La Financiación de la Universidad Pública: Galo Adán Clavijo Clavijo – julio/22

Clavijo Clavijo presenta una detallada contextualización de cómo funciona el modelo colombiano, sus restricciones y los divesos enfoques que se pueden plantear para una reforma del mismo.

Presentación

Todos quisiéramos más recursos para las universidades públicas… pero la plata no alcanza”. Esta ha sido la respuesta gubernamental ante los reclamos de rectores, estudiantes, profesores y trabajadores por la crisis presupuestal de las universidades públicas. La respuesta se ha convertido en mantra y ha sido asumida, sin más debate, como cierta en muchos sectores sociales. La afirmación tiene dos partes, la primera se refiere a la voluntad política de realizar un derecho, la segunda, a la imposibilidad de hacerlo realidad. Merece la pena analizar si es cierta la voluntad de ese “todos” que se invoca con frecuencia, y evaluar la posibilidad o imposibilidad de garantizar recursos para la universidad pública”. (Fernández, 2018)

El financiamiento de la Universidad Pública en Colombia se da a través de mecanismos dirigidos a la oferta y de subsidios a la demanda. Entre los mecanismos de oferta se cuentan los aportes directos de la Nación y las entidades territoriales, la generación de recursos propios que cada institución consigue en el ejercicio de sus labores misionales de formación, extensión e investigación, los recursos provenientes de estampillas pro universidad, el apoyo de Minciencias a los proyectos de las universidades y los proyectos de fomento dirigidos desde el Ministerio de Educación Nacional

En Colombia, hay actualmente treinta y cuatro (34) Universidades Públicas (nacionales, departamentales y municipales). Todas ellas reciben recursos del orden nacional para funcionamiento e inversión, como está establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y algunas obtienen adicionalmente recursos locales de las ciudades donde funcionan sus sedes o del departamento. Como fuentes importantes adicionales están las denominadas “estampillas”, que se han aprobado en el Congreso autorizando transferencias a las universidades con destinación específica, provenientes de diferentes fuentes de impuestos, principalmente departamentales. 

 La Ley 1697 de 2013 (diciembre 20) Por la cual se crea la estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia. 

Artículo 1°. Créase y emítase la Estampilla Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia, con un término para su recaudo de veinte (20) años.

Artículo 2°. Naturaleza jurídica. La estampilla “Pro Universidad Nacional de Colombia y demás universidades estatales de Colombia” es una contribución parafiscal con destinación específica para el fortalecimiento de las universidades estatales y que será administrada directamente por el ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo.

Artículo 3°. Distribución de los recursos. La distribución de los recursos recaudados por la presente estampilla se realizará de la siguiente manera:

Durante los primeros cinco (5) años, a partir de la promulgación de la presente ley, el 70% del recaudo se transferirá a la Universidad Nacional de Colombia y el 30% restante a las demás universidades estatales del país. A partir del sexto año el 30% de lo recaudado se transferirá a la Universidad Nacional de Colombia y el 70% a las demás universidades estatales del país.

Parágrafo. Los recursos transferidos a las universidades estatales, exceptuando la Universidad Nacional de Colombia, se asignarán mediante resolución del Ministerio de Educación Nacional. Dicha asignación se hará de acuerdo con el número de graduados por nivel de formación del año inmediatamente anterior en cada institución. La ponderación de cada graduado por nivel se hará de la siguiente manera:

Nivel Valor
Doctorados 4
Maestrías y especializaciones médicas 3
Especializaciones 2.5
Pregrado 2

Para los programas no presenciales en cualquier nivel de formación, se asignará el valor por nivel correspondiente definido en la tabla anterior.

Leer el texto completo de la LEY 1697 DE 2013: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56125

Además, las Universidades en desarrollo de las funciones misionales, junto con la formación y la investigación es la extensión universitaria y por esta vía se suman a los recursos, más los provenientes de matrículas, los que genera la extensión universitaria no solidaria, correspondientes a asesorías, consultorías y cursos de extensión principalmente.

Como bien se puede comprender, la complejidad y el tamaño de las Universidades Públicas está en relación directa con su financiación y esta la debe garantizar el Estado para que tengan la capacidad necesaria para desarrollar su misión exitosamente.

Ejemplos de estampillas

En los últimos años la creación de estampillas a la contratación con el Estado ha sido una de las alternativas para financiar la Universidad Pública. Aquí están algunas de las más importantes y las universidades a las que buscan beneficiar.

1) Universidad Distrital Francisco José de Caldas:La estampilla pro Universidad Distrital es cobrada a quienes realizan contratos con la alcaldía de Bogotá, con los institutos distritales y con la misma universidad. La tarifa es del 1% de los pagos que realicen las entidades de la ciudad al contratista por sus servicios. 

2) Universidad Pedagógica Nacional: Fue creada por el Consejo de Bogotá y se cobra sobre los contratos de estudios de diseño, factibilidad, consultorías o interventorías para obras públicas en Bogotá. Equivale al 0.5% del contrato

3) Universidad de Antioquia: Es recaudada por la Gobernación de Antioquia sobre los licores y alcoholes vendidos por el departamento o por otros productores y en los importados. La tarifa es del 2% del precio neto de venta.

4) Universidad de Cartagena: Esta estampilla se cobra sobre los contratos de obra pública que se realizan en el departamento de Bolívar y permite financiar proyectos de la entidad incluyendo iniciativas de bienestar universitario.

5) Universidad de La Guajira: Tiene distintas tarifas de recaudo entre el 1% y 2% y abarca contratos de obras públicas, pagos de entidades públicas a particulares y pagos de particulares a las empresas de explotación de recursos no renovables -principalmente carbón- en el departamento. También se cobra sobre los pasaportes que expida la gobernación. 

6) Universidad del Valle: La estampilla “Pro Univalle”, los recursos se destinan al equipamiento en tecnología, computadores e Internet. 

7) Universidad de Cundinamarca: Ley 1230 de 2008 (julio 16) Por medio de la cual se crea la estampilla Prodesarrollo de la Universidad de Cundinamarca, UDEC, y se dictan otras disposiciones

ARTÍCULO 1o. Créase la estampilla Prodesarrollo Universidad de Cundinamarca, UDEC.

ARTÍCULO 2o. Autorícese a la Asamblea Departamental de Cundinamarca, para que ordene la emisión de la estampilla Prodesarrollo Universidad de Cundinamarca, UDEC.

ARTÍCULO 3o. Artículo corregido por el artículo 1 del Decreto 4400 de 2008. por el cual se corrige un yerro en el artículo 3° de la Ley 1230 del 16 de julio de 2008.

El nuevo texto es el siguiente:

El valor correspondiente al recaudo por concepto de lo establecido en el artículo 1o de la presente ley, se distribuirá y destinará así: El treinta por ciento (30%) para inversión en el mantenimiento, ampliación y modernización de su planta física, futuras ampliaciones y construcciones; el treinta por ciento (30%) para el desarrollo y modernización de la infraestructura tecnológica de la solución de tecnologías de información, Plataforma Virtual, Comunicaciones, Digitalización y Educación Virtual; el veinte por ciento (20%) en la Investigación Científica; el cinco por ciento (5%) modernización y dotación de los laboratorios; el cinco por ciento (5%) modernización y dotación de las Bibliotecas y para el Fondo Editorial; el cinco por ciento (5%) en la modernización de un centro de archivo y documental; el cinco por ciento (5%) para un programa especial de becas académicas y estudiantiles.

(…)

ARTÍCULO 5o. Facúltese a los Concejos Municipales del departamento de Cundinamarca para que hagan obligatorio el uso de la estampilla que autoriza la presente ley.

(…)

La Asamblea de Cundinamarca ORDENANZA No.216 de 2014 “POR LA CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE RENTAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, SE CONCEDEN UNAS FACULTADES AL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES” 

ARTÍCULO 270.- ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES. Adóptense para el Departamento de Cundinamarca las siguientes estampillas: Estampilla Pro Desarrollo Departamental, Estampilla Pro Electrificación Rural, Estampilla ProHospitales Universitarios de Cundinamarca, Estampilla Pro-cultura, Estampilla de Pro-desarrollo de la Universidad de Cundinamarca (UDEC) (subrayado fuera de texto) y Estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor; cuya regulación se encuentra definida en el presente Título.

En el 2019 la Asamblea de Cundinamarca aprobó el aumento de la Estampilla Pro-desarrollo del 0,5% al 1,5%, destinado para el financiamiento de la acreditación de los programas académicos, acreditación institucional, fortalecimiento de la investigación e infraestructura.  Se pasará de $2.000 millones a $5.500 millones, teniendo un incremento de $3.500 millones anual. El aumento se establece en la Ordenanza 078 del 12 de diciembre de 2018, la cual modifica el artículo 313 de la Ordenanza 216 de 2014.

El Concejo Municipal de Girardot creo el marco normativo de la Estampilla Prodesarrollo Universidad de Cundinamarca, UDEC mediante el Acuerdo 013 del 5 de septiembre de 2011, con un porcentaje del 1.5 %. Luego se modificó en el Acuerdo 014 del 10 de septiembre de 2013 con el porcentaje 0.5%.

Durante los años siguientes 2017 y 2018, el Concejo Municipal de Girardot aprobó el proyecto en primer debate en la Comisión de Hacienda, y en una sesión de comisión. Posteriormente en segundo debate se ratificó en tres sesiones plenarias, dando la modificación del Acuerdo 014 de 2018, con el incremento de la tarifa de la Estampilla Prodesarrollo Universidad de Cundinamarca-UdeC del 0.5% al 1%. La destinación de los recursos fortalecerá los procesos académicos, los programas de acreditación, y registro que se desarrollan en la Seccional Girardot.

La Ley 30 de 1992 y el modelo de financiación

En la Ley 30 de 1992 (diciembre 28).  Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. En el CAPÍTULO V. DEL RÉGIMEN FINANCIERO, se establece:

ARTÍCULO 84. El gasto público en la educación hace parte del gasto público social de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 350 y 366 de la Constitución Política de Colombia.

ARTÍCULO 85. Los ingresos y el patrimonio de las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior, estará constituido por:

  1. a) Las partidas que se le sean asignadas dentro del presupuesto nacional, departamental, distrital o municipal.
  2. b) Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran posteriormente, así como sus frutos y rendimientos.
  3. c) Las rentas que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos.
  4. d) Los bienes que como personas jurídicas adquieran a cualquier título

ARTÍCULO 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993.

ARTÍCULO 87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto. Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran.

PARÁGRAFO. El incremento al que se refiere el presente artículo se hará para los sistemas que se creen en desarrollo de los artículos 81 y 82 y los dineros serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), previa reglamentación del Gobierno Nacional.

¿En qué consiste el problema de financiación estructural? La Ley 30 de 1992 estableció que las transferencias de la Nación a los presupuestos de las universidades públicas se ajustan año a año con base al IPC; mientras que los gastos de funcionamiento e inversión de las mismas aumentan en promedio un 10,69%, es decir, entre 5 y 6 puntos porcentuales por encima del IPC. Y es que efectivamente los compromisos y gastos de las universidades públicas no son los mismos de hace 30 años, pues las universidades han evolucionado producto de su naturaleza y misión, atendiendo principalmente a las metas establecidas por el Ministerio de Educación Nacional para este sector y a los referentes nacionales e internacionales

El modelo actual de financiamiento de la educación superior consiste en aumentar el incentivo a la demanda en perjuicio del financiamiento de la universidad pública, cuya crisis se explica debido a la fórmula de financiación establecida en la Ley 30 de 1992, en sus artículos 86 y 87. De acuerdo con esta norma, la asignación de recursos que el Gobierno debe hacer año a año debe significar “siempre un incremento en pesos constantes”, es decir, debe estar por encima del índice de precios al consumidor (IPC). Así, si la universidad X en el año 1993 tenía Z recursos, para 1994 debía asignársele, por lo menos, Z + IPC.

Esta fórmula no tuvo en cuenta dos hechos, uno político y otro técnico. En términos políticos, esta fórmula de asignación mínima en la práctica se convirtió en un techo, pues asignar más recursos de los que la fórmula establecía se convirtió en un asunto por completo discrecional del Gobierno de turno, y desde 1993 ningún Gobierno ha hecho asignaciones presupuestales considerables más allá del mínimo establecido en la Ley 30.

En términos técnicos, aparece un elemento que era previsible: los costos de la educación crecen por encima del IPC, es decir, la cualificación docente, la infraestructura, los costos administrativos, las investigaciones académicas, los programas de bienestar, entre otros, crecen muy por encima del IPC. Ello a la larga condujo a crear una brecha entre la asignación presupuestal y las necesidades de las universidades públicas.

Los criterios de la Ley 30 se traducen en un desfinanciamiento histórico de la universidad pública para atender retos de investigación, acreditación de alta calidad, internacionalización, bienestar universitario, dotación tecnológica, que apenas se visualizaban en 1992; y que exigen inversiones superiores al IPC anual, como reiteradamente lo han reinvindicado sus rectores.

“Los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 han impedido que la universidad pública pueda tener los recursos necesarios para su funcionamiento, es decir, han generado el desfinanciamiento estructural de las IES públicas y que han conducido a que hoy el 50% de los recursos de funcionamiento sean recursos propios. Si esto no se reforma, las universidades públicas están condenadas a una nueva parálisis como sucedió en el segundo semestre de 2018”.  Jorge Torres Oviedo, presidente nacional del SUE.

“El actual mecanismo de transferencia es el IPC, con el cual la Nación todos los años les transfiere recursos a las universidades. Nosotros hemos crecido cinco puntos por encima del indicador de transferencia; eso nos tiene hoy en un déficit estructural que ha abocado a las IES públicas a generar los recursos faltantes para funcionar, a través de la venta de servicios. Nosotros planteamos el ICE, el Índice de la Canasta Educativa, que reemplazaría al IPC. Este nuevo indicador involucra componentes que no tiene el actual mecanismo de transferencia”.  Jorge Torres Oviedo, presidente nacional del SUE

“Si queremos cambiar ese indicador de transferencia hay que modificar esos dos artículos. Con base en estos argumentos y la realidad de contexto diseñamos desde el SUE un proyecto de reforma, en donde cambiamos el indicador de transferencia, que es el IPC, por el “índice de canasta educativa” que establece el DANE, el cual permite que los recursos que transfiera el Estado a las universidades públicas sean correspondientes al crecimiento institucional”, Jairo Torres Oviedo 

De acuerdo con el DANE: En el primer semestre de 2022 comparado con el segundo semestre de 2021, la variación semestral del Índice de Costos de la Educación Superior -ICES- fue 6,41%. Esta tasa es superior en 5,16 puntos porcentuales a la registrada en el segundo semestre de 2021, cuando presentó una variación de 1,25%. (DANE, información primer semestre 2022, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/educacion/indice-de-costos-de-la-educacion-superior-ices)

El informe de DANE, además, manifiesta que: El grupo de costos con la mayor variación fue el de gastos de personal que registró una variación de 6,43%, superior en 5,32 puntos porcentuales con respecto a la variación observada en el segundo semestre de 2021 (1,11%).

Entre tanto, la compra de bienes y servicios registró una variación semestral de 6,38%. Esta tasa es superior en 4,79 puntos porcentuales respecto a la registrada en el segundo semestre de 2021 (1,58%).

En términos de contribución a la variación semestral del ICES, el mayor aporte correspondió al grupo gastos de personal que contribuyó con 4,51 puntos porcentuales.

Leer: Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) I semestre de 2022, https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/icesp/bol_ICES_Isem22.pdf

No se puede dejar de mencionar, que entre los aspectos que más presionan el presupuesto, se encuentra el sistema de remuneración establecido para los docentes de las universidades públicas en el Decreto 1279 de 2002, que contempla incentivos sin límite de crecimiento anual, en términos de salario y bonificaciones por productividad académica, investigación, cualificación docente, entre otros; el cual está incrementando la nómina docente en más de tres puntos porcentuales (3%) por encima del IPC. Esta reglamentación expedida por el Gobierno Central con el objeto de impulsar los indicadores en educación superior y el acercamiento a los estándares internacionales, no estuvo acompañada de la respectiva financiación y han sido las Universidades Públicas quienes han venido asumiendo los costos de su aplicación.

Las propuestas de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992

La Ley 1753 de 2015 (junio 9) por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.

Artículo 223. Recursos para la infraestructura en educación superior. Modifíquese el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:

Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacionales y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993.

Parágrafo. En todo caso la Nación y las entidades territoriales podrán realizar de manera excepcional frente a situaciones específicas que lo requieran, aportes adicionales que se destinen para el financiamiento de infraestructura de universidades públicas, los cuales no harán parte de la base presupuestal para el cálculo de los aportes señalados en el presente artículo”.

La LEY 1955 DE 2019 (mayo 25).  Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, mediante el artículo 336, derogo el artículo 223 de la Ley 1753 de 2015

El Proyecto 414/21, radicado por el representante John Alejandro Linares Camberos, que modifica el artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. https://www.universidad.edu.co/proyecto-de-ley-busca-unificar-aportes-del-estado-por-estudiante-a-las-ies-publicas/

El siguiente es el articulado propuesto del proyecto denominado “Ley Social de Financiamiento a la Educación Superior en Colombia, por medio del cual se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992″:

ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así: “Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.

 Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes del presupuesto nacional y de las entidades territoriales, garantizando un incremento con relación al Índice de Costos de la Educación Superior que garanticen mantener o mejorar la calidad Educativa.

Parágrafo Primero. Si el incremento del Índice de Costos de la Educación Superior es menor al IPC, la nación deberá realizar el incremento con el IPC. La diferencia que resulte debe ser invertida en programas direccionados a mejorar la calidad educativa de las universidades.

Parágrafo Segundo. En el término de dos años el Gobierno Nacional debe garantizar la trasferencia de recursos igualitaria entre las diferentes universidades estatales u oficiales, otorgando el mismo monto por estudiante matriculado cada año sin disminuir el valor de las Universidades que más recursos reciben actualmente garantizando la progresividad hacia una calidad educativa Homogénea en el Sistema Universitario Estatal SUE.

Parágrafo Tercero. Aportes Territoriales. Todas las entidades territoriales donde esté ubicada una sede de una universidad pública o Estatal deben aportar el porcentaje mínimo del 1.5% de estampilla pro universidad producto del descuento a todos los convenios y contratos que firmen las entidades. Si se llega a encontrar en un mismo territorio más de una sede se distribuirá de acuerdo al número de estudiantes matriculados en cada sede. Si la universidad pública lleva el nombre del departamento o municipio se distribuirán los recursos en una proporción de 3 pesos por cada peso asignado a otra universidad. Con respecto a las gobernaciones el porcentaje mínimo debe ser de 2.5% de los descuentos a todos los convenios y contratos firmaos por la entidad territorial

Artículo 3. Modifíquese el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:

“Artículo 87. El Gobierno Nacional continuará garantizando que el incremento de los aportes para las universidades estatales u oficiales, no podrá ser inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto para inversión y de conformidad con los objetivos previstos para el Sistema Universitario Estatal. Estos recursos no harán parte de la base presupuestal de dichas instituciones

Parágrafo Primero: La distribución de los recursos de los que trata el presente artículo deberá ser avalada por el Ministerio de Educación Nacional, previa reglamentación del Gobierno Nacional, en criterios de equidad, eficiencia, eficacia y cierre de brechas

Parágrafo Segundo: La Nación podrá destinar recursos adicionales para financiar proyectos de inversión de las Instituciones de Educación Superior Públicas los cuales no harán parte de la base presupuestal, y estarán encaminados al desarrollo de capacidades o mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Artículo 4. Pasivo pensional. La Nación garantizará en el presupuesto asignado a las Universidades Públicas, los recursos de concurrencia pasivo pensional en el marco de las Leyes 1151 de 2007 y 1371 de 2009, decreto 2337 de 1996, o aquellas que las modifiquen.

Artículo 5. Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias. El Ministerio de Educación Nacional, utilizará el modelo presupuestal establecido en el artículo 2 de la presente Ley, para calcular las transferencias a las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad (es decir, las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias), caso en el cual se tendrán en cuenta los factores que le sean aplicables de conformidad con la normatividad y reglamentaciones que les son propias.

Enviado por Comisión Tercera el 17 marzo 2022. Primer Debate Cámara Ponentes HR Sara Elena Piedrahita Lyons y Katherine Miranda Peña.  Coordinador HR Kelyn Johana González Duarte.

Leer: MEN: Concepto a Proyecto de Ley No. 414 de 2021 Cámara. Disponible en: https://www.camara.gov.co/sites/default/files/2022-05/MEN%20%20Concepto%20PL%20414%20de%202021%20Ca%C3%ACmara.%20Financiamento%20educaci%C3%B3n%20superior.pdf

El 26 abril de 2022, se presenta PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY No 414 DE 2021 CÁMARA. “LEY SOCIAL DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA. POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY 30 DE 1992 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

En un párrafo los ponentes reconocen: “Esto demuestra que la educación superior en Colombia no solo se debe reestructurar a nivel financiero sino a nivel de organización y objetivos, sin embargo, es importante comenzar con las finanzas que tanto preocupan la estabilidad del sistema.” (p. 4)

La ponencia concluye:

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, se rinde el informe de ponencia y en consecuencia se solicita a los honorables miembros de la Comisión Tercera Constitucional de la Cámara de Representantes ARCHIVAR el Proyecto de Ley número 414 de 2021 Cámara, “LEY SOCIAL DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN “LEY SOCIAL DE FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY 30 DE 1992 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY 30 DE 1992 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”. Disponible en: https://www.camara.gov.co/camara/visor?doc=/sites/default/files/2022-05/ponencia%20primer%20debate%20pl414%20de%202022%20%281%29fir.pdf

La Universidad Nacional de Colombia (2020) sugiere un: Proyecto de Ley No. — “Por la cual se derogan los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, y se establece un modelo de financiamiento que garantice el acceso gratuito, universal y en condiciones de calidad y bienestar a la educación superior universitaria en Colombia” (pp. 37- 41)

La crisis a la que asiste la educación superior en Colombia no es reciente. Tampoco son recientes los intentos gubernamentales por gestionarla recurriendo a procesos privatizadores y mercantilizadores. En el año 2011 el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010- 2018) presentó un proyecto de reforma a la educación superior que no fue consultado con la comunidad académica. Dicho proyecto pretendía incorporar el ánimo de lucro como mecanismo de autofinanciamiento de las universidades públicas y privadas, y ampliar el acceso a la educación superior por medio del crédito educativo y el subsidio a la demanda. Ante esta situación, se produjo una rearticulación del movimiento estudiantil alrededor de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. (UNAL, 2020, p. 2)

En el año 2018, y ante la crítica situación presupuestal que enfrentaban las universidades públicas, se asiste a las movilizaciones de la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior UNEES, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles ACREES y la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles FENARES. Estas organizaciones estudiantiles fueron apoyadas desde distintas asambleas estudiantiles y profesorales, los sindicatos de profesores como ASPU y organizaciones como ASOPRUDE, la Mesa de Profesoras y Profesores de la Universidad Nacional de Colombia y el Espacio de Unidad por la Defensa de la Educación Superior. Los ciclos de movilización estudiantil y profesoral y la demanda reiterada de resolución de los problemas presupuestales de la educación superior pública, muestran que el esquema de financiamiento imperante se ha agotado y que se requiere avanzar hacia un modelo alternativo que resuelva la crisis financiera del Sistema Universitario Estatal SUE, favoreciendo el cumplimiento pleno de las funciones misionales de las universidades públicas en el marco de los desafíos que impone la sociedad contemporánea. (op.cit.). Los recursos obtenidos están vigentes hasta diciembre de 2022

El Sistema Universitario Estatal (2021) publico: Sostenibilidad y Financiación de las Universidades Públicas en Colombia; se extraen del prólogo los siguientes párrafos:

Desde hace ya varios años, la financiación de la educación superior pública ha sido un elemento de estudio, de encuentros, de análisis… algunos de los cuales se han logrado

materializar y se han tenido acercamientos a proyectos de reforma a la Ley 30 de 1992, cuyo propósito seguramente ha sido, mejorar las condiciones de financiación de la norma presupuestal actual que para el caso de las Universidades Públicas se quedó estática en el tiempo.

Hoy, luego de tres décadas de su expedición, desde el Sistema Universitario Estatal y a través de la Comisión Técnica de Vicerrectores Administrativos y Financieros, a quienes nos ha sido encomendada esta labor, continuamos con la construcción y actualización de estudios que permitan generar propuestas informadas y soportar la toma de decisiones que avancen hacia una política pública de educación superior.

Para esta ocasión en especial, se incluye un modelo integral de asignación de recursos para las Universidades Oficiales del país, el cual contiene diversas propuestas que se han consolidado y validado a través de los años, con el fin de atender a las necesidades de las Universidades Públicas de acuerdo con sus características, un modelo a la medida de cada entidad que permita su evolución y que a su vez genere un compromiso propio con la sociedad y el estado.

El modelo incluido en este documento, se entrega acompañado de un proyecto de ley de reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 que será presentado al Congreso de la República, con la encomienda de garantizar así la sostenibilidad de las universidades públicas a partir del año 2022, fecha en la que terminan los recursos adicionales establecidos en el Acuerdo Nacional; y el cual puede extenderse incluso a las demás Instituciones de Educación Superior Públicas, en los factores que le sean aplicables. (SUE, 2021, p. 13).

Se recomienda su lectura https://media.utp.edu.co/archivos/Sostenibilidad%20y%20Financiaci%C3%B3n%20de%20las%20Universidades%20P%C3%BAblicas%20en%20Colombia%20SUE%202021VF.pdf

El Consejo Académico de la Universidad de Antioquia (2022), a propósito del proceso electoral, propone la Agenda para el debate: prioridades en educación superior de Colombia para los próximos cuatro años, documento que tiene el propósito de convocar la construcción de una política pública e impulsar acciones que permitan intervenir problemas históricamente persistentes, así como perfilar alternativas de mejora adecuadas, sostenibles e inclusivas.

Una primera prioridad sobre la que llama la atención el Consejo Académico tiene que ver con la financiación de la educación superior pública y, en especial, con la urgencia de la formulación de un proyecto de ley que reforme los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. En este mismo sentido, también se plantean temas críticos como las implicaciones para las universidades públicas de la llamada “matrícula cero” y de otros temas como los recursos de regalías, el papel del Icetex y las becas para estudiantes de posgrados de investigación.

En el contexto político actual no todos quisieran el fortalecimiento de la educación pública, de hecho, existen corrientes que abogan por su desaparición y plantean remplazarla por incentivos a la demanda para que los estudiantes asistan a las universidades privadas.

El Premio Nobel de Economía, Milton Friedman, explicó hace ya varias décadas que los niveles de educación básicos deben ser gratuitos para los individuos, y pagados por el gobierno, debido a que tienen retornos para el Estado y la sociedad (por ejemplo: mejores ciudadanos, menores índices de violencia y crimen, entre otros factores) (Friedman, 1955).

Por el contrario, el nivel de educación superior tiene mayores retornos para la persona (sus ingresos) y por esto, los costos relacionados con la educación superior deben ser asumidos por los estudiantes y no por el Estado (Friedman, 1955).

En resumen, esta postura plantea que la educación superior es un servicio al que se accede de acuerdo a la capacidad de pago y cuyo propósito es cualificar “capital humano” y cuya calidad depende del tamaño del bolsillo. Desafortunadamente para el debate académico y político, son muy pocos quienes la plantean con tanta franqueza.

SIN DUDA; LA UNIVERSIDAD PÚBLICA ESTÁ DESFINANCIADA, PERO; LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 86 Y 87 DE LA LEY 30 DE 1992, NO RESUELVEN LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA (gobierno, autonomía, gobernanza, democracia; legitimidad, flexibilidad, equidad e inclusión, permanencia, desburocratización, etc., es lo que se espera de la Universidad Pos pandémica), POR LO TANTO; SE REQUIERE UNA REFORMA ESTRUCTURAL DE LA LEY 30 DE 1992, QUE INCLUYA UN NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN.

En Colombia se han realizado grandes avances, ya que se está invirtiendo más en la educación como porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto público, pero esto no es suficiente para mejorar la movilidad social de los estudiantes. En las últimas dos décadas se han desarrollado varias opciones de financiación, públicas y privadas. ¿Cuáles son y qué se debe fortalecer?

Teniendo en cuenta las restricciones presupuestales ¿cómo podemos financiar la educación superior para que se logre tener una mayor movilidad social en Colombia?

Es de esperar, que el gobierno que se posesiona el 7 de agosto, lleve a cabo la reforma de la Ley 30 de 1992.

La Universidad post-pandemia

La Pandemia del Covid 19 afectó en forma significativa muchas industrias. Para las relacionadas con ámbito digital, representó un adelanto de décadas. Para las industrias que atendían personas como es el caso de restaurantes y hoteles, fue una tragedia. Muchas de estas afectaciones fueron temporales, hoy las tiendas físicas están recuperando el espacio que cedieron. Y los restaurantes, hoteles y sitios de diversión están disfrutando nuevamente de llenos totales. Otras sectores quizás nunca se repongan del impacto del Covid, la Universidad es una de ellas.

En general la Universidad ocupaba un lugar privilegiado en nuestra sociedad. Era el mejor vehículo de movilidad social.  Se decía que la Universidad era el ADN de la sociedad. Gracias a la Universidad la sociedad podría contar con un mejor futuro. Y entonces: llegó el Covid.

Atender la crisis educativa causada por la COVID-19 requerirá, más que intentar restablecer las condiciones de funcionamiento de las instituciones y de los sistemas educativos anteriores a la pandemia, algo que aún no ha sido posible hacer en la mayoría de las escuelas y universidades de Iberoamérica. Para ello, será necesario “reconstruir mejor”, utilizando la expresión con la cual el secretario general de las Naciones Unidas ha caracterizado la respuesta de la organización a la pandemia:

Para reconstruir mejor es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe.

En una región en la que los niveles de desigualdad se han vuelto ya insostenibles, ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas.

Esto implica crear sistemas tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los mecanismos de protección social.

También conlleva una mayor integración económica regional.

Y supone que las mujeres participen plenamente y en condiciones seguras en la vida pública y económica.

Por último, para reconstruir mejor, hay que reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho. En un momento en el que demasiados ciudadanos y ciudadanas se sienten excluidos, la rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales. (Guterres, 2020).

La pandemia es más que una crisis de salud; es una crisis económica, una crisis humanitaria, una crisis de seguridad y una crisis de derechos humanos, que ha afectado a las personas, las familias y las sociedades. La crisis ha puesto de relieve las fragilidades dentro de las naciones y entre ellas. No es exagerado sugerir que nuestra respuesta implicará rehacer y desimaginar las estructuras mismas de las sociedades y las formas en que los países cooperan para el bien común. Para salir de esta crisis será necesario un enfoque que abarque a toda la sociedad, todos los gobiernos y todo el mundo, impulsado por la compasión y la solidaridad (Naciones Unidas, 2020, p.1).

¿Cómo se comportó la universidad durante la pandemia? Es muy difícil generalizar, pero se puede decir que el centralismo se ha profundizado y la lógica burocrática que domina las relaciones intrauniversitarias en la actualidad no cambió un milímetro; se tuvo muy poco cuidado con los estudiantes más allá de breves momentos en línea o lidiando con las exclusiones que causó la supuesta ciudadanía digital; los maestros que dedicaron más tiempo a los estudiantes lo hicieron por iniciativa propia y espíritu de misión; la situación de los docentes fue totalmente descuidada, enfrentando cambios en la vida familiar, utilizando tecnologías de enseñanza con las que la mayoría estaban poco familiarizados, con una inmensa carga burocrática, con el deseo de innovar, casi por necesidad frente a los desafíos de la pandemia, pero bloqueados por el muro burocrático.(Santos, pp. 3-4)

Santos manifiesta que: la pandemia ha agravado las tendencias de degradación de la universidad que se iban notando durante mucho tiempo. ¿Cómo se posicionará la UP en la disputa de la narrativa? Tan pronto como pase la fase aguda de la pandemia, habrá un conflicto ideológico y político sobre la naturaleza de la crisis y los caminos de futuro. La especificidad de la UP es que debe responder a esta pregunta en dos niveles: a nivel de la sociedad en general y a nivel de la universidad en particular. Se diseñaron tres escenarios: a) todo volverá a la normalidad rápidamente; b) habrá cambios mínimos para que todo permanezca igual; c) la pandemia es la oportunidad de pensar en una alternativa al modelo de sociedad y de civilización en el que hemos vivido, basada en una explotación sin precedentes de los recursos naturales que, junto con la inminente catástrofe ecológica, nos lanzará a un infierno de pandemias recurrentes. ¿Cómo expondrá la UP los escenarios y se posicionará ante ellos? (https://www.ses.unam.mx/curso2020/materiales/Sesion8/Boaventura2020_LaUniversidadPospandemica.pdfp. 4)

Santos propone tres escenarios (Llorente, 2020):

El primero es el que pusieron a circular fundamentalmente los gobiernos de derecha y de extrema derecha -desde el Reino Unido a los Estados Unidos y Brasil- sosteniendo que esta pandemia es una gripe, que no tiene gravedad, que va a pasar y la sociedad regresará rápidamente a la normalidad. Claro que esta normalidad es el infierno para gran parte de la población mundial. Es la normalidad del hambre, de otras epidemias, de la pobreza, de las barriadas, de la vivienda impropia, de los trabajadores de la calle, de los informales. Es un escenario distópico, muy preocupante. Porque esa “normalidad” significa regresar a condiciones que ya la gente no aguantaba y colmaba las calles de muchos países gritando “basta”.

El otro escenario posible es lo que llamo el gatopardismo, en referencia a la novela de Lampedusa, de 1958; la idea es que todo cambie para que todo siga igual. Las clases dominantes hoy están más atentas a la crisis social y económica. Los editoriales del Financial Times son un buen ejemplo de este segundo escenario. Dicen muy claramente que así no se puede continuar. Habrá que moderar un poco la destrucción de la naturaleza y cambiar en algo la matriz energética. Es hacer algunas concesiones para que nada cambie, y que el capitalismo vuelva a ser rentable. Por ello la destrucción de la naturaleza continuará y la crisis ecológica podrá ser retrasada pero no resuelta. Europa se encamina un poco por ese escenario cuando se habla de una transición energética, pero me parece que no va a resolver las cosas. Va a retrasar quizás el descontento, la protesta social, pero no va a poder saldar la cuestión pandémica.

El tercer escenario es, quizás, el menos probable, pero también representa la gran oportunidad que esta pandemia nos ha dado. Es la posibilidad de pensar de otra manera: otro modelo civilizatorio, distinto del que viene desde el siglo XVII y que se profundizó en los últimos 40 años con el neoliberalismo. Con el coronavirus, los sectores privilegiados quedaron más tiempo en sus casas, con sus familias, descubrieron otras maneras de vivir. Claro que fue una minoría, el mundo no es la clase media que puede cumplir con el distanciamiento social, lavarse las manos, usar las mascarillas… la gran mayoría no puede. Esta es la gran oportunidad para empezar una transición hacia un nuevo modelo civilizatorio, porque es imposible hacerlo de un día para otro. Y esa transición empezará en las partes donde haya más consensos. Hace mucho tiempo que este modelo está totalmente roto, desde un punto de vista social, ético y político. No tiene futuro. Es un cambio social, de conocimientos, político y cultural.

Difícil saber cuál escenario prevalecerá. Quizás tengamos una combinación de los tres; en algunas partes del mundo el primero, en otras el segundo, y en algunos países mayores avances. La política del futuro dependerá, fundamentalmente, de qué escenario prevalezca. Es el conflicto vital en las próximas décadas.

El modelo de transición alimenta la esperanza de una sociedad distinta, pero presupone también replanteos y construcciones políticas diferentes, en términos ideológicos, económicos, modelos de desarrollo, sociales, culturales, diversos. ¿Cuáles serían las utopías frente a tantas distopías? (Santos, citado por Lloreda, 2020)

¿Cómo luchará la Universidad Pública por su futuro? Según Santos, el futuro de la Universidad Pública está vinculado a la credibilidad del tercer escenario. La estrategia se puede resumir en las siguientes palabras clave: democratizar, desmercantilizar, descolonizar y despatriarcalizar (Santos, p. 5, https://www.ses.unam.mx/curso2020/materiales/Sesion8/Boaventura2020_LaUniversidadPospandemica.pdf)

Democratizar. La democratización de la Universidad Pública tiene múltiples dimensiones. La Universidad Pública debe democratizar la elección de sus rectores y autoridades. Las instituciones no democráticas para elecciones indirectas están históricamente condenadas. Son, en el peor de los casos, guaridas de compadrería y de cooptación y, en el mejor caso, espejismos de irrelevancia. Solo la comunidad universitaria en su conjunto tiene la legitimidad para elegir a los rectores y demás autoridades

Desmercantilizar. Las Universidaes Públicas deben comenzar a evaluar a sus profesores de acuerdo con otros criterios de productividad que no excluyan la responsabilidad social de la universidad, especialmente en el campo de la extensión universitaria. No pueden privilegiar las ciencias y la investigación que generan patentes, sino más bien, la ciencia que contribuye al bien común de toda la población y crea ciudadanía. En este dominio, las humanidades, las artes y las ciencias sociales volverán a tener el protagonismo que alguna vez tuvieron. (op.cit, p 5)

Descolonizar. Las Universidades Públicas europeas y de inspiración eurocéntrica nacieron o prosperaron con el colonialismo y hoy continúan enseñando y legitimando la historia de los vencedores de la expansión europea. Son cómplices del epistemicidio que acompañó al genocidio colonial. Las estatuas (y mañana los edificios, museos, archivos y colecciones coloniales) son los objetivos equivocados de mucha revuelta justa. Lo importante es que el poder que representan sea deslegitimado y contextualizado en el aprendizaje universitario. Por eso los planes de estudio tienen que ser descolonizados. No se trata de destruir conocimiento, sino de aumentar conocimiento para que se haga evidente que el conocimiento dominante a menudo es una ignorancia especializada e intencional. Las Universidades Públicas necesitan urgentemente iniciar políticas de acción afirmativa para una mayor justicia cognitiva y etnorracial, tanto entre los estudiantes como entre los maestros. (op.cit, p.6)

Despatriarcalizar. En muchas universidades, las mujeres son la mayoría, pero los lugares de gobierno administrativo y científico siguen dominados por los hombres. Los planes de estudio siguen siendo misóginos y llenos de prejuicios sexistas. ¿Dónde están las científicas, las artistas, las escritoras, las luchadoras, las heroínas? Las relaciones entre el personal docente, técnico y estudiantil tampoco están libres de los mismos prejuicios. Estas y muchas otras iniciativas que surgirán de los procesos de democracia universitaria constituyen una pesada agenda de trabajo, pero la alternativa es escalofriante: sin ellas la universidad no tendrá futuro. (op.cit, p. 6)

En el marco del escenario tres se ha de realizar la reforma de la Ley 30 de 1992, incluyendo un nuevo modelo de financiación

La reforma a la Ley 30 de 1992 ha sido anunciado tanto por Gustavo Petro U, presidente electo como por Alejandro Gaviria U, Ministro de Educación designado.  Roy Barreras, presidente del Senado, ha dicho que esta reforma irá al Congreso en el 2023.

El financiamiento de la universidad pública: Un reto actual

La política económica debe estar al servicio del bienestar de la población, es necesario entonces, un modelo de política social que tenga en cuenta los resultados que se han obtenido hasta el momento y que encamine sus efectos a propiciar una sociedad más equitativa cuya base de desarrollo sea la acumulación de capital social; de igual manera, es necesaria una política económica y social basada en los derechos -especialmente de los niños, los jóvenes y las mujeres- que logre una fuerte interacción con el Estado por parte de la sociedad civil, asegurando así un desarrollo humano sostenible, el cual apunte al logro de mejores opciones para las generaciones futuras, arrojando como resultado una sociedad más incluyente y democrática. (Ayala, 2010)

Debido, principalmente, a la severa crisis económico-financiera que sufre el mundo en la actualidad, los gobiernos, a escala internacional, se han visto en la necesidad de reducir sus aportes financieros destinados a la educación superior. Ello ha conllevado un incremento en la implementación de políticas neoliberales que, bajo el discurso de la diversificación del financiamiento y la eficiencia en los procesos universitarios, persiguen la supresión de los avances sociales de la educación superior y la instauración de un régimen financiero donde solo primen mecanismos de mercado.

Por otro lado, disímiles organizaciones internacionales abogan por la reducción del papel del Estado en el financiamiento universitario, así como por la aplicación de medidas de corte neoliberal que subordinen los intereses sociales a la obtención de lucro. Sin embargo, instituciones como la Unesco defienden las estrategias encaminadas a diversificar las fuentes de financiamiento en las Universidades Públicas y, a la par, ponderan el rol desempeñado por los gobiernos como garantes de la equidad social en la educación suprior.

Para poder lograr los objetivos en materia de educación, es necesario que el Estado suministre unos mecanismos de financiación acordes a las necesidades de los individuos, por esta razón el financiamiento no puede separarse de las decisiones de gasto, en algunos casos se debe mejorar la eficiencia en el mismo entendiendo que acercar la provisión a la población beneficiaria del servicio permitiría una mayor relación entre la oferta de educación y las necesidades de la población con un menor costo del gobierno (UNESCO; CEPAL, 2005) . Esta financiación debe garantizar una ampliación en la cobertura de la educación y mejorar la calidad de la misma para tener las herramientas suficientes para formar individuos capaces de afrontar los grandes retos de un mundo globalizado.

Es claro que la inversión en educación superior que realiza Colombia no es suficiente para atender las necesidades del sector y la demanda de la población. Por tanto, es necesario buscar nuevas fuentes de financiación, para garantizar el acceso a los estratos bajos y medios, que permitan ampliar las oportunidades hacia una educación con altos estándares de calidad, que influyan en el crecimiento del índice de desarrollo humano.

ASCUN, en carta dirigida a Alejandro Gaviria U. (8 de julio de 2022), manifiesta la urgencia de: Fortalecer los mecanismos de financiación y sostenibilidad de la educación superior en su conjunto. La Constitución Política de Colombia en su artículo 69 también resalta que “El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”. Esta tarea del Estado es preciso analizarla a partir de las características de nuestro sistema dual, de las diferentes tipologías institucionales, de las potencialidades y vocaciones de las regiones, de las oferta de programas frente a las expectativas e intereses de los estudiantes, de las posibilidades de las familias para apoyar esta etapa formativa, además de las dificultades de inserción laboral del egresado, entre otras circunstancias que exigirán considerar las decisiones que se tomen frente al financiamiento de las instituciones para mayor cobertura, pero, también, para ampliar oferta y garantizar infraestructura. El sector en su conjunto está en la mejor disposición de identificar fuentes de fondeo de recursos, de apoyar el ajuste del Icetex para garantizar acceso y permanencia con las mejores opciones y de analizar posibilidades de colaboración con los sectores empresariales.

El Congreso Nacional de Educación Superior: debates actuales para pensar la universidad pública. Octubre 14, 15, 16 de octubre de 2021 Colombia. Mesa Amplia de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas MANPUP; https://manpup-colombia.org/eje-financiacion-del-sistema-universitario-estatal/,  plantea:

El modelo de financiamiento del sistema de educación superior en Colombia y en el mundo, no es solamente un asunto técnico. Es el resultado político de la manera como se institucionaliza históricamente cierta correlación de fuerzas y ciertos valores predominantes sobre la educación en la sociedad y el Estado nacional.

La organización del sector educativo es muy diferente si el sistema en su conjunto es financiado por el Estado a través de recursos fiscales (impuestos) que permiten mantener instituciones de puertas abiertas (financiamiento de la oferta), que, si se trata de un sistema financiado por venta de servicios académicos por parte de las instituciones para acceder a parte de los ingresos de las familias, o extendiendo el crédito educativo (financiamiento de la demanda). El modelo de financiamiento condiciona la oferta pública o la competencia de instituciones en un mercado abierto, más o menos regulado

El financiamiento no es un fin en sí mismo. Aunque la crisis del Sistema Universitario Estatal convierte los asuntos presupuestales en una prioridad, no se puede desconocer que el modelo de financiamiento que se instaure depende del sentido y principios que orientan el campo de la educación superior. Si se defiende la educación superior como un derecho y un bien común al cual se debe acceder universalmente en las mejores condiciones de calidad, el modelo de financiamiento basado en la oferta pública soportada en impuestos, es la alternativa más coherente y efectiva.

El vínculo que se establece entre el sentido de la educación superior y el modelo de financiamiento que le brinda soporte, reitera que la manera como se configura el presupuesto de la educación superior es un problema político y no únicamente un asunto técnico. Colombia ha desarrollado un modelo mixto, en el que cada vez más se destinan recursos fiscales (impuestos) para financiar el crédito educativo y el subsidio a la demanda de estudiantes que demuestren ser pobres y dedicados, a expensas del financiamiento de la oferta. Paradójicamente, en este modelo los recursos públicos sirven para acelerar el proceso de privatización que se contrapone a la idea de garantizar la educación superior como derecho y bien común.

Además de las lógicas de exclusión que este proceso privatizador implica, también son notorias las desigualdades que se producen en materia de acceso, permanencia y culminación de estudios para los sectores desfavorecidos socio-económicamente, las mujeres, las personas con pertenencia étnica, las y los jóvenes provenientes del sector rural y las personas que reportan algún tipo de discapacidad permanente. Problemáticas que se han intentado ocultar con los discursos y valores de la “igualdad de oportunidades”, la “competencia equitativa”, y la canalización de los recursos hacia los “más pilos”.

La crisis de sentido, la asfixia financiera, las exclusiones y las desigualdades que caracterizan a la educación superior en Colombia, llevaron a una nueva movilización en 2018 que condujo a la conformación de una supuesta “Mesa de Diálogo” con el actual gobierno, en la que se incrementaron los recursos de funcionamiento e inversión para instituciones públicas, y se acordó la discusión de propuestas para la reforma de la regla de financiamiento del Sistema de Universidades Estatales (SUE) definida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. En el mismo sentido, se concertó discutir una reforma “estructural” del ICETEX, como la entidad que concentra el modelo de crédito educativo y subsidio a la demanda para estudiantes pobres. Aspectos que, al día de hoy, no han sido cumplidos por el Gobierno nacional.

El Congreso sugiere las siguientes Preguntas orientadoras

  • ¿Cuáles han sido las tendencias de la financiación de la educación superior en América Latina y en el mundo?
  • ¿Cuáles son las características de los modelos de financiamiento que han surgido en el marco de los regímenes neoliberales y neoconservadores?
  • ¿Cuáles son los efectos e impactos producidos por la puesta en marcha de la Ley 30 de 1992 y de los programas de financiamiento implementados en Colombia durante los últimos 20 años?
  • ¿Cuáles deberían ser los principios y objetivos de un modelo alternativo de financiamiento para la educación superior en Colombia?
  • Desde el punto de vista de las experiencias latinoamericanas ¿Cuáles son las condiciones políticas y sociales que han facilitado la implementación de modelos de financiamiento de la educación superior, reconociéndola como un derecho fundamental?

Además, propone unos principios

  • Establecer un modelo de financiamiento que garantice el acceso gratuito y universal a la educación superior y al bien común del conocimiento, renunciando a principios de focalización y acceso restringido basados en criterios meritocráticos y en la capacidad de pago de los estudiantes y sus familias.
  • Promover un modelo de financiamiento que trascienda las metas asociadas a los aumentos de cobertura, y que asegure el cumplimiento adecuado de todas las funciones misionales de la universidad pública: docencia, investigación y diálogo con la sociedad y los territorios.
  • Incrementar la participación de la formación investigativa en el total de la matrícula en educación superior, revirtiendo el fortalecimiento observado en los segmentos de formación para el trabajo y abriendo posibilidades de integración estratégica de las universidades públicas del país con el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
  • Priorizar y fortalecer el financiamiento a la oferta sobre los mecanismos de financiamiento a la demanda, acudiendo a impuestos del presupuesto nacional y de los entes territoriales, y renunciando a los modelos de financiación sustentados en el crédito educativo y la parafiscalidad. (Congreso Nacional de Educación Superior: debates actuales para pensar la universidad pública. Octubre 14, 15, 16 de octubre de 2021 Colombia Mesa Amplia de Profesoras y Profesores de Universidades Públicas MANPUP)

Ayala (2010), propone unas premisas y unas acciones para la reflexión para el establecimiento de metas y estrategias a largo plazo, se han seleccionado algunas de ellas:

  • Al Estado corresponde la dirección de la educación superior, su desarrollo y fortalecimiento. La educación como derecho fundamental y la educación superior como servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado, debe ser garantizado en su primera instancia por éste. Solamente a través de la organización de un sistema nacional de educación superior que integre a todas las instituciones, fruto de la discusión y el debate académico, se podrá definir, adaptar e impulsar los planes indicativos y políticas de desarrollo de la educación superior acordes con las necesidades nacionales.
  • La financiación es indispensable para poder actuar en el mejoramiento de la calidad de los programas. La necesidad de recursos enfocados a obtener el mejoramiento de la calidad académica a través de la formación de docentes, el desarrollo de programas de inversión en ciencia y tecnología e infraestructura. También se requiere el compromiso de las IES en la búsqueda del mejoramiento de los procesos de gestión en el desarrollo académico, administrativo y financiero, para la utilización eficiente de los recursos con que cuenta la institución internamente y los que puede obtener a través de fuentes alternativas de los distintos estamentos de la sociedad.
  • El Estado no puede desentenderse de los problemas sociales. Le corresponde adelantar acciones para prevenir la elitización del sistema de educación superior.
  • En general ante la crisis del sector oficial, los países latinoamericanos han promovido de diversas maneras aumentar las rentas propias de las universidades públicas. Esta medida busca que los aportes directos que hace el Estado puedan enfocarse a inversión más que a funcionamiento para así atacar los desafíos de la calidad, la cobertura y la equidad. En el caso de las universidades privadas, hay una marcada tendencia a la autorregulación, junto con la acreditación de programas, gracias a los procesos de autonomía adelantados en varios países. Existe actualmente expectativa de que estos elementos tengan como objetivo el mejoramiento de la calidad de los programas ofrecidos tanto en la universidad pública como privada.
  • La financiación de la educación superior debe estar compartida entre los estudiantes, los padres, el sector público, el sector productivo, las comunidades, los entes territoriales y la nación.
  • Para que la educación pueda efectuar una contribución importante al progreso de la sociedad colombiana, se debe entender que el gasto en educación superior no es un egreso más a cargo de los fondos del Estado, sino una inversión nacional a largo plazo que permite mejorar la competitividad económica, el desarrollo cultural y la cohesión social.
  • Las instituciones de educación superior deben tener como propósito el mejoramiento de la gestión, realizando la utilización eficiente de los recursos financieros, humanos, físicos y tecnológicos de que disponen.
  • El desafío del sistema de educación superior está en incrementar la calidad del servicio ofrecido, aumentar la cobertura, garantizar mayor equidad en el acceso y desarrollar mecanismos efectivos de interacción con el sistema productivo
  • Promover el mayor aporte de recursos de los entes territoriales a las IES regionales y a las universidades de carácter nacional que funcionan en sus territorios, a través de la destinación de parte de los recursos del Fondo Nacional de Regalías a la educación superior, considerando que este es un beneficio que está recibiendo la región y la localidad
  • Fijación de matrículas en las universidades públicas con criterios que incorporen las condiciones socioeconómicas de la región y las calidades de los estudiantes (Guni, 2006). La determinación de los valores de matrícula de las universidades públicas debe obedecer no a criterios políticos sino a estudios que permitan la equidad regional y sociocultural, acorde con las necesidades de las IES y su localización geográfica. Se propone, como sucede en algunos países del mundo, que la fijación de matrículas la efectúe una entidad diferente a la misma institución y al gobierno, para evitar problemas de politización buscando la equidad y el equilibrio regional.
  • Creación por parte del gobierno de mayores incentivos fiscales para donantes, personas jurídicas o particulares que estén interesados en fomentar la educación superior y lograr la canalización de recursos privados del sector productivo para mejoramiento de infraestructura tecnológica, fomento de la investigación y la utilización de servicios de asistencia profesional y técnica.
  • Fortalecer la “Rendición de Cuentas” en las IES públicas y privadas: La autonomía trae consigo la responsabilidad de su desempeño, esto supone la rendición de cuentas sobre la calidad de la docencia, la investigación y la proyección social, la pertinencia de los programas y la utilización de los recursos.

El principal dilema de política que envuelve a Latinoamérica y el Caribe, y, hoy en día a Colombia, consiste en la necesidad de mejorar las condiciones de financiamiento de la educación superior con recursos públicos. Para ello se debe definir con cuidado los escenarios posibles en materia de eficiencia y efectividad de este gasto y establecer las prioridades y mecanismos para que el gasto público tenga lugar. Ello requiere revisar el fundamento de las políticas públicas en cuanto a su cometido en vistas a la generación de bienes públicos, y a mantener la más adecuada combinación de gasto público y gasto privado atendiendo los objetivos que Colombia sostenga en materia de equidad y de focalización del gasto público en prioridades sociales.

Más allá de eso, la política pública debe diseñar instrumentos para introducir mayor eficiencia en la respuesta de las Universidades Públicas e instituciones de educación superior (IES) a las necesidades planteadas por la sociedad y el mundo laboral. A este respecto, es indudable que una restricción de importancia está representada por la existencia de una autonomía universitaria que debe respetarse como base del trabajo académico. Sin embargo, una fortaleza que deben subrayar las políticas, debe basarse en el diseño de adecuados incentivos financieros y en el establecimiento de un sistema de acreditación efectivo y transparente que impulse una adecuada respuesta de las Universidades Públicas e IES. En este sentido, el desarrollo y fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica y el fortalecimiento de programas de investigación en ciencias y humanidades deben depender, más que de políticas de financiamiento estrictamente, de adecuados modelos de incentivos dirigidos a las Universidades Pública e IES y a los investigadores

BIBLIOGRAFÍA

Ayala Castro, María Victoria (2010) Financiamiento de la educación superior en Colombia reflexiones para un próximo futuro. Revista de Educación Superior.  Vol.39 no.156 Ciudad de México oct./dic.

Fernández, Sergio (2018) La financiación de la universidad pública. Disponible en: https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/educacion-y-cultura/la-financiacion-de-la-universidad-publica

Friedman, M. (1955). The Role of Government in Education. Economics and the Public Interest.

Guni (2006). La educación superior en el mundo 2006, la financiación de las universidades, Global University Network for innovation, París, GUNI-UNESCO.

Guterres, A. (2020). Presentación del Informe sobre los efectos del COVID-19 en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas. Recuperado de: https://bit.ly/2U7ADm6

 

Llorente, Bernardo (2020) Las tres salidas a la pandemia según Boaventura de Sousa Santos. Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/310091-las-tres-salidas-a-la-pandemia-segun-boaventura-de-sousa-san

Santos, B. S La universidad pospandémica. Disponible en: https://www.ses.unam.mx/curso2020/materiales/Sesion8/Boaventura2020_LaUniversidadPospandemica.pdf

Sistema Universitario Estatal (SUE) (2021) Sostenibilidad y financiación de las Universidades Públicas en Colombia. Colombia, septiembre.

UNESCO; CEPAL. (2005). Invertir mejor para invertir más. Financiamiento y gestión de la Educación en América Latina y el Caribe. Recuperado el 3 de Octubre de 2013, de http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php

Universidad de Antioquia (2022) Prioridades en educación superior de Colombia para los próximos cuatro años. Consejo Académico de la Universidad de Antioquia en marzo de 2022. Medellin.

Universidad Nacional de Colombia (2020) Modelo alternativo para la financiación de la Universidad Pública en Colombia. Vicerrectoría de Investigación. (Documento en construcción. Por metodología está siendo valorado por pares académicos).

ONU (2020). Respuesta integral de las Naciones Unidas a la COVID-19: salvar vidas, proteger a las sociedades, recuperarse mejor. Organización de Naciones Unidas. Recuperado de: https://bit.ly/37rvUi2

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