Nov 17/23 “Los créditos del ICETEX siempre hicieron parte de las posibilidades de oportunidad que esperaban los jóvenes, sin embargo, transcurrido casi año y medio después del anunciado cambio, sus jóvenes usuarios no han experimentado ninguna respuesta relacionada con dicho anuncio y por el contrario las cuotas y planes de pago de los créditos educativos de mediano y de largo plazo se fueron haciendo cada vez más onerosos”, señala Fernando Luis Calao González (foto), secretario de ACUPE, o Asociación Colombiana de Usuarios de Préstamos Educativos, quien desde hace años viene promoviendo que le entidad estatal, que opera como un banco, genere condiciones crediticias que no resulten gravosas para los usuarios.
Por el contrario, dice Calao, hay hechos que han agravado la situación, en una detallada denuncia que el Icetex (consultado por El Observatorio de la Universidad Colombiana) no ha respondido y su presidente, Mauricio Toro, ha disminuido ampliamente su aparición en los medios y de dar declaraciones sobre la posible reforma de la entidad, que para sus críticos es más cosmética que de fondo.
Vale recordar que en campaña presidencial, el entonces candidato Gustavo Petro, ilusionó a los usuarios con créditos en la entidad al hablar de su intención de cambiarle su objeto misional y condonar las deudas, pero si bien el actual gobierno ha intentado reformar al Icetex, no ha dicho nada frente a las obligaciones con la entidad de parte de miles de colombianos, salvo la búsqueda constante de mejorar las condiciones de sus créditos, en cuanto a intereses, pero nunca de eliminación de las deudas.
Algunos de los hechos acaecidos en los últimos meses y que pintan un panorama complejo son, según Calao:
1) Hallazgos de la Contraloría General respecto a 10 mil casos de créditos del programa de “Protección Constitucional” que fueron otorgados de manera irregular al no haberse dado cumplimiento de los requisitos exigidos y que, posiblemente, habrían sido otorgados por lel Icetex al no aplicar los filtros y controles requeridos.
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2) Tras la caída del artículo 95 de la Ley del Plan de Desarrollo del actual gobierno debido a pronunciamiento de la Corte Constitucional, muchos beneficiarios de crédito (aproximadamente 77.000) tendrán ahora que pagar los intereses que inicialmente las IES iban a cubrir a partir de la expedición de este mismo artículo, el cual tenía como objeto compensar el altísimo incremento del IPC que afectó a todos los créditos de carácter reembolsable otorgados por la entidad. Para Calao, esto “se va a traducir en fuertes dificultades para la gran mayoría de beneficiarios los cuales podrían entrar en mora, desertar o no poder pagar sus nuevas cuotas de amortización, pues la gran mayoría de usuarios, aproximadamente el 94% hacen parte de los estratos 1,2 y 3”.
Aunque Toro informó que la entidad renegociaría con cada IES, a la fecha no se conocen resultados de esto.
3) Según Calao, el Icetex “tiene recursos de sobra desde la expedición de la Ley 1002 de 2005, la cual le otorga a la entidad el manejo de presupuesto y de contratación bajo el régimen privado”, además de que la política de financiamiento estaría provocando el desarraigo de jóvenes zonas rurales apartadas. “No puede ser posible que lleven y promocionen este tipo de créditos a zonas como la Guajira alta, Orinoquía o el Amazonas, para que sus jóvenes se dirijan a estudiar a las grandes Ciudades y una vez hechos profesionales, además de quedar endeudados por una buena cantidad de años, estos profesionales no regresan a sus regiones, imposibilitando así el desarrollo de las mismas”.
4) Se indica que en septiembre de 2022 se expidió el Decreto 008 de austeridad en el gasto, y que no se estaría cumpliendo en el Icetex. Según Calao, “de acuerdo con datos del SECOP y de los informes de la misma entidad, la entidad en el año 2016 firmó contrato de atención a usuarios por valor de $25.800 millones; en el año 2019 el contrato por el mismo objeto se incrementó a $49.600 millones y en el año del cambio (2022), se firma por $102.000 millones, cuadriplicando en apenas 6 años su valor original, pero lo peor de este caso es el resultado que los usuarios están esperando no se cumple y al contrario cada vez parece ser más ineficiente. Lo anterior no tiene explicación, teniendo en cuenta que, a mediados del presente año 2023, la Universidad Javeriana, a través de su laboratorio de Economía de la Educación presentó un informe donde dice que del año 2016 al año 2022 el número de créditos se han disminuido hasta en un 68%, por lo cual el incremento en los costos contractuales de la entidad no tendría ninguna explicación lógica”.
5) Habría incumplimientos del ICETEX a la Ley 1328 de 2009 art. 7 Lit. T que obliga a la entidad vigilada “Desarrollar programas y campañas de educación financiera a sus clientes sobre los diferentes productos y servicios que prestan, obligaciones y derechos de estos y los costos de los productos y servicios que prestan, mercados y tipo de entidades vigiladas, así como de los diferentes mecanismos establecidos para la protección de sus derechos, según las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Financiera de Colombia”.
Para entender mejor esto, Calao explica que la omisión por parte de la entidad en el cumplimiento de esta norma, viene generando problemas financieros a miles y miles de deudores que en su gran mayoría corresponden a los estratos 1,2, y 3, usuarios de créditos de mediano y largo plazo y en la etapa de amortización de los créditos, de acuerdo con la intención de la norma expuesta, una debida orientación financiera puede brindar al usuario financiero diversas opciones de manejo para su crédito que al final le brindaría la oportunidad de ahorrarse durante la etapa de amortización hasta por la suma de $50.000.000, como para el caso que (entre muchos que tendría registrados ACUPE) se ilustra a continuación:
Paul Sebastián Romero Bernal, estudiante de medicina de la Fundación Universitaria Ciencia de la Salud FUCS (Bogotá), ingreso a estudiar la carrera ya mencionada a partir del segundo semestre del año 2016 recibiendo por parte de la entidad 12 desembolsos por un valor de $197.351.560. La modalidad de crédito solicitada fue de largo plazo del 25% – 75%. el 25% que corresponde a un valor de $49.337.890 y el 75% restante debería pagarlo en el largo plazo y cuyo capital insoluto era de $151.082.923, es decir este es el valor de la deuda a amortizar en 120 cuotas de plazo fijado por el ICETEX.
El beneficiario tomó un año de gracia (12 meses) que le generó intereses por valor de $20.637.921, los cuales una vez capitalizados y al ser pagados en 120 cuotas, le terminaría costando el dichoso periodo de gracia aproximadamente $55.381.536, valor que el beneficiario hubiera podido ahorrarse de haber recibido una orientación financiera personalizada y precisa. El valor total a pagar en las 120 cuotas estaría entre $390.000.000, oo y $403.000.000, oo, con un IPC promedio proyectado.
6) Otra evidencia de norma incumplida por el ICETEX tiene que ver con el artículo 45 de la Ley 1911 de 2018 con el que se modifica el artículo 7 de la ley 1002 de 2005 que establece la composición de la Junta Directiva de la entidad, y que no se ha cumplido a la fecha, en lo relacionado con:“Adiciónese dos incisos y un parágrafo al artículo 7 de la ley 1002 de 2005, los cuales quedaron así: La Junta Directiva quedará integrada por:
– Un (1) estudiante usuario del ICETEX del último año de Universidad, de una Universidad Pública o Privada.
– Un (1) representante universal de los usuarios del ICETEX.
Es decir, los estudiantes con crédito actualmente no tienen la representación dentro de la Junta Directiva de la entidad.
Hasta el año pasado existió una organización civil denominada “Icetex te arruina”, misma que desapareció con la llegada del actual gobierno, cuando su vocero -Daniel Torres- pasó a laborar en la oficina de Planeación del Icetex.
Sobre ACUPE y sus limitaciones
ACUPE es una asociación que nace hace 27 años por un grupo de profesionales; estudiantes y padres de familia que tienen deudas con el ICETEX. Es una ONG sin ánimo de lucro, que se creó con el fin de defender a los estudiantes de los atropellos que viene cometiendo el ICETEX por parte de los créditos que brinda.
Calao es un comunicador social y periodista y abogado que dice que le tocó ponerse a estudiar derecho “porque todos los abogados que conseguía se torcían para el ICETEX”.
“Lo que pasa es que hay una resolución que sacó el ICETEX, dicha resolución no tiene validez ante las leyes colombianas. Esa resolución es la que autoriza la capitalización de los intereses, y ellos dicen que está vigente, pero en realidad no tiene validez porque no fue publicada en el diario oficial. Nosotros entramos a partir de enero a demandar estas normas para que el ICETEX entre a regular este problema.
Nosotros no hemos encontrado apoyo ni del Ministerio de Educación, ni de la Presidencia de la República. En el Ministerio de Educación nos mandan a hablar con un tercero al cual le planteamos todos los problemas y no nos da solución. Le hemos mandado cinco cartas al Presidente de la República y a él no le interesa el problema. Hemos hablado con el Defensor del Pueblo y ha pasado lo mismo, no nos ha querido atender directamente y nos manda a la muchacha de servicios generales. De la Vicepresidencia de la República nos hicieron hablar con un asesor hace un año, y hasta la fecha no nos ha llamado.
Como el año judicial se está acabando, el paso a seguir ahora es que a partir de enero estaremos presentando unas demandas contra el ICETEX ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, porque la educación es un derecho de todos los colombianos y no es un negocio comercial como lo está planteando el gobierno”.
