El Observatorio de la Universidad Colombiana




Mineducación y justicia “aprietan” a Unicesar, para que “enderece” su gobierno

Feb 15/21 Mineducación ordenó a la UPC cumplir acuerdos contractuales y completar el Consejo Superior; tutela reintegra a representante docente en el Superior, y Procuraduría anuló una sanción de 2.020.

La gobernabilidad en la Universidad Popular del Cesar es muy frágil, los intereses políticos tienen mucha fuerza, la rotación rectoral no garantiza estabilidad de un proyecto educativo (14 rectores en los últimos 15 años), su actual rector (e) fue elegido por sólo tres miembros del Consejo Superior y se desconoce cuánto se convocarán elecciones formales para tener rector en propiedad, pues por ahora ni siquiera hay un Consejo Superior completo.

Por ello tres actuaciones externas se han dado en estos días:

1) Mineducación ordena actuaciones, en ejercicio de la Ley 1740 de 2014

Como producto de una investigación preliminar, en diciembre pasado, mediante Resolución No 023672 del 21 de diciembre de 2020, el Ministerio ordenó medidas preventivas y de vigilancia especial para la Universidad Popular del Cesar – UPC-, y por ello la subdirectora de Inspección y Vigilancia del Viceministerio de Educación Superior, Gina Margarita Martínez Centanaro, el jueves pasado, le ordenó, en carta al rector (e), José Rafael Sierra Lafaurie, que la Universidad tiene que:

a. Garantizar que se dé la presencia de estudiantes y egresados en los cuerpos colegiados de la Universidad Popular del Cesar UPC, pues no se ha actuado luego del vencimiento de los periodos respectivos.

b. Ordenar al Rector y Representante Legal de la UPC que cumpla lo establecido en el numeral 30 de la Resolución 1672 de 2020, y en consecuencia toda decisión de vinculación o desvinculación de profesores catedráticos y ocasionales atienda dicho precepto. Dicha Resolución comprometía a la Universidad, con sus sindicatos a que los profesores catedráticos y ocasionales no podrían ser vinculados o desvinculados unilateralmente por el Director de Departamento y/o Decano, sino el nominador de la Institución y de manera motivada, respetando la evaluación y el debido proceso.

Advierte el Ministerio de Educación que, en el marco de su potestad sancionatoria podrá imponer sanciones administrativas a consejeros y directivos de las IES, entre otros, cuando se incurra, entre otros, en faltas como:

1. Incumplir los deberes o las obligaciones Constitucionales, legales o estatutarias que les correspondan en desarrollo de sus funciones.
2. Ejecuter, autorizar, o no evitar, debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la Constitución, de la ley, de las normas que expida el Gobierno Nacional, de los estatutos o de cualquier norma o disposición a la que en ejercicio de sus funciones deban sujetarse.
3. Incumplir las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia.
4. No presentar informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas, oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incomplet

2) Fallo de tutela ordena reintegrar representante de los docentes en el Consejo Superior

En sentencia del 10 de febrero pasado, el Juzgado Segundo de Familia de Valledupar falló a favor del profesor Rafael Ricardo Corrales Arzuaga, elegido representante de los docentes ante el Consejo Superior de la UPC, quien denunció que el rector (e), Jospe Rafael Sierra Lafaurie, le impidió su representación, violando sus derechos al debido proceso y a no participar, a elegir y al ser elegido por parte de la Universidad.

Este fue uno de las varias resoluciones que, para afianzarse como rector (e), realizó Sierra cuando fue elegido de forma polémica por el Consejo Superior, en reemplazo del también rector encargado Raúl Adolo Gutiérrez Maya.

En el texto del fallo se confirma también cómo, por ejemplo, la citación para el Consejo Superior que eligió a Gutiérrez, y en la que no se invitó a Corrales, se dio de un día para otro, sin cumplir los requisitos procedimientales definidos para ello, y que ésta fue realizada desde la cuenta de correo electrónico del despacho del Gobernador del Cesar.

3) Procuraduría anula sanción a Consejeros

En febrero de 2.020, y en primera instancia, la Procuraduría General de la Nación había sancionado con destitución e inhabilidad por 12 años a 3 integrantes del Consejo Superior de la UPC (Carlos Emiliano Oñate Gómez, Jaime Enrique Maestre Aponte y Luis Napoleón Durán Cortes), por extralimitación de funciones. Así mismo, a los representantes del sector productivo y de los egresados (Karla Jaramillo Suárez y Jorge Alberto Manjarrez García), por ser particulares que ejercían funciones públicas, el ente de control los sancionó con multa de $7’392.000.000, equivalente a 12 salarios mínimos vigentes para el año 2014.

La razón: Los funcionarios excluyeron del Consejo Superior al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, sin justificación legal y sin la competencia para realizar modificaciones al estatuto que establecía la conformación del órgano de dirección y gobierno de la universidad.

Lea: UPC: Por excluir al gobernador, Procuraduría sanciona miembros de Consejo Superior

No obstante, la Sala Disciplinaria de la misma Procuraduría General de la Nación decretó la nulidad del fallo preliminar, por habérseles violado el debido proceso.

La defensa de los disciplinados, en manos de Jhon Carpio, presidente de la firma de Carpioabogados -y docente de la UPC-, demostró que estos fueron sancionados por falta de asesoramiento y confusión con respecto al artículo 64 de la Ley 30 de 1992.

Dice la norma que: “el Consejo Superior Universitario estará integrado por el Ministro de Educación Nacional o su delegado, quien lo presidirá en el caso de las instituciones de orden nacional, el gobernador de dicho departamento, un miembro designado por el presidente de Republica que haya tenido vínculos con el sector universitario, un representante de las directivas académicas, de los docentes, egresados, del sector productivo, un exrector universitario y por último un rector con voz y sin voto”.

No obstante, el acuerdo que ratificaba la salida del gobernador no se concretó y el mandatario siguió convocado a los consejos durante su primer periodo de gobierno, pero este  interpuso una acción de tutela.

 

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