Feb 6/25 Sigue la tensión en la Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS). La rectora Sandra Ortega Sierra ha decidido no interactuar ni compartir espacios físicos con el delegado del presidente de la República ante el Consejo Superior Universitario, Carlos Alberto Bolívar Corredor, tras sus denuncias por acoso laboral y violencia basada en género y en medio de un entramado de decisiones judiciales.
El conflicto, ya documentado por El Observatorio de la Universidad Colombiana, parte de varias denuncias y actuaciones formales. En marzo de 2024, Ortega presentó ante el Consejo Superior Universitario y la Fiscalía 04 Local de Cúcuta una denuncia por agresiones sistemáticas, presenciales y en redes sociales de parte de Bolívar, quien incluso ha usado el logo de la Presidencia de la República para difundir ataques personales. Paralelamente, se activaron las rutas internas de la UFPS para la atención de violencia basada en género y acoso laboral, con intervención del Comité de Convivencia Laboral, la Defensoría del Pueblo, la Policía Metropolitana de Cúcuta y la dupla de atención psicojurídica.
En noviembre de 2024, la Fiscalía otorgó una medida de protección a favor de la rectora, que fue entendida por las autoridades universitarias y de policía como una restricción al ingreso de Bolívar al campus. En diciembre de 2025, una jueza de control de garantías aclaró el alcance de esa medida, señalando que formalmente no restringía la locomoción del presunto agresor, lo que abrió la puerta a que Bolívar reclamara su derecho a entrar a la universidad y a los espacios institucionales.
Esta medida, según Ortega, la expone a confrontación directa y revictimización, por lo que pidió entonces: Suspender provisionalmente al delegado presidencial, o impedirle el ingreso físico a los espacios donde ella trabaja, o que solo participe virtualmente en el Consejo Superior.
Así quedó registrado en una acción de tutela interpuesta por Ortega contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación Nacional, y por ello el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante auto del 30 de enero de 2026, decretó una medida provisional ordenando a la Fiscalía General de la Nación mantener y aplicar la medida de protección del 27 de noviembre de 2024 como una restricción efectiva: Carlos Alberto Bolívar Corredor no puede presentarse físicamente en el lugar de trabajo ni en el domicilio de la rectora cuando ella se encuentre presente mientras se decide la segunda instancia de la tutela.
El alto tribunal, además, requirió a la Fiscalía y al Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Cúcuta para que remitieran, bajo advertencia de sanciones, los expedientes y actuaciones relacionadas con la denuncia penal y las medidas de protección. Posteriormente, el sistema judicial registró la notificación masiva de este auto a al menos 16 destinatarios, entre ellos la UFPS, el propio Bolívar, la Presidencia, el MEN, la Procuraduría, la Policía, la Defensoría y autoridades regionales, cerrando cualquier margen de desconocimiento sobre el alcance de la medida.
En este escenario, la decisión de la rectora de no interactuar con el delegado presidencial no es solo una postura política o personal, sino una consecuencia directa de su condición de víctima reconocida en procesos penales y de tutela, y de la necesidad de evitar escenarios de revictimización y confrontación directa. La UFPS ha reiterado su política de tolerancia cero frente a la violencia de género y ha respaldado institucionalmente a Ortega, mientras el delegado insiste en que las restricciones son ilegales y que la rectora “usa el feminismo para silenciarlo”.
