Acreditación y autonomía constitucional universitaria (I): Reynaldo Mora – Sept/22

Reynaldo Mora Mora, columnista del Diario La Libertad, de Barranquilla, interpreta informes de El Observatorio sobre acreditación y señala como desde hace tiempo “hemos venido presenciando el irrespeto estatal por la autonomía universitaria“, además de que “se ha dado un espacio de colonialismo instrumental con el SAC”

‘El Observatorio de la Universidad Colombiana’, de agosto de 2022, produjo tres documentos extraordinarios que nos invitan a reflexionar acerca de los que ha venido haciendo carrera: la acreditación punitiva para las Instituciones de Educación Superior, IES, violentando el mandato del Constituyente de 1991, que otorga autonomía a las universidades.

Son textos, venidos de académicos que han oficiado como miembros del sistema de Aseguramiento de la Calidad, SAC, y en algunos casos, fundadores, como el Dr. Luis E. Orozco. Los títulos de los documentos del portal son provocadores: ‘Soles y sombras del sistema Nacional de Acreditación, Jairo Téllez Mosquera’. ‘Hora de replantear la acreditación de alta calidad-Informe especial’, y ‘Un llamado a resignificar el Sistema de Acreditación: Luis Enrique Orozco’. Frente a estas lecturas, dedicaremos el espacio para incursionar en lo que debe ser un debate nacional.

Se dice que la época llamada de ‘calidad de la educación’ despunta con la Ley 30 de 1992, pues, es partir de esta norma, cuando empieza este entramado de listas de chequeos, criterios, factores, aspectos, condiciones iniciales y procesos de autoevaluación, entre otros rituales instrumentistas (no podemos preguntar, como programas de doctorados en las diferentes áreas, dedican recursos humanos y financieros al lleno de esos listados –acreditación documental–. Podemos hacer el ejercicio de identificar cuántos doctorados se han dedicado a asesorar al propio CNA y al MEN en la construcción de una política pública de la educación, o, por ejemplo, para reformar la Ley 30, o, en el mejor de los casos, apostar por su derogación, ley que ya cumplió su ciclo).

Los documentos llamativos de El Observatorio presentan hechos que son vistos de distintas maneras. Nuestro planteamiento: desde algún tiempo hemos venido presenciando el irrespeto estatal por la autonomía universitaria. Se ha dado un espacio de colonialismo instrumental con el SAC. Por eso, el mundo colonizado de la educación superior por el instrumentalizo de la formación, nuevamente señalamos, violando la autonomía universitaria por parte del MEN, debe ser objeto de análisis; por ejemplo, de los doctorados y programas de maestrías de los centros de investigación, de toda la comunidad académica, por la gran importancia histórica (30 años y hasta ahora se denotan más las debilidades que las fortalezas). En próximas entregas las abordaremos.

Y es que el mundo del SAC, casi todas las actividades conducen a una frondosa burocracia (¿de cuánto es su presupuesto?), al igual que la existente en Scienti, Minciencias. Son actividades documentales, de recogida y lectura de datos, que solo tienen por finalidad directa el propio mantenimiento del sistema (aunque alguno de los entrevistados propone su incorporación al Icfes, gastos y más gastos, burocracia, más burocracia).

La acreditación agenciada por el SAC (nos preguntamos, ¿por qué solo el Estado es la única fuente para los procesos de acreditación?) no lo podemos considerar diálogos horizontales de respeto entre académicos, son imposiciones por la lista de chequeo que los pares vienen a corroborar (esta parte documental, bien lo puede manejar un programa). La acreditación se convirtió en una feria de mercado de resoluciones: “supuestos casos de corrupción, compra y venta de informes de acreditación y de compensaciones extra monetarias a pares”. (El Observatorio apunta al respecto, por ejemplo, un halo de misterio parece rodear al sistema”), lo que marca la solidaridad entre consejeros y miembros de salas. No es posible que esto pase en la educación superior, es casi el mensaje contundente del ‘Informe especial’.

El mercado de la acreditación apareció como lo anota Luis E. Orozco para dar consistencia a ‘Las políticas generales que permitieran organizar y poner en marcha el Sistema de Acreditación” en 1995, época donde escaseaba la tan cacareada palabra oficial ‘calidad de la educación’. Con base en ella se expide resoluciones y posicionamientos (como lo anota el Observatorio en el ‘Informe especial’). Todo el Sistema está fiscalizado, “vigilar, controlar y castigar”, pareciera ser la consigna foucoultiana, archivar una enorme cantidad de documentos-listas de chequeos, factores, aspectos, entre otros, que se cuelgan en un determinado tiempo. Acreditar como un comprar y vender la ‘calidad’, no representa el intercambio respetuoso entre pares, pues los miembros del CNA aparecen como los que, en últimas, proyectan la posible aprobación oficial o no por parte del MEN, en cabeza del Viceministerio de la Educación Superior. Treinta años han transcurrido y falta mucho por hacer. Por eso, las objeciones presuntas en los tres textos son justificadas.

Poco a poco la acreditación se ha convertido en una odisea complicadísima con tantos ‘cuadros maestros’ de tantos aspectos y factores estadísticos (y la realidad social desmoronándose), que, en últimas, pareciera no implicar un determinado dominio misional de una institución de educación superior, o, de un programa académico.

El CNA ha acumulado poderes, órgano, que también violenta la Constitución, al no haber propuesto la doble instancia, por un lado, y por el otro, la autonomía universitaria. Entonces, para que surgiera este mercado acrediticio, se necesitó de la ingenuidad de muchas IES, que creyeron en las bondades del sistema. Tenemos, por el contrario, que ha sido un proceso lento y complicado. Algunos han reclamado la vuelta al Icfes, por funciones que este organismo puede realizar, lo que demuestra el fracaso del sistema (hubiese sido interesante, que el Observatorio nos mostrara las representaciones de las IES en el sistema).

Nos preguntamos, ¿para qué está la plataforma Scienti de Minciencias. Habrá que esperar qué tiene pensado el nuevo Ministro de Educación, y, en especial la Viceministra de Educación Superior. No podemos seguir con este sistema. Preguntamos, ¿el quehacer del sistema tiene en cuenta el derecho fundamental de peticiones y el debido proceso, derechos fundamentales que ostentan las universidades como personas jurídicas, hermanados con las disposiciones del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo?

Este sistema de mercadeo acrediticio ha estimulado la aparición de personajes en el concierto de los diferentes campos del saber que han dejado la solidaridad de cuerpo en el CNA. Pensamos que un primer movimiento de estrategias del nuevo gobierno, es repensar la organización y funcionamiento de una acreditación real, que sea producto de las necesidades e intereses de los contextos y de las IES. Ello posicionaría la buena voluntad del gobierno del doctor Gustavo Petro para con la educación superior, en su propuesta de masificar este nivel.

Otro movimiento de ideas, propuestas por los documentos del ‘Observatorio’, para las bases intelectuales de considerar la acreditación como un proceso social complejo: primero, porque, según Orozco, favoreció lo que se llama ‘una decisión voluntaria de acreditarse’, que exigía de las IES reformas al interior de sus currículos y ‘el rendimiento de cuentas’. Después de 30 años se nota que hay un cansancio y cierto fracaso por insuficiencia logística y misional del SAC.

Prácticamente la acreditación arrastró por el suelo la autonomía constitucional de las universidades. Hemos llegado al punto de quiebre, ello, se presencia en la lectura de los ex consejeros y autoridades universitarias anónimas (que no quisieron dar sus nombres, algo grave). Ahora es el momento del cambio. La revolución de la educación superior bajo presupuestos del nuevo gobierno. Este nuevo proceso de cambios esperados ya tiene como antecedentes los 30 años de esta acreditación, ante todo documental, que, de todas maneras, es de una gran importancia jurídico-educativa.

El camino hacia esta acreditación ha tenido hitos importantes, que son documentados en el ‘Informe especial’, entre ellos, la difusión del sistema y los talleres de ese quehacer. En este proceso, una crítica como académico común, es la poca participación en la construcción del ‘maremágnum normativo y documental’, (siendo el común denominador entre los consultados), como los Acuerdos 02 de 2020 y el 02 del Cese, que una exrectora anónima consultada anota: “en la práctica no hay un sistema”.

Debemos decir que la participación, por ejemplo, de las universidades de la periferia con sus académicos ha sido nula, pero, es el más importante acicate para la generación del sistema, lo cual elevaría notablemente, el nivel de aceptación del SAC. Ahora se demanda repensar la acreditación sobre dos pilares básicos: a) que se construya colectivamente, como una herramienta humana, para entender la labor de la formación, que es el concepto central del artículo 67 constitucional, y b) facilitar formas de procesos de acreditación autónomos e independientes del MEN, es decir, que no solo sea la mano del Estado, el agente para este proceso, esto, para ir acorde con el art. 69 de la Carta Política.

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