Nov 8/23 En 5 semanas el Congreso termina su primer periodo de la actual legislatura, y la ley estatutaria no ha recibido su primera ponencia y la reforma a la ley 30 ni siquiera ha sido radicada. El Ministerio trabaja en el tema, pero el camino no es fácil.
La Cámara de Representantes (en donde el Gobierno nacional tiene un mejor ambiente que en el Senado) designó un grupo de congresistas para que avanzaran en la ponencia de la propuesta de ley estatutaria en educación, y el abogado Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, actúa como su coordinador, en equipo con la autodenominada “Bancada por la Educación”, conformada por amigos el gobierno nacional para impulsar la iniciativa.
A la fecha no han realizado la presentación de la ponencia en la Comisión Primera, de asuntos constitucionales y ésta se ha venido corriendo en fechas (sería la semana del 20 de noviembre), dado que se decidió, antes, hacer un recorrido por el país para hacer audiencias públicas y escuchar a los más variados actores del sector -especialmente estudiantes-, como una forma de responder a los cuestionamientos de algunos de que la propuesta fue radicada sin haber sido previa y debidamente consultada.
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Más allá de avalar la propuesta, lo que se ha aparecido en el ambiente es una multitud de inquietudes de parte de la sociedad sobre los alcances y ámbitos que debe cubrir la ley estatutaria, lo cual -al parecer- llevará a que el texto radicado sea replanteado, o como producto de lo que se plantee en la ponencia, éste sea fuertemente modificado en el Congreso.
Y además de lo complejo que significa lograr consensos al respecto, ahora surge la duda de cómo tratar el tema y convencer al sector de que no todas las inquietudes se pueden responder y abordar con la ley estatutaria, que hay temas que necesariamente conllevan otras reformas de ley y que aspectos como la gradualidad y el impacto fiscal -sobre todo este último- serán de crucial manejo en el Congreso.
Entonces surge la pregunta, sin respuesta aún por parte del Ministerio de Educación y los congresistas, de cómo, por ejemplo, una ley estatutaria debe responder a la necesaria articulación entre la educación media y la superior, de qué respuesta se debe dar a las escuelas normales, de cómo mejorar la infraestructura, la cobertura y hasta la preocupación por las madres comunitarias, entre otros temas de especial preocupación por parte de sectores sociales.
Luego viene la duda de cómo articular con una posible reforma a la Ley 115 de 1994, sobre educación; una reforma al Icetex; la reforma a la Ley 30 de 1992; la reforma al Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001).
Y todo lo anterior, en el contexto técnico y político que significa el Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación, y el entorno del gobierno tras los resultados electorales del pasado 29 de octubre.
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Sobre la reforma a la Ley 30 de 1992
El viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego (foto), ha dicho que se tiene un nuevo texto de reforma a la Ley 30 de 1992, que no se ha hecho público y que presenta significativos cambios (porque quieren una nueva ley y no una reforma y porque, en sus palabras la “Ley 30 nos fracturó”, en alusión a la división entre universidades y demás instituciones de educación superior).
