Mayo 9/25 Si Usted, como directivo del sector, anhela llegar al Consejo Nacional de Educación Superior CESU, tenga por seguro que ganará espacio de interacción con Mineducación, pero su representatividad difícilmente le empoderará entre los suyos y se frustrará si quiere impactar la política pública de educación superior.
Esta no es una opinión, sino una realidad, confirmada por los resultados que ha arrojado el CESU desde su creación, y el análisis de las actas del Consejo de los dos últimos años, analizadas por El Observatorio de la Universidad Colombiana.
Dicho en otros términos, pese a su voluntad el CESU difícilmente está respondiendo al rol que le definió la Ley 30 de 1992 de ser un “organismo del Gobierno Nacional con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría”.
Desde entonces, ninguno de los grandes cambios estructurales en el sistema de educación superior colombiano se han gestado desde dicho organismo. Ni una reforma esencial, y necesaria, de la Ley 30; ni la Ley 1740 de inspección y vigilancia, ni un cambio en el modelo de financiamiento, ni una reforma al sistema de crédito educativo y del ICETEX, ni una normatividad explícita para la llegada de IES y programas extranjeros, entre otros, por no citar la ausencia de escenarios plenamente participativos de todo el sistema para pensarse como tal.
En junio de 2023, el rector de Unipamplona Ivaldo Torres, de las universidades públicas, le preguntó al Consejo “¿cuál es el rol del CESU en materia de asesoría en financiación y sostenibilidad del sistema?”. No hubo respuesta de parte de ninguno de los demás consejeros.
Varias de estas inquietudes, y otras más, se expresaron en 2024, con el entonces viceministro Alejandro Álvarez, quien hablaba también de su propuesta de reforma de la Ley 30, tras el hundimiento de la Ley Estatutaria.
Aunque al interior del CESU se analizan, o por lo menos se tratan casi todos los temas claves para el sector, estos no pasan de ser comentados en sus sesiones, pero no se traducen en acciones concretas.
En la misma citada sesión de 2023, el entonces director de calidad del Ministerio, José Ignacio Morales Huetio, presentó cuál es el objetivo del CESU como órgano asesor, cómo se percibe el CESU en el sector, sus funciones, y señaló que se han recibido diversas solicitudes sobre su composición como, por ejemplo, de parte de los sindicatos, IES propias, paridad de género, trabajadores… sin que hubiera respuesta.
El consejero Oscar García, de la Universidad del Magdalena, a nombre de las comunidades académicas, manifestó entonces que que “es necesario concretar las funciones del CESU (en la propuesta de reforma a la Ley 30) para luego analizar cuáles son las representaciones necesarias”. El acta de la sesión señala que “llamó la atención respecto que en la propuesta de redacción de los miembros no se prevé la actual representación de la comunidad académica de las universidad estatales u oficiales. Del mismo modo, consideró necesario que se revise la representación estudiantil aclarando el nivel de formación y lo que se debe entender por los dos últimos años. En relación con las funciones del CESU, expuso que es indispensable que el otorgamiento y cancelación de personería jurídica se realice con un análisis, de tal forma que permita al CESU tener los conocimientos necesario para la cancelación u otorgamiento”.
Pero realmente la acción del CESU se orienta básicamente a conocer presentaciones del Ministerio y de algunos consejeros, a definir los procesos de convocatoria y elección de consejeros del CNA, de conocer de casos de posibles sanciones de inspección y vigilancia y de presenciar permanentes posesiones (casi siempre re-elecciones) de los propios consejeros.
En la última década, del CESU solo se podrían enumerar dos grandes acciones.
La primera se refiere al Acuerdo por lo Superior 2034, trabajado entre 2013 y 2014, como respuesta al frustrado intento del gobierno Santos de reformar la Ley 30 de 1992, y que terminó en una serie de lineamientos, concertados por la mayor parte de la comunidad académica, pero que nunca se convirtieron en política pública y que solo esporádicamente se referencian en algún documento estatal.
La segunda, y tal vez más impactante para el sector, ha sido el trabajo en torno de los procesos de acreditación y, sobre todo, los acuerdos de lineamientos de acreditación de programas, tanto los del 2020 como los que se acaban de aprobar y que serán oficializados en próximos días, y que fueron el resultado de un trabajo del Consejo, con el CNA, de más de un año.
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¿Por qué no logra el impacto deseado?
Estos son, como producto de sus resultados y de sus actas, los hechos que impiden que el CESU tenga fuerza nominal, pero nada práctica, sobre las políticas públicas de educación superior y, menos aún, sobre la gestión del propio Ministerio de Educación.
1) No representa a todo el sector. Por un lado, hay consejeros que, por ley, tienen asiento permanente, lo que favorece sus propios intereses, y otros que hábilmente se reeligen indefinidamente.
Hay sectores que no tienen representación en dicho Consejo, como por ejemplo las IES técnicas e instituciones universitarias privadas, que sumadas tienen un importante peso en el sistema.
Y hay consejeros, como los representantes de estudiantes y docentes que no hablan en nombre de todo su sector sino de una parte de este, y muy poco o nada de su real representación del sector se puede ver de los consejeros que vienen del sector productivo.
2) El Ministerio de Educación maneja la agenda a su antojo, particularmente el Viceministerio de Educación Superior que, con la Dirección de Calidad, definen la logística, protocolos, agenda y tiempos. Son los que convocan y proponen o desaparecen temas según su interés. El viceministro de turno y su equipo generalmente llegan a contar lo que están haciendo, más que a poner en consideración proyectos de construcción colectiva. Tampoco hay seguimiento ni trazabilidad de los temas. Las agendas no son públicas y las sesiones, a diferencia de lo que se está empezando a hacerse en algunas IES públicas, no se transmiten en video. Las actas tampoco son de acceso público inmediato.
3) El Gobierno poco o nada escucha al CESU. Aunque las actas reflejan participaciones interesantes de parte de algunos consejeros, no reflejan que ninguno de sus aportes sean estructuralmente incorporados en las propuestas que tiene el Ministerio. Es como si se jugara a escuchar, pero no a modificar o mejorar las propuestas de política. También es cierto que la mayoría de aportes de los consejeros responden a opiniones de estos “sobre la marcha”, difícilmente acompañadas de estudios técnicos, y generalmente sus comentarios reflejan sus consideraciones personales o de la institución o entidad que representan, pero no de todo el sector que los eligió.
En 2023 varios consejeros opinaron sobre la propuesta de reforma que, entonces, anunció la ministra Vergara, sin que sus comentarios fueran realmente tenidos en cuenta.
4) Los niveles de participación de los consejeros no contribuye al serio debate y seguimiento de los temas. El ministro de Educación casi nunca (por no decir que nunca) asiste al Consejo. En lo corrido del gobierno Petro, el CESU ha tenido cinco viceministros, que son los que presiden en ausencia del ministro.
Entidades partícipes como Minciencias, el Departamento Nacional de Planeación DNP y el ICFES, rotan muchísimo sus voceros. Al comparar sus aportes, estos parecen ir más a responder por la asistencia que a llevar un registro preciso y técnico del Consejo.
Entre mediados de 2023 y finales de 2024 (que son las fechas de las que el Ministerio suministro las atas del CESU a El Observatorio de la Universidad Colombiana) los porcentajes de asistencia de los consejeros al CESU fueron los siguientes:
- Ministro de Educación: 0 %
- Representantes del sector productivo (Nicolás Pérez y Claudia Calero): 33%
- Rectores universidades públicas (Santo Tomás y Sabana): 60 %
- Representantes del sector productivo (José Fernando Zarta y Ximena Duque): 73%
- Representantes de Minciencias: 73 %
- Representantes de los estudiantes (Rosa Mosquera y Jesús Manzano): 73 %
- Representante de los profesores (Orlando Aguirre): 86 %
- Representantes del DNP, UNAL, Comunidades Académicas e instituciones tecnológicas: 93%
- Viceministerio, ICFES, universidades públicas (Pamplona), universidades privadas (CUC), universidades de economía solidaria (Cooperativa), IES técnicas profesionales (Silvia Dufis y Leonardo Pérez), e instituciones universitarias públicas (IU Digital): 100 %
5) Se habla de temas importantes para el sector, en ausencia de sus protagonistas. Actores como el SENA, las entidades de formación para el trabajo, muchas IES privadas y empresas, entre otros, entran en el debate de algunos de los temas, pero sus protagonistas no son invitados a las sesiones del CESU.
Hay consejeros muy juiciosos y asisten a todas o casi todas las sesiones, pero hay otros que tienen muy altos grados de inasistencia, no se sabe el porqué de la misma y también se desconocen si rinden cuentas o no a quienes los escogieron.
En su libro “Los Puntos sobre las IES”, Carlos Mario Lopera advierte cómo “a pesar del respaldo del Ministerio, el aparente alcance que la ley le otorga y su posibilidad de conceptuar en temas como sanciones a las IES, definir lineamientos de acreditación, incidir en la definición de consejeros del Consejo Nacional de Acreditación CNA y convocar espacios de reflexión, el CESU es una oveja con piel de tigre. Como poco o nada incide en la política pública, no contrasta las decisiones del Ejecutivo, no hace estudios de fondo, no informa al sector de lo que hace y sólo algunos consejeros rinden cuentas a sus representados, se vuelve poco atractivo en lo estratégico. Tal vez por ello, la elección de sus consejeros despierta poco interés entre los representados. Son pocos quienes se inscriben para votar y, menos aún, los aspirantes (algunos consejeros se han elegido, incluso, con solo dos votos).
Eso sí, quienes integran el CESU tienen “licencia” para viajar a las sesiones, recibir viáticos, alejarse del trabajo diario de su oficina y, sobre todo, tal vez lo más importante, acercarse al ministro (a) y viceministro (a) de turno, para manejar una agenda aparte: Averiguar el trámite de un registro calificado, una acreditación, una visita de inspección y vigilancia, un recomendado político, una invitación a la IES… Como se mencionó, al titular de la cartera de Educación le queda complicado atender a los rectores, y espacios como el CESU son preciados para hacer un lobby que termina beneficiando directamente al consejero o la IES o sector que éste representa”.
🔍 Si Usted quiere conocer más detalles de cómo funciona la estructura de estos cuerpos colegiados y las dificultades del sector para construir verdaderas políticas públicas, le invitamos a leer “Los Puntos sobre las IES”.
