El Observatorio de la Universidad Colombiana




La información interna de IES privadas que incide en su gestión, es pública

Abril 7/21 Universidades privadas como la Autónoma de Colombia y el Externado intentan limitar la difusión de su información financiera, como si la educación superior no fuera un servicio público.

Esto es, aunque sean privadas en su manejo, las IES privadas prestan un servicio público controlado por el Estado y, por ende, las acciones de éstas que puedan impactar directamente su gobierno, gestión y viabilidad académica o financiera, constituyen información de carácter público, en virtud del impacto social y de la comunidad que recibe las consecuencias de sus actuaciones.

Claramente, las actuaciones internas de carácter personal y de reflexión o análisis, deben permanecer en dicho fuero reservado, así como las conductas, gustos y vida ínima y personal de sus directivos, pues esto se aleja del objeto misional de las IES y generalmente no trasciende a sus decisiones directivas.

El caso del Externado de Colombia

En la intención de evitar el público conocimiento de la información dada por el rector de la Universidad Externado de Colombia, al portal elradical.info, sobre los gastos de esa IES en viajes de sus directivos, el rector Henao advirtió al profesor Néstor Osuna que ésta tenía un carácter reservado por ser privada (lea la comunicación).

Para ello se ayudó de la sentencia T-690 de 2007 de la Corte Constitucional, que conceptuó que las Cámaras de Comercio son personas jurídicas privadas que prestan servicios públicos, tal como lo hacen las instituciones de educación superior privadas, y que “(…) tienen carácter privado todos los demás documentos de las cámaras de comercio, y particularmente todos aquellos relacionados o generados con ocasión del ejercicio de las funciones privadas propias de estas instituciones, como son por ejemplo, (…) los que atañen al manejo de sus recursos físicos y humanos, así como de los recursos financieros (…)”.

Lea: En El Externado, denuncian suntuosos gastos en viajes de rector Henao y de Secretaria General

El caso de la U. Autónoma de Colombia

A raíz de las publicaciones realizadas por este Observatorio sobre la situación financiera de esa Universidad, y particularmente sobre el llamativo y frustrado crédito – préstamo por 8 mil millones que esa IES iba a adquirir con un banco uruguayo, representado en Colombia por una empresa dedicada al cultivo de especias y de plantas aromaticas y medicinales, el rector (designado por Mineducación), Ricardo Gómez Giraldo, y la presidenta del Consejo Superior, Clemencia Bonilla Olano, han señalado que la carta en la que la FUAC desistía del préstamo de los 8 mil millones de pesos corresponde a un “documento privado” de la FUAC, “que contiene información privada y sensible de carácter financiero, que sólo es de interés para la Universidad”, por lo que invitan a este medio a abstenerse de publicar dichas informaciones.

Para justificar su reclamo, se basan en el inciso 3° del artículo 15 de la Constitución Política, que dice: “La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley”.

El préstamo de los 8 mil millones es una de las diversas acciones de esa universidad para superar su muy difícil, y pública, situación financiera, que cualquiera puede conocer no solo leyendo El Observatorio sino conociendo, en la propia página web de esa Universidad, el informe del rector a la Asamblea de Fundadores.

 

¿Por qué éstas no son informaciones privadas?

1) Porque la Ley 30 de 1992, que organiza el servicio público de la Educación Superior, es explícita en señalar que “La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado” (Art. 2).

La misma norma reconoce la autonomía universitaria (arts. 28 y 29), consagrada en la Constitución Política (Art. 69).

Vale señalar que, adicionalmente, las IES deben estar constituidas o constituirse como de utilidad común, sometidas a inspección y vigilancia, y deben ser responsables no sólo socialmente sino también en la publicidad de sus actuaciones. Tienen derecho a la privacidad y reserva de información, pero no de forma absoluta.

2) Porque la Ley 1740 de 2014, o de inspección y vigilancia (que fundamentó la intervención del Estado en la FUAC y el nombramiento del rector Gómez Giraaldo), contempla como una de sus finalidades “que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores, sin que pueda consagrarse o darse de forma alguna el ánimo de lucro”, y, por ende, uno de sus objetivos (numeral 5, artículo 3) es velar por “la eficiencia y correcto manejo e inversión de todos los recursos y rentas de las instituciones de educación superior a las que se aplica esta ley, en los términos de la Constitución, la ley y sus reglamentos”.

3) El Decreto 1330 de 2019, que actualizó las condiciones de calidad definidas en la Ley 1188 de 2008, sobre registro calificado que deben cumplir las IES, es explícito en que las IES tienen que establecer mecanismos para la rendición de cuentas por parte de su representante legal y órganos de gobierno, de forma periódica y participativa, con la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones.

También pide a las IES demostrar “recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas”, así como “condiciones financieras sostenibles”.

4) La Ley 1712 de 2.014, o “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional” parte del principio según el cual “toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada sino por disposición constitucional o legal”. Esto aplica a “las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que presten función pública, que presten servicios públicos respecto de la información directamente relacionada con la prestación del servicio público”.

Hacer públicos los recursos destinados por una universidad para la movilidad internacional de sus directivos o las gestiones para obtener préstamos no entran en las excepciones que esta norma cobija como protegidas de difusión. Es decir, no afectan la intimidad, la vida, la salud, la seguridad, ni hacen parte de secretos profesionales.

Vale insistir que si bien las gestiones del rector de la Universidad Autónoma de Colombia, Ricardo Gómez Giraldo, para gestionar y luego suspender el préstamo de 8 mil millones, hacen parte de su fuero rectoral y de la autonomía universitaria, la situación financiera de esa IES está delicadamente dependiente de situaciones como ésta. Como se ha dicho en este Observatorio, si bien los directivos relievan que en la Resolución 004088 de Mineducación, la cartera educativa avala las acciones de la Universidad y señala que “el modelo presentado contempla proyecciones, propuestas y formulaciones que evidencian la posibilidad de evolución de los ingresos costos y gastos de la institución en el largo plazo, permitiendo a través de los flujos de caja proyectados visualizar la viabilidad de la recuperación financiera de la FUAC”, también es cierto que dicha resolución señala que “preocupa la situación con este crédito (el finalmente frustrado con la Empresa Alternative Care S.A.S) debido a que su no desembolso en el 2021 dejaría a la institución con un déficit de aproximadamente $4.615 millones de pesos y posibles problemas de iliquidez, situación que pondría en riesgo la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad y continuidad”.

“El trámite de un crédito por parte de la IES, las calidades del o de los acreedores, la cuantía o monto y las condiciones y garantías que rodearan el negocio jurídico, así como las resultas del mismo, no tienen por qué ser, en el caso concreto, un tema de reserva, privado o sensible, máxime cuando debe contar con aval del Ministerio de Educación Nacional, que, además, servirá para garantizar razonabilidad financiera a la Institución y que puede comprometer sus rentas y estabilidad”, señala la experta en jurisprudencia educativa Gloria Yaneth Vélez Pérez.

Prueba de la responsabilidad social de las IES (incluso las privadas), también está en la constante y actual adopción de prácticas de rendición de cuentas y códigos de buen gobierno. Es así como en el caso de la Autónoma de Colombia, por ejemplo, en el artículo 75 de su Código de Buen Gobierno, dice que “la transparencia en la gestión, la idoneidad y pulcritud con que se desarrollen los procesos contractuales, la ética y el compromiso con las que se realizan las actividades para el cumplimiento de metas, son valores que deben estar implícitos en cada uno de los colaboradores de la Universidad”.

 

Consideración final

La información documental empleada por medios, como El Observatorio de la Universidad Colombiana, corresponde a hechos determinantes en la estructura financiera de las IES, que impactan su presente y futuro y que, en el caso de la Fundación Universidad Autónoma de Colombia, corresponde a acciones vigiladas directamente por el Ministerio de Educación Nacional, a través de un rector delegado, en pro de recuperar las finanzas de la universidad, y del legítimo interés que tiene este medio de llevar información clara a los usuarios del servicio público de la educación superior.

¿Qué dirá sobre esto en el Viceministerio de Educación Superior?

“Valga señalar que los actos administrativos que expide el Ministerio de Educación Nacional son públicos, salvo los sometidos a reserva, pero los relacionados con la intervención de la IES, no lo son. En ese sentido, dichos actos administrativos no están exentos de ser analizados desde diferentes tópicos profesionales, como el jurídico y el financiero, entre otros, y con mayor razón si se trata de un medio de información como El Observatorio de la Universidad Colombiana, basado en la investigación y el análisis que propugna por brindar actualidad, calidad y conocimiento del sector educativo”, concluye Vélez Pérez.

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