Reynaldo Mora Mora, columnista del Diario La Libertad, de Barranquilla, presenta su segunda parte del análisis sobre la acreditación y cómo considera que ésta debe superar los modelos actuales.
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La acreditación, que se ha venido operacionalizando en Colombia, de una manera altamente instrumental, considera que, entre más proliferación de listas de chequeo, cuadros maestros interminables de aspectos y factores, para responder primero, a las “condiciones iniciales” (un hecho burocrático), y luego los procesos de autoevaluación: es lo que da la “acreditación de alta calidad”, como esa verificación que hacen funcionarios del Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Para nosotros, se trata de una positivización de la misionalidad de un programa académico, es el extravío de alguna otra cosa, menos del trabajo-impacto de las IES, por el contrario, es la generación de una masa documental de sus misionalidades, menos la construcción de documentos, por ejemplo, a nivel de doctorados, para la construcción de políticas públicas en educación.
Nos preguntamos, ¿cuándo, programas doctorales en educación se han dedicado en la aventura de repensar la Ley115 de 1994, ley que impacta a la educación superior? Porque pareciera que la formación de doctores no cobijara a los niveles de preescolar, básica y media; cuándo, para los momentos actuales, sus estudiantes, por lo menos en el Caribe colombiano, proceden de esos niveles. Entonces, hay que cambiar estilos y procedimientos para pensar otra acreditación, como insistentemente lo hemos venido planteando: una acreditación constitucional, basada en el principio de la buena fe, que emana de la Carta Política, y en el derecho de petición, como derecho fundamental que tienen las personas naturales y jurídicas. El tipo de acreditación positivista que domina, considera que el punto de partida, por sí, es la mano todopoderosa de los organismos oficiales, como agencias de la tan cacareada “alta calidad”. Se da en este tipo de instrumentalización, el hecho positivo de “inspección y vigilancia” y control. Esta acreditación positivista, no se ha dado cuenta de la existencia de las localidades y regiones que integran subgrupos de individuos en contextos disímiles, por ejemplo, frente a los doctorados del “triángulo de oro”, que son programas misionales diferentes a los de otros contextos, y sobre los suyos construir la idea, por ejemplo, de una buena vida sabrosa. Entonces, esos criterios estandarizados y homogeneizadores no son comprehensivos por esas muchas localidades, y sí, lo hacen, es por el cumplimiento y miedo a la norma “garrote” de la penalidad.
Hoy, decimos: con el nuevo gobierno de los diálogos regionales como apuestas curriculares regionales, es lo que debe pesar en los nuevos procesos de acreditación. Y esto, en razón, porque es la única forma de reducir o eliminar esa positivización, perversa de haber instrumentalizado el concepto “formación”, que no ha sido comprehensiva con las localidades y regiones. La actual acreditación, es la imposición de una visión internacional, sesgada hacia esos dictámenes transnacionales, desconociendo los mundos de vida de nuestras periferias, en donde se hayan insertadas las poblaciones más pobres de Colombia. Entonces, es reto importante para el gobierno de la centralidad humana, como el de Gustavo Petro Urrego, justificar para todos los intersticios de la sociedad su ideal-misional de formar una comunidad política de buenos ciudadanos, pero, con los actores sociales locales y regionales. Proponer una nueva y consistente acreditación partiendo de estos supuestos axiológicos de la Constitución Política, viene a ser una influyente y decisiva estrategia teórica, conceptual y procedimental, basada en la realidad de los contextos locales y regionales. No se trata, de esa acreditación pasada por “acuerdos” palaciegos en las frías oficinas de la capital. Ahora, valen las regiones, y va a consistir esta nueva acreditación en un conjunto de posibilidades reales, construidas desde las periferias, como esa comprensión razonable, que es el pluralismo de nuestro Estado Social de Derecho. No se trata, de seguir con el viaje incesante de consejeros y pares confrontando documentos con los contextos, documentos que yacen colgados, llenos de estadísticas de datos fríos, como los cuadros maestros, por ejemplo. Ahora, se debe apuntar a la razonabilidad de acercar las regiones a sus propias dinámicas, sin esa mano castigadora, y, a veces de la mano, también de pares y consejeros insensibles frente a las muchas realidades de las periferias.
Las consecuencias de considerar la extinción de este tipo de acreditación-positivista, es razonable frente a la nueva realidad: los Diálogos Regionales como Apuestas Curriculares. La primera, piedra fundamental de nuestra propuesta de una Acreditación Autónoma Constitucional, está basada en el Principio de la Buena Fe, BF, que adelantan las personas jurídicas como las IES, que viene a consistir en el respeto que debe tener el Estado frente a la Autonomía Universitaria, AU, es la separación reguladora, dialogante del ámbito de la inspección y vigilancia del ámbito del libre desarrollo de la personalidad de las universidades, desde sus misionalidades. Es la justicia constitucional de la AU y la BF. Ahora, es el tiempo de la centralidad humana, es el tiempo de respetar y valorar para ponderar el pluralismo en sus diferentes matices; entonces, la acreditación constitucional, como segunda consecuencia, es una alternativa admisible frente a la actual, que es abruptamente positivista e instrumentalista, porque cosifica los procesos de formación.
Ahora, esta iniciativa permitirá, por ejemplo, la creación de nuevos estilos de gestión curricular de los programas académicos, no, el del Sistema Universitario Estatal, sino, los Sistemas Educativos y Universitarios Regionales, SEUR, con honda preocupación por lo local y regional, y con un fuerte amarre con los otros niveles del sistema educativo. Estos SEUR deben pensar sus subregiones desde la educación superior, con la gran variedad de versiones que sus mundos pueden brindar a la generación de nuevos conocimientos. Ahora, esta nueva acreditación constitucional se involucra con los actores sociales, las IES crecerán de la mano de ellos, guiando sus cosmovisiones, creencias y valores básicos, filosóficos, por ejemplo. Esta es la importancia que le otorgamos a esta nueva apuesta curricular de acreditación autónoma, para que haga parte, no de la reforma a la Ley 30 de 1992 (esta norma necesita ser derogada), sino, de la creación de la Ley Estatutaria de la Educación, como la máxima garantía constitucional a la autonomía de las IES, como el valor supremo, como el ámbito definitivo de sus misionalidades. Esta medida es una consecuencia de acabar con la acreditación de cuadros y cifras frías. Ahora se demanda esta nueva, como la misión y visión de los Fines del Estado Social de Derecho y de los Fines de la Educación colombiana.
Lo que nos interesa aquí principalmente, es explicitar, que esta propuesta de Acreditación Constitucional, como Apuesta Curricular Autónoma, ACA, privilegia la Buena Fe de las IES, sus autonomías, que debemos reconocer como el respeto que el Estado a través de sus agentes y agencias deben reconocerla, porque esto trae consigo una clara autonomía del libre desarrollo de la personalidad de estas instituciones pensando los contextos, en este caso, las regiones con sus subregiones, como interacciones, intercambios y diálogos públicos entre regiones con el centro, sin imposiciones. Con esta propuesta, finalizaría esa instrumentalización imperante de datos fríos, acabando consigo el divorcio definitivo entre realidad y documentos colgados en esos portales oficiales para obtener la acreditación. Esta Acreditación Constitucional Autónoma, tiene un doble aspecto en su accionar. Por una parte, los sujetos regionales de las IES, actúan e investigan, hacen docencia y proyección social, todo ajustado a sus realidades, y, no es lo que impone una lista de chequeo, por ejemplo, de condiciones iniciales y luego, factores y aspectos para llenar cuadros maestros. Por otra parte, se debe admitir que esta ACA revolucionaria la educación superior, porque las IES, están obligadas a responder a las demandas de la sociedad-entorno, y para ellos, deberán ajustar sus planes de desarrollo, para los respectivos recursos financieros venidos del Estado. Se trata, de un discurso éticamente aceptable, que tiene consecuencias liberadoras y de cooperación, profundamente comprensivas para organizar y pensar políticamente a la sociedad, como un conjunto de reglas alternativas que deben estar presentes en la Ley Estatutaria de la Educación.
