Junio 5/23 Vía decreto el Gobierno aspira definir cómo sería la aplicación de la política de gratuidad en la matrícula, anunciada desde agosto de 2022 y aún inoperante y con desconocimiento de qué y cómo se aplicaría.
Si bien el recién llegado ministro de Educación Nacional, Alejandro Gaviria, anunció la apuesta para incrementar la cobertura en 500 mil cupos en el cuatrienio, como una forma de esquivar el debate sobre la prometida gratuidad universal anunciada por el entonces candidato a la Presidencia Gustavo Petro, lo cierto es que 10 meses después el gobierno nacional sólo ha dado bandazos y ninguna definición concreta de cómo ni cuándo se va a cumplir esto.
Eso ha significado múltiples reuniones, pronunciamientos de las distintas asociaciones, estudios técnicos, ilusionadas esperanzas de las IES privadas de ser tenidas en cuenta en el plan para aliviar su situación financiera, reunión del presidente Petro con voceros de las IES públicas, anuncios de crecimiento progresivo y gradual de la Política de Gratuidad en el Plan Nacional de Desarrollo conforme la disponibilidad presupuestal, la expectativa por la construcción de nuevas universidades y hasta el anuncio oficial del SUE de cuántos cupos y cómo podrían crecer.
El hecho es que a hoy los 500 mil cupos parecen ser un fantasma; que las IES públicas ni siquiera tienen claro cómo será el apoyo estatal en 2023-2; que el tema no es perentorio en la agenda pública de un país convulsionado políticamente; y que hasta el propio SUE, en cabeza de su presidente, Jairo Torres, cercano a la filosofía del presidente Petro, ya cuestiona que éste no haya creado un solo cupo nuevo.
Entre tanto, el Ministerio de Educación sigue sin convencer, con autoridad técnica ni de conocimiento, a los rectores. Ministra y viceministra parecen estar salvadas de la crítica de la opinión pública no por su gestión, sino porque el gobierno está metido en tantos escándalos, que el tema de educación no ocupa la atención mediática.
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Gratuidad vía Decreto
El Plan Nacional de Desarrollo le está sirviendo al Ministerio de plataforma para definir su actuar al respecto, el cual definió que se acaba Generación E y se busca que la gratuidad educativa sea progresiva, hasta que sea universal.
Eso conlleva a que el Ministerio de Educación tenga que trabajar en reglamentar dicha política de gratuidad; esto es, definir -entre otros aspectos, alcances, beneficiarios, fuentes de financiación, administradores y relaciones entre Estado, IES y beneficiarios.
Para ello proyecta avanzar en mesas regionales de discusión sobre el tema con el SUE, la Red TTU y representantes estudiantiles.
En agosto espera publicar la propuesta de decreto par observaciones ciudadanas, de tal manera que entre noviembre y diciembre ya esté firmado el texto por Presidencia y definida la forma de realizar su difusión e implementación.
Y todo esto en medio de escenarios complejos: La pérdida de favorabilidad del gobierno entre la opinión pública, la incertidumbre por el comportamiento real de la matrícula en 2022 (cuyas cifras aún no se han publicado por parte del SNIES), la necesidad de asegurar más recursos económicos para financiar la gratuidad, las peticiones de las universidades del SUE y la Red TTU de contar con más recursos, la posible aprobación de una reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 y el impacto de esto con el resto del sistema de educación superior. Y el actual Ministerio ya ni siquiera habla de los 500 mil cupos como tal.
