Abril/26 Orozco, presidente de AvanCiencia y profesor de la Universidad del Rosario, señala la autonomía universitaria como el derecho fundamental de autodeterminación frente al poder estatal para garantizar el pensamiento crítico y desarrollo.
Las primeras universidades medievales aristotélicas, como París, Oxford y Salamanca, reclamaron progresivamente la independencia frente a la Iglesia para gozar de libertad de enseñanza y de pensamiento. Esto, de acuerdo con el erudito Padre Alfonso Borrero S.J. -rector de la Pontificia Universidad Javeriana entre 1970 y 1977-, fue lográndose con el meritorio desarrollo de las ciencias, que las hacían respetables y dignas para dictarse sus propias normas. En la Ilustración, el control de la universidad por parte del poder ecuménico se trasladó a los nacientes estados como mecanismo para formar personas leales al régimen, asegurando la cohesión ideológica y administrativa. Si bien el principio de libertad académica -libertas philosophand- fue una característica de la universidad alemana consolidada en el modelo de Humboldt, emergieron con fuerza el sistema centralizado de la Universidad Imperial que agrupó a todas las instituciones educativas bajo la autoridad del Estado de Napoleón Bonaparte, así como el despotismo ilustrado de Carlos III, que usó las universidades como instrumento para formar funcionarios adoctrinados, útiles al Estado, con una línea predefinida de pensamiento.
La idea de autonomía universitaria en América Latina, que para el caso colombiano detallo desde los tiempos y confrontaciones entre Bolívar y Santander en una columna anterior en este Observatorio de la Universidad Colombiana, emergió de al menos tres expresiones distintas. De una parte, la Reforma de Córdoba en Argentina, con el movimiento estudiantil de 1918, exigió, en esencia, participación en el gobierno universitario y libertad de cátedra. En México, las protestas estudiantiles de 1929 lograron que la Universidad Nacional Autónoma de México pudiera elegir sus autoridades y definir sus planes de estudio. Desde otra arista, en Colombia fue el gobierno reformista liberal de Alfonso López Pumarejo quien definió, en la Ley 68 de 1935, una autonomía para la Universidad Nacional de Colombia otorgándole personería jurídica e independencia en la elección de autoridades, autodeterminación de programas académicos y de investigación, libertad de cátedra y la administración independiente de recursos, asegurando que los “bienes que constituyan el patrimonio de la Universidad estarán exentos de impuestos”.
La autonomía, que etimológicamente remite a la noción de darse por sí mismo las normas o leyes, en el ámbito universitario no nace como un concepto acabado con una interpretación unívoca, ya que se ha configurado a partir de situaciones y proyectos particulares en diferentes países. En un sentido amplio, la autonomía universitaria abarca diversas cualidades fundamentales, tales como la libertad de cátedra, de pensamiento e investigación, la capacidad de autogobierno, la elección interna de autoridades, la posesión de personalidad jurídica y de patrimonio propios, la potestad de establecer sus normas y la libertad para organizar sus planes y programas de estudio, así como para expedir títulos profesionales. Esta multidimensionalidad de la autonomía legitima la configuración de modelos educativos propios, con su organización administrativa particular y sus formas de promover la ciencia, la tecnología y la innovación, mediante las cuales pueden generar su identidad y reconocimiento en el mercado del sistema de educación superior. Sin embargo, en el fondo, toda idea de autonomía subyace a la independencia respecto de fuerzas externas, y en particular del poder del gobierno que administra un Estado, para que la universidad no se utilice con fines políticos ni de adoctrinamiento ideológico.
Uno de los hitos que remarcaron esa noción de autonomía en América Latina está en la gesta de Ricardo Hinestrosa Daza, rector de la Universidad Externado de Colombia, quien convocó a los rectores de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y la Universidad de América para enfrentar la intervención estatal del dictador Gustavo Rojas Pinilla, quien asumió el control de la Universidad Nacional de Colombia con la designación del general Gabriel París como rector en 1957. Ricardo Hinestrosa no defendió la autonomía universitaria desde las protestas y confrontaciones, sino a través de una acción institucional firme y coherente. Fundó la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) para dotar a la comunidad universitaria de la capacidad colectiva e institucional para defender la universidad como bastión del libre pensamiento, lo que, de paso, consolidó al Externado como referente de independencia académica en América Latina. Es sobre esa premisa que la autonomía universitaria se asentó como un principio y un derecho, según el cual el poder político de un gobierno no puede intervenir en las dinámicas de la universidad para que esta se allane a sus intereses y pretensiones.
Indicó el filósofo argentino Risieri Frondizi en su libro de 1971 La universidad en un mundo de tensiones, que la autonomía universitaria no es aislarse del Estado ni es la libertad de cátedra. Es una condición epistemológica de la institución que tiene la responsabilidad social de crear una cultura con capacidad crítica para cuestionar lo establecido, y generar conocimiento con independencia de los intereses de la ideología política dominante. En esencia, es la administración de la relación entre la Universidad y el Estado, en la que se preserva la institución de la ciencia frente a las limitaciones dogmáticas, políticas o de intereses del poder público que puedan imponerse desde el Estado. En esa vía, el pensador mexicano Humberto García resalta que la intervención gubernamental en las universidades menoscaba el libre pensamiento de la academia, especialmente cuando dicha intromisión busca coartar la crítica dirigida a las políticas estatales y a la gestión administrativa del gobierno, limitando el papel fundamental de la universidad como contrapeso intelectual y espacio de reflexión crítica para el desarrollo. Aunado a lo anterior, el sabio colombiano Antonio García Nossa en su libro La crisis de la universidad de 1985, indicaba en el primer capítulo sobre autonomía, que este principio máximo de autodeterminación solo se logra cuando se es capaz de defender la actividad universitaria de “las formas características del ciclo absolutista, a la represión violenta de cualquier germen de oposición o de pensamiento crítico, a la negación radical de las libertades internas y a la conducción de la universidad como una agencia política del gobierno” (p. 32). No se puede hacer universidad a la complacencia de las ideologías del gobernante de turno, sino que debe ésta, en palabras de García, operar como una “conciencia crítica y como un órgano de investigación y descubrimiento de los nuevos caminos y de formación de los nuevos contingentes identificados en la operación estratégica y global del desarrollo” (p. 32).
Una de las tesis centrales del desarrollo de las naciones, propuesta por los Nobel de economía Daron Acemoglu y James Robinson, es la participación ciudadana en el control político como mecanismo de contrapeso frente al poder de quienes controlan el Leviatán estatal. Para contribuir al desarrollo de los países, las universidades deben proteger la libertad individual del académico para investigar y publicar sin censura ni represalias. La autonomía universitaria, por lo tanto, no es una mera concesión estatal, sino una condición indispensable para que la universidad cumpla sus fines esenciales y cree valor para el desarrollo de las naciones desde el propio bien jurídico que protege: la formación, la investigación, la difusión del conocimiento y la reflexión crítica sobre la sociedad y sus formas de poder frente al avance de las ciencias.
Así las cosas, cuando un rector se allana a las solicitudes de un gobernante, de un alto funcionario del Estado, de una ministra, de que acalle, silencie y neutralice a un académico que, desde su autoridad intelectual y moral, critica las políticas y gestiones del gobierno de turno, sin mediar en su retórica, no solo vulnera el derecho fundamental de la autonomía universitaria, sino que atenta contra el desarrollo, contribuyendo a que se pierda la confianza y el optimismo en la viabilidad de un país como nación, coartando el ideal de la libertad como derecho inalienable del ser humano y derrumbando la fe en la democracia y la lucha por el perfeccionamiento del ideal de un Estado Social de Derecho.
Esta lección la aprendí, como diría el gran filósofo Espinoza, por una afortunada convergencia de experiencias que me debían ser propias para que, desde una epistemología trascendental como propuso Husserl, pudiera hablar con propiedad desde la experiencia vivida, de un tema que me ha embelesado desde que el gobierno del presidente Gustavo Petro tuvo la osadía y animadversión de buscar que las instituciones de educación superior se alinearan a su ideología de izquierda anticuada de estatalizarlo todo. Desde su ataque con el Icetex hasta el impuesto al patrimonio, Petro ha buscado eliminar a las universidades llamadas privadas -incluyendo al Externado que lo tituló como economista-, sin entender que si se honra el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, que determina como regla que la educación es un servicio público, todo el sistema de educación superior es de la nación. En lugar de atacar las universidades de garaje, como indique en mi columna pasada en el Observatorio de la Universidad Colombiana, el gobierno se dedicó a menoscabar la legitimidad lograda por una élite de universidades que intentaron mantenerse firmes en su misión. Su fuerza política, como me inclino a interpretar, logró quebrar a instituciones que en otrora fueron bastión de la autonomía universitaria, muy a mi doloroso pesar.
Coda: como profesor universitario profeso una invitación a que demos un cambio de paradigma, haciendo de la información y gobernanza de las IES, como indiqué en una columna de La República, la base de la transparencia para que no perdamos la herencia de una institución social como lo es la Universidad, que ha logrado mejorar nuestras sociedades en bienestar y calidad de vida.
