Proyecto de ley busca unificar aportes del Estado, por estudiante, a las IES públicas

Dic 15/21 Así lo contempla el proyecto 414/21, radicado por el representante John Alejandro Linares Camberos, que modifica el artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

La propuesta del congresista del Partido de la U, por Cundinamarca, va mucho más allá de las peticiones (aún no traducidas en un nuevo proyecto de ley concreto) anunciadas por el SUE, y también busca ampliar el apoyo del Estado a las IES públicas que no son oficiales.

Linares Camberos es un aliado de la Universidad de Cundinamarca, a la que hace unos días entregó, en el recinto del Congreso, la Orden de la Democracia Simón Bolívar (clic para ver detalles).

El siguiente es el articulado propuesto del proyecto denominado “Ley Social de Financiamiento a la Educación Superior en Colombia, por medio del cual se modifican los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992″:

ARTÍCULO 1. OBJETO. Fortalecer las finanzas de las Universidades Públicas y de las Instituciones de Educación Superior Públicas de Colombia mediante la modificación de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

ARTÍCULO 2. Modifíquese el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:

“Artículo 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución.

Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes del presupuesto nacional y de las entidades territoriales, garantizando un incremento con relación al Índice de Costos de la Educación Superior que garanticen mantener o mejorar la calidad Educativa.

Parágrafo Primero. Si el incremento del Índice de Costos de la Educación Superior es menor al IPC, la nación deberá realizar el incremento con el IPC. La diferencia que resulte debe ser invertida en programas direccionados a mejorar la calidad educativa de las universidades.

Parágrafo Segundo. En el término de dos años el Gobierno Nacional debe garantizar la trasferencia de recursos igualitaria entre las diferentes universidades estatales u oficiales, otorgando el mismo monto por estudiante matriculado cada año sin disminuir el valor de las Universidades que más recursos reciben actualmente garantizando la progresividad hacia una calidad educativa Homogénea en el Sistema Universitario Estatal SUE.

Parágrafo Tercero. Aportes Territoriales. Todas las entidades territoriales donde esté ubicada una sede de una universidad pública o Estatal deben aportar el porcentaje mínimo del 1.5% de estampilla pro universidad producto del descuento a todos los convenios y contratos que firmen las entidades. Si se llega a encontrar en un mismo
territorio más de una sede se distribuirá de acuerdo al número de estudiantes matriculados en cada sede. Si la universidad pública lleva el nombre del departamento o municipio se distribuirán los recursos en una proporción de 3 pesos por cada peso asignado a otra universidad. Con respecto a las gobernaciones el porcentaje mínimo debe ser de 2.5% de los descuentos a todos los convenios y contratos firmaos por la entidad territorial.

Artículo 3. Modifíquese el artículo 87 de la Ley 30 de 1992, el cual quedará así:

“Artículo 87. El Gobierno Nacional continuará garantizando que el incremento de los aportes para las universidades estatales u oficiales, no podrá ser inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto para inversión y de conformidad con los objetivos previstos para el Sistema Universitario Estatal. Estos recursos no harán parte de la base presupuestal de dichas instituciones.

Parágrafo Primero: La distribución de los recursos de los que trata el presente artículo deberá ser avalada por el Ministerio de Educación Nacional, previa reglamentación del Gobierno Nacional, en criterios de equidad, eficiencia, eficacia y cierre de brechas.

Parágrafo Segundo: La Nación podrá destinar recursos adicionales para financiar proyectos de inversión de las Instituciones de Educación Superior Públicas los cuales no harán parte de la base presupuestal, y estarán encaminados al desarrollo de capacidades o mejoramiento de la calidad de las Instituciones de Educación Superior Públicas.

Artículo 4. Pasivo pensional. La Nación garantizará en el presupuesto asignado a las Universidades Públicas, los recursos de concurrencia pasivo pensional en el marco de las Leyes 1151 de 2007 y 1371 de 2009, decreto 2337 de 1996, o aquellas que las modifiquen.

Artículo 5. Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias. El Ministerio de Educación Nacional, utilizará el modelo presupuestal establecido en el artículo 2 de la presente Ley, para calcular las transferencias a las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad (es decir, las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias), caso en el cual se tendrán en cuenta los factores que le sean aplicables de conformidad con la normatividad y reglamentaciones que les son propias.

Artículo 6. Derogatoria y vigencia. La presente ley rige a partir de su sanción y publicación en el Diario Oficial y deroga todas las disposiciones legales o reglamentarias que le sean contrarias.

Clic para acceder al texto del prpoyecto de ley y su exposición de motivos

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