Los argumentos de los congresistas para promover la Superintendencia de Educación

Nov 10/22 Con más ambiente de protagonismo político que de convencimiento del sector sobre la necesidad de crear una Superintendencia de Educación, avanza en el Congreso la iniciativa. ¿No alcanza Inspección y Vigilancia?.

En segundo debate avanzó el proyecto de acto legislativo (clic para ver el video de la plenaria de la Cámara, a partir del minuto 52 de la segunda hora), de iniciativa del representante a la Cámara, Jorge Eliécer Tamayo Marulanda, “Por medio del cual se modifican los artículos 67, 68, 69 y 189 de la Constitución Política, y se crea la Superintendencia de Educación” (clic para acceder al proyecto de ley).

El proyecto que busca que el Estado cuente con más herramientas para ejercer la inspección y vigilancia de todo el sistema educativo, porque -señala- que “la ausencia de un sistema de inspección, vigilancia y control corroe la moral social pues en ausencia de éste, las distorsiones y arbitrarios quedan despejados para suceder en cualquier tiempo, lugar y modo”, busca -entre otras modificaciones-  que el artículo 67 de la Constitución Política adiciones un texto que diga que “El Estado, a través de la Superintendencia de Educación, ejercerá la suprema inspección, control y vigilancia sobre los prestadores del servicio público educativo en todos los niveles y formas. La ley determinará la estructura, funciones y la financiación de la Superintendencia de Educación”.

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El debate sobre esta iniciativa se da en un momento en que varios congresistas (del estilo de Ariel Avila, María Fernanda Carrascal, Esmeralda Hernández, Salamanca, Landinez…), alineados con el discurso del Gobierno, hablan de defender la democracia, la transparencia y la participación en diversas universidades.

El proyecto de ley recuerda cómo se cayó la propuesta de crear una Superintendencia de Educación, propuesta en la Ley 1740 de 2014, de inspección y vigilancia (que en su momento, y ahora, no ha contado con un público ni explícito respaldo de los rectores), porque la Corte Constitucional, a través de la sentencia C-031 de 2017, declaró su inconstitucionalidad al no haber sido dicho artículo, iniciativa del Gobierno Nacional; sino por parte del Legislativo, a pesar de contar con el aval del Gobierno Nacional.

Recuerda cómo la Inspección y Vigilancia en la educación superior ha sido ejercida por una dependencia del Ministerio de Educación denominada “Subdirección de Inspección y Vigilancia” (actualmente en cabeza del abogado Acxan Duque Gámez) y que -dicen los congresistas- “ni siquiera tiene el alcance de una dirección, lo cual implica serias limitaciones en cuanto a talento humano, ocasionando que la operación en terreno sea bastante limitada o se ejerza a través de personal contratado por la modalidad de “prestación de servicios”. 

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Además, señalan que “el Estado puede y debe intervenir la educación superior en procura de calidad, eficiencia y equidad. “La autonomía es relativa en la medida en que se encuentra articulada, de una parte, a la naturaleza y exigencia de la producción intelectual y, a la dimensión ético social del mismo y de otra, a las implicaciones del servicio público que tiene y que la constitución explicita en su artículo 67”.

Los representantes que se declararon impedidos (pero que la plenaria no se los aceptó) para participar en el debate de este tema por presentar parientes relacionados con instituciones educativas, que les podrían causar conflicto de intereses: Saray Robayo Bechara, Orlando Castillo Advíncula, Karen Juliana López Salazar, Karen Astrid Manrique Olarte, Germán Rogelio Rozo, Erick Velasco, Juan Fernando Espinal, Jorge Alexánder Quevedo, Álvaro Leonel Rueda Caballero, Luis Ramiro Ricardo.

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