Conflictos no dejan avanzar a Unicolmayor. Parte 1: ¿Bloqueos desde Mineducación?

Mayo 14/20 IES no se acredita y retrocede en gobernabilidad. Próxima elección rectoral estaría detrás de las peleas en el Superior, cambios estatutarios y demora en compra de nueva sede.

El Observatorio de la Universidad Colombiana presenta la primera parte de la tensa situación que se vive en el Consejo Superior Universitario -CSU- de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, y que ha llegado a oídos del propio presidente de la República, la ministra de Educación y el gobernador de Cundinamarca, sin que hasta el momento alguno se haya pronunciado.

La situación ha llegado a polarizar el Consejo Superior por la manera como se pretende aprobar un nuevo estatuto, de forma exprés y sin tener en cuenta un largo trabajo que hizo la comunidad académica en 2018.

La convocatoria que deberá abrirse para elección de nuevo rector, tras la terminación del periodo de Olga Lucía Díaz Villamizar (quien dice que no aspirará a re-elegirse) estaría detrás de este alborotado ambiente.

La reforma de los estatutos implica afectar, entre otros, los requisitos para ser rector. Fuentes consultadas por El Observatorio sugieren que es para favorecer un(a) aspirante que tiene influencia en ciertos sectores de la comunidad universitaria, y que buscaría la rectoría.

El Consejo Superior se encuentra compuesto por:

1 – Raquel Díaz Ortiz, Delegada de la Ministra de Educación Nacional (foto), y quien, según denuncia la rectora Villamizar, pretende imponer decisiones no concertadas en el Consejo y aprobar, de forma inconsulta, un nuevo estatuto.

2– Nelson Eduardo Rodríguez Montaña, Designado del Presidente de la República

3– Pablo César Cajamarca Martínez, Delegado del Gobernador de Cundinamarca

4– Lombardo Rodríguez López, Representante de los Ex rectores Universitarios

5– Edna Rocío Pulido Olaya, Representante de los Egresados

6- Marco Antonio Pinzón Castiblanco, Representante del sector productivo

7- María del Pilar Jiménez Márquez, representante de las Directivas académicas

8- Nancy Solano de Jinete, representante de los docentes

9– Nelson Alberto Mucia, Representante de los estudiantes

¿Extralimitación de poderes?

La rectora Villamizar remitió una comunicación a la ministra de Educación, el presidente Duque y el gobernador de Cundinamarca en la que informa que su delegada en el Consejo, Díaz Ortiz, informó a unos consejeros que no era conveniente compartir entre la comunidad académica la propuesta de nuevo estatuto, porque eso “era retrasar el proceso”. Villamizar señala que, en sesión del CSU, Díaz Ortiz la increpó por haber socializado la propuesta de nuevo estatuto.

Hay un abierto enfrentamiento entre la rectora y algunas consejeras con la delegada de la ministra y otros consejeros. En carta al Gobierno Nacional la rectora denuncia “el trato irrespetuoso reiterativo por parte de los consejeros a la gestión institucional y a las directivas de la Universidad, que, a partir del año 2020, es propiciado por la presidenta del Consejo – delegada del Ministerio de Educación Nacional, tal como consta en las grabaciones de las sesiones. Lo cual podría ser abuso de poder y usurpación de funciones públicas”.

La propia rectora ha pedido al presidente Duque “revisar el apoyo que ha brindado el delegado de Presidencia de la Republica ante el CSU y se adelanten las gestiones para su cambio, por un delegado que permita propiciar trabajo respetuoso y en equipo, en pro del bienestar de la comunidad universitaria y progreso de la Universidad”.

Recomposición del Consejo

Todo esto también conlleva la pugna por la re-composición del próximo Consejo, dado que a algunos se les ha vencido su periodo estatutario.

Eso llevó a que el pasado 29 de abril, la rectora con las representantes de las directivas académicas de los docentes se retiraran de la sesión, en desacuerdo con la manera como los demás consejeros decidieron anular la convocatoria (que son actos administrativos) para la elección de nuevos representantes de sector productivo y de egresados que, estatutariamente, terminaron su periodo de representación el 27 de abril y 3 de mayo respectivamente.

Algunos consejeros argumentan que dicha elección debe hacerse con base en un nuevo estatuto, aún no aprobado ni discutido con la comunidad universitaria, y la rectora y las dos consejeras consideran que esto va contra las normas.

El representante del presidente justifica que el proceso debe anularse y que debe darse con el nuevo estatuto, avalado en el decreto 491, de 2020, de emergencia económica, en una relación jurídica que no parece tener sentido alguno.

Lea: Unicolmayor: Se enrarece el ambiente frente a próxima elección rectoral

Otro tema que ha enfrentado al Consejo es la propuesta de Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025 que desde hace meses, según rectoría, está terminado, pero no se ha discutido en dicho cuerpo colegiado, pese a ser programado en cinco sesiones, y que la propia delegada de Mineducación, según se informó por parte de la Rectoría a la ministra Angulo, solicitó a la rectora “de manera verbal en varias oportunidades que expida una resolución ampliando el PDI 2015-2019 ya vencido o que ella lo va a proponer ante el C.S.U., para aprobación de este cuerpo colegiado“. La no aprobación del nuevo plan (ya aprobado por el Consejo Académico) podría tener impacto sobre los recursos para el funcionamiento de la Universidad.

Una universidad paralizada

La confrontación ha llevado, entre otros aspectos a que la acreditación institucional no se haya logrado. En comunicación de la rectora a la ministra Angulo ésta informa que, por ejemplo, “varias de las observaciones realizadas por los pares en la visita de Acreditación Institucional fue la ausencia y poco compromiso del CSU en dicha visita como máximo órgano de gobierno”.

Por ahora el tema no avanza, las conversaciones y sesiones del CSU se dilatan en pedir explicaciones, informes, aplazamientos y hasta en discutir si prohibir o no entregar a terceros actas, audios y grabaciones de las mismas, mientras que el Ministerio no dice más allá de lo que su delegada opina.

Esta situación ha impactado el presupuesto de la IES, pues de 16 sesiones programadas en 2019, se realizaron 33, y según el reglamento del CSU de esa IES, los miembros del Consejo Superior Universitario reciben como honorarios el equivalente a dieciséis (16) salarios mínimos diarios legales vigentes por sesión” ($585.200, a valores 2020).

Espere mañana la segunda parte de este informe, relacionada con la llamativa demora en la adquisición de un predio a donde debe trasladarse la Universidad, habiendo los recursos para ello.

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