Julio 7/20 Mientras que algunas universidades públicas reciben más del 70 – 80 % de sus recursos como aportes de los gobiernos central, departamental y municipal, 10 de éstas reciben menos del 50%.
Los recursos que el gobierno central asigna a las universidades públicas no dependen de su desempeño, programas, calidad, estudiantes o afín, sino de un cada vez más polémico y anticuado artículo de la Ley 30 de 1992, así como de la habilidad, o amistad, o capacidad de lobby o de presionar que tienen algunos rectores (de las universidades de carácter territorial) para que sus gobernadores y alcaldes cedan a su favor mejorando los aportes.
Mientras que universidades como la del Pacífico, la Tecnológica del Chocó, la de Atlántico, Nariño, Sucre, Cauca y Distrital, reciben más del 70% de sus recursos provenientes del Ministerio y las secretarías de Hacienda, otras como La Guajira, Antioquia y UNAD están por debajo del 50%.
Dice el artículo 86 de la Ley 30 de 1992: “Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir de 1993”.
El porcentaje de aportes que, por concepto de transferencias, regalías registradas en los presupuestos, apoyo a diversos programas del orden nacional, departamental y municipal, y recursos como estampillas, entre otros (es decir, todo lo que le representa a estas universidades recursos diferentes a su propia gestión), confirmala incomprensible (para algunas inequitativa) asignación de recursos en un sistema que de común cada vez parece tener menos, pues cada universidad se defiende como puede en el lobby y búsqueda de recursos para su funcionamiento e inversión.
NO SON CIFRAS 100 % COINCIDENTES CON LA REALIDAD actual, pero sí reflejan una situación histórica del sector y las variaciones -de presentarse- no son determinantes. Han sido obtenidas de los respectivos acuerdos de los consejos superiores, que aprobaron el presupuesto de cada universidad para el año 2.020, y que han ido variando como resultado de la crisis del Covid, de los auxilios adicionales que han llegado y de los recursos que el Gobierno ha venido desembolsando tras los acuerdos con los estudiantes y profesores de diciembre de 2018.
| Universidad | % aportes |
| – U. del Pacífico | 95,12 |
| – U. Tecnológico del Chocó UTCH | 83,43 |
| – U. del Atlántico | 79,75 |
| – U de Nariño | 78,91 |
| -U. de Sucre | 72,87 |
| – U. del Cauca | 70,79 |
| – U. Distrital (*) | 70,50 |
| – U. de Caldas | 70,28 |
| – U. de Córdoba | 63,39 |
| – U- de Cundinamarca | 61,90 |
| – U. del Tolima | 61,68 |
| – U. de Cartagena | 61,09 |
| – U. de La Amazonia | 59,67 |
| – U Tecnológica de Pereira UTP | 59,48 |
| – U. Nacional de Colombia | 59,41 |
| – U. Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC | 59,41 |
| – U. Francisco de Paula Santander UFPS – Cúcuta | 58,41 |
| – U. del Valle | 58,17 |
| – U. Francisco de Paula Santander UFPS – Ocaña | 57,52 |
| – U. de Los Llanos | 57,42 |
| – U. del Magdalena | 53,75 |
| – U. Sucolombiana | 52,35 |
| – U. Pedagógica Nacional | 49,81 |
| – Colegio Mayor de Cund. | 48,18 |
| – U. Industrial de Santander UIS | 47,42 |
| – U. de Pamplona (*) | 47,26 |
| – U. Popular del Cesar | 47,14 |
| – U. del Quindío (*) | 43,00 |
| – U. de La Guajira | 42,53 |
| – U. de Antioquia | 41,36 |
| – UNAD | 15,89 |
| – U. Militar Nueva Granada UMNG | 10,72 |
(*) Los datos de estas universidades son aproximados, a partir de una proyección de 2.019, pues su información -si está pública- en la web institucional, no se halla o no es accesible. No se incluyen los aportes 2020 de la recién Universidad Indígena e Intercultural.
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Preguntas obligadas |
Siempre que hay un escenario en donde se mencione la posibilidad de reformar la Ley 30 de 1992, lo primero que salta a la luz es el pedido de reformar el modelo de asignación de recursos, por esto mismo. Algunos “leen” esta solicitud como que el Estado deje de darle las altas cifras a las que más recibe y lo redistribuya, pero otros consideran que no se trata de eso sino de que el Estado entregue mpas recursos.
Más allá de ese debate, las cifras hablan por sí solas, y explican, por ejemplo, por qué algunas han podido acreditarse institucionalmente más rápido que otras; por qué la mayoría de las que más reciben recursos por estudiante son las que más poder político, y por qué en esta época de pandemia, las que están más cercanas a los respaldos de las gobernaciones han podido, más fácilmente, otorgar importantes descuentos y gratuidad a parte de sus estudiantes.
Las cifras también llaman a preguntarse, entre otros aspectos:
– ¿De qué le sirve al sistema diferenciar las universidades públicas entre nacionales y territoriales, si en la práctica esto no genera un valor agregado?
– ¿Cómo entender que las dos primeras, que porcentualmente más recursos reciben (Pacífico y UTCH), tengan serios cuestionamientos a su efectividad institucional y poca calidad?
– ¿Cómo entender que la universidad más grande, en número de estudiantes (la UNAD, con más de 100 mil, y primera en el país en el índice de gestión y de desempeño institucional), y con más presencia en todo el país, sea la que menos recursos recibe?, pues en ninguna parte de la ley dice que por ser virtual y a distancia deba recibir menos recursos.
– Entre las 10 que porcentualmente más recursos reciben por transferencias, hay 6 (Pacífico, UTCH, Atlántico, Sucre, Distrital y Cundinamarca) que a lo largo del tiempo, en algunas de sus administraciones, han recibido fuertes cuestionamientos por su gobierno, manejo financiero y, en algunas de éstas, baja calidad. ¿Será que más recursos ayudan a adormilar a los directivos?
Informe de El Observatorio de la Universidad Colombiana
www.universidad.edu.co
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