Nov 8/23 Detrás de múltiples demandas y recusaciones contra el Consejo Superior de la U. de Cundinamarca para evitar que avance la elección está un abogado que, a su vez, tiene un largo litigio judicial con esa Universidad por miles de millones de pesos.
Se trata de César Augusto Moya Colmenares (foto derecha), experto en adelantar innumerables acciones legales ante los organismos de justicia para defender a sus clientes, y quien ha interpuesto decenas de recusaciones contra el proceso de elección de rector para los próximos cuatro años, y en la que muy posiblemente resulte electo, nuevamente, Adriano Muñoz Barrera (foto izquierda).
Que el proceso de convocatoria rectoral tiene vicios de forma, que las fechas no coinciden, que no se publicó debidamente, que hay miembros del Consejo Superior Universitario impedidos, que la secretaría general actúa en forma no regular en el proceso, que Muñoz Barrera debe declararse impedido y hasta que una conversación personal -no oficial- de la designada del presidente Petro en el Consejo Superior estaría denunciando vicios en la elección…. hacen parte de las decenas de actuaciones que ha intentado Moya Colmenares (ya muy conocido en la Universidad porque en la elección pasada de Muñoz también las intentó) para evitar -como él mismo lo ha dicho en sus escritos y entrevistas- que se re-elija al actual rector.
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El conflicto de interés, por Moya muchas veces denunciado por directivos y consejeros de la Universidad de Cundinamarca, también se aplica al caso de Moya, pues éste tiene una larga pelea judicial con la Universidad luego que para la Contraloría de Cundinamarca, un contrato que este abogado suscribió con el anterior rector, por allá en 2005, Adolfo Miguel Polo Solano, fue considerado causal de presunto daño al patrimonio de la Universidad en cerca de 90 mil millones de pesos.
Derivado de ese contrato, a Moya la Universidad le pagó más de 9.700 millones de pesos y, según un informe que la IES entregó a la congresista Aida Avella, en 2020, el rector Muñoz Barrera indica que “Moya Colmenares pretende que la Universidad de Cundinamarca reconozca el cobro adicional a los más de nueve mil millones de pesos. Para tal fin ha formulado alrededor de 40 peticiones a la Universidad de Cundinamarca y a su vez ésta casa de estudios le ha negado el pago de dicha cifra”. A la fecha las peticiones ascienden a más de 100 y, por ahora, la Universidad, con base en órdenes judiciales, se ha negado a hacer pagos adicionales.
La polémica en torno del millonario contrato
En junio de 2005 se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 0168 entre César Augusto Moya Colmenares y la Universidad de Cundinamarca, entonces regida por Adolfo Miguel Polo Solano, para asesorar a la Universidad en el cobro prejudicial y judicial de las obligaciones que, para entonces y desde 1993, tenían con la Universidad, la Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de Cundinamarca, a través de la Gobernación.
Como producto de dicho contrato, tanto Moya Colmenares y Polo Solano fueron imputados por los presuntos delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, y la propia Universidad -luego- solicitó la nulidad del contrato y su incumplimiento.
Las posibles irregularidades que detonaron la situación se dieron tras el pago de honorarios, entre 2006 y 2014, tras la gestión prejudicial de Moya por $9.703.671.369.oo, y como resultado de la modificación de una cláusula que tenía que ver con la forma de pago efectuada al contrato en 2012. Es decir, la discusión en torno del porcentaje de los dineros recuperados (también en especie) que debían reconocerse a Moya.
En esta discusión jurídica hay varios procesos abiertos (no sólo de lo contencioso administrativo, sino también penal), que se espera que se resuelvan pronto después de varios años, y -según miembros de la comunidad de la Universidad de Cundinamarca, el interés particular de Moya de dilatar, bloquear o anular el proceso de elección, estaría dirigido a evitar que Muñoz Barrera sea re-elegido.
Aunque es un tema institucional y no importa quién sea el rector, la Universidad de Cundinamarca debe avanzar en su protección legal y financiera.
