Nov 22/20 Una pugna entre políticos habría llevado a dar un “golpe de estado” al rector (e) para poner otro, con un Consejo Superior de solamente tres asistentes.
Así, en su aniversario institucional número 44, un Consejo Superior mínimo eligió como nuevo rector encargado a José Rafael Sierra Lafauríe, terminando el encargo de Raúl Gutiérrez Maya.
Según medios locales, la jugada habría sido orquestada desde la Gobernación del Departamento, para favorecer al clan político de los Gnecco, y quitar del cargo a un representante del Uribismo.
Gutiérrez Maya, quien era el secretario general de la Universidad, estaba como rector encargado desde julio pasado, luego que el Consejo de Estado comunicara al Consejo Superior de la UPC la suspensión sobre la rectora Darling Guevara, elegida en diciembre pasado, con el apoyo del Uribismo.
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Sierra Lafauríe, el nuevo rector (e), es el actual jefe de la Oficina de Presupuesto. Lleva 22 años vinculado a la Universidad y ha sido también Secretario General y jefe de Talento Humano.
Hoy el Consejo Superior Universitario solo cuenta con 5 representantes, pues el periodo electoral de cuatro de ellos terminó a comienzos de año. Los cinco habilitados son Diana Marcela Durán, delegada del Ministerio de Educación; Jackeline González Padilla, delegada del Presidente de la República; Carlos Morón Cuello, representante de los exrectores; Joaquín Manjarrés Murgas, representante de los gremios, y el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, o su delegado.
El “derrocado” rector, quien sice que sigue siendo el rector, rechazó la legalidad de la sesión del Consejo Superior, por no responder a lo contemplado en los estatutos, con lo que los actos administrativos que se dicen fueron expedidos por el Consejo, son documentos sin un valor oponible a la Universidad Popular del Cesar (ver video).
Pugna política por la Universidad
Según reporta la prensa regional, lo que hay detrás de estos cambios es el interés de hacerse al control político de la Institución. La emisora Radio Guatapurí había denunciado, desde comienzos de mes, que “Cuando se esperaba unidad de criterios y armonía entre los consejeros para la toma de decisiones, desde la gobernación del Cesar se orquestó un nuevo intento por apoderarse de la UPC. En efecto, en la sesión del pasado 3 de noviembre hubo un conato de ‘golpe de Estado’ al encargo que viene adelantando Raúl Adolfo Gutiérrez Maya, al alinearse bajo la égida del gobernador los consejeros Carlos Morón Cuello y Joaquín ‘Ata’ Manjarrés, lo que les daría una mayoría precaria de tres votos a dos para tomar decisiones en un órgano que en tiempos de normalidad debe funcionar con un total de nueve miembros”.
En la escogencia última, solo participaron 3 de los 5 consejeros habilitados, aunque no participaron los titulares sino los suplentes. Por los exrectores votó Jesualdo Hernández; por los gremios Arnulfo Cotes, y Sergio Barranco Núñez, como represente del gobernador.
El diario El Pilón hace el siguiente análisis de la situación política de esa Universidad, con la elección:
El voto ‘sorpresivo’ y que dio la mayoría fue el del suplente del representante de los gremios. Reconocido miembro del Centro Democrático, Joaquín ‘Ata’ Manjarrés, en cabeza de su suplente, apoyó el cambio de rector en la UPC.
Pero, ¿quiénes pierden y quiénes ganan con esa decisión? Algunas voces, como las de Radio Guatapurí y directivos de la universidad, señalan que con el ‘golpe de estado’ y el nombramiento del nuevo rector ganaron los Gnecco. Incluso, señalan que la ‘jugadita del aniversario’ fue dirigida desde la Gobernación del Cesar. Lo que sí es seguro, agregan conocedores, es que Sergio Araujo, en cabeza del uribismo del departamento, perdió el control de la universidad.
Araujo había dirigido la campaña de Darling Guevara, logrando, con polémica, su elección como rectora. Sin embargo, en mayo de este año, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente su designación. La sentencia fue confirmada, pero aún se espera una decisión de segunda instancia. Una sentencia en favor de Guevara significaría el regreso del uribismo a la dirección de la UPC.
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Contrario a las versiones externas, voces de la universidad calificaron al nuevo rector como un apolítico, “una persona de las que necesita la universidad”. Quienes lo apoyaron dicen que la Gobernación “no tuvo injerencia en la decisión”.
Pero más allá de sus relaciones políticas, como es costumbre, lo más probable es que la elección de José Rafael Sierra sea demandada ante tribunales judiciales. Incluso, el Ministerio de Educación envió un documento de dos páginas en el que señalaba que la citación extraordinaria del 19 de noviembre no cumplía con las exigencias establecidas en la normatividad interna por varias razones.
Según el documento, “la convocatoria no fue efectuada por el número de mínimo de miembros del órgano colegiado de gobierno; y, segundo, no fue remitida con antelación razonable“. Por eso, agregaron desde el Ministerio de Educación, “las presuntas irregularidades pueden afectar la legalidad de las decisiones que se adopten en el desarrollo de la sesión extraordinaria”.
“El incumplimiento del presente requerimiento puede dar lugar a multas sucesivas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes a los miembros del órgano de dirección o a quienes obstruyan o dificulten la materialización del mismo, tal como lo enseña el numeral 8 del artículo 9 de la Ley 1740 de 2014, sin perjuicios de las investigaciones administrativas sancionatorias que haya lugar”, concluye.
Esa interpretación del Ministerio de Educación fue una de las razones por las que no asistió a la sesión la delegada del presidente de la república, Jackeline González. Además, la consejera solicitó a la Procuraduría Regional del Cesar una intervención preventiva ante la convocatoria.
Entre tanto,y en el día del cumpleaños de la universidad, Jaime Murgas Arzuaga, uno de los fundadores, llamó a las autoridades administrativas de la universidad a superar las dificultades. Además, cuestionó a los dirigentes.
“El horizonte institucional de la UPC actualmente es oscuro, sus órganos de gobierno no saben qué hacer, bajo los intereses politiqueros y ambiciones de los personajes y grupos que se disputan el poder y se olvidan del cumplimiento de sus deberes y de las normas legales, que rigen y deben aplicarse para enrumbar a nuestra Universidad por los senderos del progreso, su verdadera autonomía y su sagrada misión y visión en nuestro compromiso histórico con las juventudes estudiosas del Cesar y de Colombia”, dice el texto.
