Para Víctor Manuel Gómez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, más allá de evaluar subsidios del Estado a las IES privadas, se requiere hacer una revisión estructural del alcance y modelamiento del sistema educativo.
Dos recientes artículos en el Observatorio de la U Colombiana han señalado la difícil situación económica de numerosas IES privadas, se mencionan 180 con problemas y 160 de éstas con riesgo de quiebra y desaparición. (‘Complejo panorama de la ed. superior privada en Colombia, enero/22 y ‘IES privadas, incómodas por no apoyo del Gobierno para gratuidad de estratos 1 a 3’, febrero 7/22).
Pueden señalarse diversos factores de esta situación:
a) la disminución de matrículas después de los dos largos años de pandemia y las limitaciones de la educación virtual para muchos estudiantes de bajos ingresos. Desde 2018 se ha evidenciado una disminución de la matrícula en 10% y 20% en diversos programas e IES, la que aumentó a 30% en algunas IES durante la pandemia. Y la demanda de educación superior disminuirá fuertemente en las próximas dos décadas por la continua reducción de la población menor de 15 años. La transición demográfica conducirá al cierre de numerosas IES, sobre todo las concentradas en pocas áreas urbanas.
b) la creciente preferencia de muchos estudiantes por programas cortos, generalmente no-universitarios, de formación y calificación en áreas laborales específicas, como alternativa a programas largos en áreas tradicionales, muchas de ellas saturadas de matriculas debido a la escasa diversificación y modernización en la oferta de programas. (Ver: ‘La vía rápida hacia nuevas competencias. Programas cortos de educación superior en AL y C.’ Banco Mundial, 2021);
Lea: Banco Mundial recomienda, tras pandemia, fortalecer programas técnicos
c) la rápida disminución de matrículas en programas técnicos (de 52 instituciones en el 2001 solo quedan 29 actualmente, varias de éstas sin actividad y con solo 2% del total de la matrícula en educación superior), lo que el Observatorio ha llamado como la ‘extinción’ de ese tipo de formación; (‘La lenta y desapercibida extinción de las instituciones técnicas profesionales’, Marzo /21).
d) también se postula que la política de gratuidad en IES públicas genera una deriva de estudiantes de bajos ingresos, beneficiarios de esa política, hacia IES públicas en perjuicio de las IES privadas. Lo que es inequitativo pues éstas también cumplen la función pública de educación de la juventud.
Estos artículos, originados en gremios como ACIET y directivos de algunas IES privadas, pretenden llamar la atención sobre la inminente quiebra y desaparición de algunas IES (se mencionan 160) y solicitan la extensión de la política de gratuidad a estas IES privadas.
En diversas sociedades es común la financiación pública, estatal, a universidades privadas, sometidas a estrictos esquemas de evaluación y rendición de cuentas (accountability). De esta financiación se espera la generación de bienes públicos de gran valor social, como la atención a determinado tipo de poblaciones, la mayor diversidad racial, étnica, religiosa.., y aportes específicos a la Ciencia o la cultura. En todo caso prima el criterio de costo/beneficio de esa inversión pública en instituciones educativas privadas.
En el caso del discurso de ACIET, es una típica elaboración gremial orientada a favorecer los intereses de sus instituciones, pero carente de la mínima autoevaluación de su situación académica, de la calidad y pertinencia de sus programas, así como de la ubicación geográfica de esas instituciones.
Los tres primeros factores ya señalados pueden aplicarse a estas IES y programas y ser causa eficiente de su grave situación económica y académica. La disminución de la matrícula puede deberse tanto a carencias y dificultades en la formación virtual, a la transición demográfica, como a la tendencia de muchos jóvenes a buscar alternativas cortas y especializadas (job specific) a los programas largos y tradicionales; los programas técnicos han reducido dramáticamente su matrícula, debido en gran medida a la percepción de su baja calidad y pertinencia (es imposible una educación técnica moderna financiada con bajos costos de matrículas de estudiantes de ingresos limitados). Otro importante factor es la ubicación geográfica de estas IES, concentradas en unas pocas áreas urbanas, de alta competencia con otras IES por un mercado de matrículas concentrado en pocas áreas de formación. A mayor competencia entre instituciones cercanas mayores dificultades para las IES más débiles y de menor innovación en la oferta de nuevos programas y modalidades de aprendizaje.
No es válido, por tanto, adjudicarle la grave crisis de muchas IES privadas a la política de gratuidad en la educación pública. Estas IES privadas en crisis deben primero realizar una exhaustiva autoevaluación de los diversos factores, externos e internos (de gestión), de su situación, antes de clamar en público por financiación pública de programas e IES de baja calidad y pertinencia.
En cuanto a la cobertura, aunque estas IES privadas recibieran subsidios públicos, su cobertura solo sería menos de una cuarta parte del total actual, que deja la mitad de la población excluída de la educación superior. Lo que señala claramente que el problema de la cobertura reside en la estructura de la oferta: alta concentración en las principales áreas urbanas y carencia de ofertas y oportunidades en la mayoría de los municipios pequeños e intermedios en los que habita la mayor parte de los jóvenes mayores de 17-18 años. Las oportunidades de educación superior están altamente concentradas en unas pocas áreas urbanas con alta densidad poblacional y amplio mercado de demanda por educación superior. Pero el resto de la población de jóvenes, los habitantes de municipios pequeños, de 60 mil o 120 mil habitantes, carentes de programas públicos de formación postsecundaria, tal vez con algún programa de institución privada solo al alcance de una pequeña minoría de estudiantes locales. Es el drama de la juventud sin oportunidades. (ver: ‘Responsabilidad del sistema educativo en el conflicto social’. Junio /21. www.universidad.edu.co).
A nivel nacional la tasa de cobertura en el nivel medio es de 40%-50%, lo que implica que la mayoría de ese grupo de edad ni siquiera recibe la formación básica requerida para el desempeño en la sociedad como ciudadanos y trabajadores.
En el transcurso de pocos años esta población marginada suma cientos de miles, y millones, de jóvenes ‘sin futuro’. No hay oportunidades de formación, ni de integración social, para esta enorme masa de jóvenes desescolarizados, lo que los condena a vidas ‘sin futuro’, de marginación social y laboral, y a conductas de delincuencia, narcotráfico, prostitución y diversas modalidades de criminalidad y violencia. Por otra parte, es mínimo el aporte de esta población al desarrollo de las fuerzas productivas y al empleo.
Para la otra mitad de los jóvenes, los que logran salir de grado 11, es bien conocida la difícil situación de oportunidades educativas. Son muy escasas las oportunidades de educación técnica moderna y de calidad, pues no hay un sistema postsecundario de educación técnica, como el existente en muchos países (community colleges, hogescholen, politécnicos, escuelas técnicas, etc.), que sirva de alternativa a la educación universitaria tradicional de ciclo largo, a la que solo accede el 38% o 40% de esos egresados.[1]
La cobertura de jóvenes a la educación postsecundaria no se logra con las actuales instituciones y su distribución geográfica. No es con ‘más de lo mismo’ que se puede aumentar significativamente la cobertura. Se requiere entonces una nueva política de cobertura, no basada en algunas IES concentradas en unas pocas áreas urbanas.
Se requiere que municipios pequeños e intermedios (mayores de 80 mil o 100 mil habitantes) organicen modalidades alternativas, locales, de formación postsecundaria, con financiación tripartita; local, departamental y nacional, y eventualmente del sector productivo; adaptando localmente la exitosa experiencia de los ‘community colleges’ de Estados Unidos, Japón, Corea y otras naciones. Podrían tentativamente denominarse como Politécnicos Municipales o Centros de Formación Laboral. El enorme presupuesto del SENA ($3.5 billones el año pasado) podría utilizarse para la financiación de muchos de estos Politécnicos Municipales o Centros de Formación Laboral de los municipios. Una mejor utilización social que el sostenimiento de una enorme burocracia.
En diversas oportunidades se ha señalado que la principal carencia de la educación colombiana es no haber organizado un sistema postsecundario de formación, desde el nivel municipal, por lo que la mitad de los jóvenes mayores de 16-17 años, no residentes en las 4 o 5 principales áreas urbanas, carecen de oportunidades de formación. Es desde el nivel municipal que se construye la igualdad social de oportunidades educativas y hacia donde debe dirigirse la financiación del Estado.
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[1] Solo hay 6 instituciones técnicas oficiales y 21 privadas, y 6 tecnológicas oficiales y 40 privadas.
