Los recursos que pide el SUE al gobierno para atender faltantes de 2022 y la proyección 2023

Sept 19/22 Según los cálculos del SUE el Gobierno Nacional adeuda a sus universidades un poco más de 160 mil millones de la vigencia 2022, y debería incrementar en 350 mil millones el presupuesto de 2023. Gobierno no ha confirmado.

Por ahora, el sector está a la espera de conocer la manera como el Ministerio de Educación distribuirá los 1.2 billones adicionales que la semana pasada se acordaron agregar al Presupuesto General de la Nación 2023 para el sector educación, pues según las cuentas del ministro Gaviria, antes de dicha decisión, su aspiración era crecer en 2 billones (1.2 billones para educación básica y media y 800 mil para educación superior).

El siguiente es el texto de la comunicación enviada por el presidente del SUE, Jairo Torres Oviedo, a los ministros de Hacienda, José Antonio Ocampo Gaviria y de Educación, Alejandr Gaviria Uribe:

Por medio de la presente comunicación las Universidades Públicas del país, agrupadas en el Sistema Universitario Estatal, respetuosamente exponemos las siguientes solicitudes de recursos de gran impacto para la operación de nuestras instituciones:

1. El Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021, Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, proyectó un incremento del 3% en las transferencias a las Universidades Estatales en el presupuesto de funcionamiento y en el presupuesto de inversión. Sin embargo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) consolidado para la vigencia 2021 correspondió al 5,62%, lo que genera un faltante de 2,62% en las transferencias para funcionamiento e inversión que son base presupuestal para las Universidades Públicas.

En ese sentido, solicitamos comedidamente que este diferencial del 2,62%, que equivale aproximadamente a $101.922 millones para el Sistema Universitario Estatal ($99.497 millones en funcionamiento y $2.425 millones en inversión), sea incluido en las transferencias presupuestales de la presente vigencia, con el propósito de atender los compromisos y obligaciones de nuestras Instituciones.

2. De igual forma, el Decreto citado de liquidación de presupuesto 2022, incluyó en el rubro “A-03-03-04-008 Ley 30 de 1992. Artículo 87- Distribución CESU” una partida correspondiente a $83.344 millones, tomando como base un incremento del PIB para el 2021 cercano al 5,95%. Sin embargo, teniendo en cuenta que el crecimiento del PIB correspondió al 10,6%, se requiere que el diferencial por este concepto que equivale aproximadamente a $65.992 millones para el Sistema Universitario Estatal, sea igualmente incluido en las transferencias presupuestales de la presente vigencia, con el propósito de atender necesidades de funcionamiento en nuestros campus, y teniendo presente que en la vigencia 2021 nuestras Universidades no recibieron recursos por este concepto ya que en el año 2020 el PIB fue negativo.

3. Con relación a los recursos mínimos requeridos en el presupuesto 2023, agradecemos su compromiso con la inclusión en el presupuesto general de la nación de los 5 puntos porcentuales adicionales al IPC acordados para las Universidades Públicas; entre tanto se avanza en la revisión de la propuesta del modelo financiero y el proyecto de Ley que actualice la fórmula de financiación para el sistema de educación superior público según lo planteado por el señor Ministro de Educación en reunión del 22 de julio del presente año.

Asimismo, manifestamos la necesidad de incorporar en el mismo, los recursos de inversión para dar continuidad a los planes de fomento trazados por nuestras Universidades, los cuales corresponden como mínimo a 350.000 millones para el total de las IES públicas. Estos recursos están soportados en el artículo 102 de la Ley 1816 de 2016 (que modifica el art. 243 del Estatuto Tributario), que establece que de los 9 puntos porcentuales de la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios de las personas jurídicas, 0.6 puntos se destinarán a financiar las instituciones de educación superior públicas para el mejoramiento de la calidad de la educación superior y/o para financiar créditos beca a través del Icetex. Estos recursos fueron gestionados y vienen siendo recibidos por las Universidades desde el año 2013 en virtud de la Ley 1607 de 2012 y posteriores reformas.

A propósito, lea: Favor revisar, antes de de modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992

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