesión extraordinaria, el 21 de marzo, y según metodología aprobada eligió al profesor José Ismael Peña Reyes quien goza de toda legitimidad y tiene nuestro apoyo. Así mismo el colega Exrector Ignacio Mantilla Prada, nuestro representante ante el CSU, tiene nuestro respaldo porque su actuación estuvo ceñida a la normatividad vigente y es un académico con trayectoria profesional y ética.
Entendemos que haya sectores de la comunidad no satisfechos, pero el proceso se ajustó a las normas vigentes, a la Constitución y a la Ley, las cuales han sido la base de los últimos cinco procesos de elección, pilar de esa autonomía que ha salido fortalecida, comprobado su validez para garantizar el ranking de excelencia académica que hoy ocupa nuestra universidad dentro del país y en la comunidad internacional. Contrario a lo que argumentan algunos sectores, esta no es una elección directa, como no lo es en las mejores universidades del mundo, su legitimidad no emana del poder popular, sino del mérito académico y profesional, del conocimiento, su producción y reproducción, que es bien distinto de los mecanismos político-electorales tradicionales. La UNAL no es apéndice del Gobierno, se financia con recursos públicos que tributan todos los colombianos y rentas propias.
Es de señalar, que la discusión siempre estará abierta para que la comunidad universitaria confronte los nuevos desafíos: Como el buscar consensos para mejorar el procedimiento de elección de las directivas universitarias, sin recurrir a vías de hecho, ni a desobediencias que desconozcan nuestro ordenamiento legal y nuestro legado de 157 años de vida académica.
