Marzo 16/26 Tras la advertencia pública que hizo El Observatorio de a Universidad Colombiana, las universidades privadas elevaron una petición ante la Corte Constitucional para que no valide, en la revisión de constitucionalidad, el Decreto Legislativo 173, del pasado 24 de febrero, que les llevaría a sacar dineros no programados para asumir el impuesto al patrimonio por la emergencia económica.
El 11 de febrero pasado, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 150 del 11 de febrero de 2026 con el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en una parte del territorio colombiano (específicamente en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre), como consecuencia de los desastres de la ola invernal.
En desarrollo de la Emergencia Económica, el 24 de febrero el Gobierno Expidió un decreto en el que define mecanismos para una reforma tributaria de emergencia” para recaudar recursos para atender la situación.
Una de las formas de recaudar recursos es la de imponer un gravamen – impuesto a las personas jurídicas con patrimonios mayores a 10.740 millones de pesos. Y ahí entraron las Instituciones de Educación Superior (IES) privadas, pues estas manejan excedentes y patrimonios considerables, tal y como lo informó El Observatorio de la Universidad Colombiana el pasado 27 de febrero
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Auncuando es una norma temporal, se desconoce hasta cuándo actuaría y, al mismo tiempo, si es constitucional o no.
Análisis de constitucionalidad
Como toda norma de esta índole, el decreto legislativo debe surtir un procesos de constitucionalidad, o validez jurídica, para confirmarse, replantearse o anularse.
La magistrada Lina Marcela Escobar Martínez está haciendo ese ejercicio, y pidió al Gobierno y actores varios del sector sus justificaciones y opiniones, así como la Procuraduría General de la Nación.
Aún algunos juristas y expertos tributarios debaten sobre si es aplicable o no la norma a las IES privadas (mas no a las públicas), en virtud de su naturaleza de no ánimo de lucro y de entidades adscritas el Régimen Tributario Especial.
ASCUN sale en defensa de las IES
Salvo los comentarios de algunos columnistas y opinadores en redes sociales, que intentan cuestionar la norma, los rectores (salvo muy pocos, pero especialmente el de Uniminuto, Harold Castilla) han abogado porque el impuesto es regresivo y afecta la estructura y finanzas de la educación superior privada.
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Eso sí, a través de la Asociación Colombiana de Universidades Ascún, se pidió al alto tribunal que se declare la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 0173.
Para la Asociación (en la foto, algunos de sus rectores en el Consejo Directivo), la norma contraviene principios constitucionales como la equidad tributaria y la capacidad contributiva y, además, indica que el gobierno no justificó de manera suficiente las razones para incluir a las universidades privadas dentro del impuesto.
“La imposición de un impuesto al patrimonio sobre los bienes de las universidades constituye una interferencia directa en su autonomía financiera, al obligarlas a destinar recursos que deberían orientarse al cumplimiento de su misión educativa y científica al pago de obligaciones fiscales”, señaló ASCUN, que también sugiere que con esos recursos se podrían cubrir cerca de 15.000 cupos de educación superior y miles de becas dirigidas a estudiantes de menores ingresos.
Otras asociaciones también se pronuncian
Además de ASCUN, ACIET ya se había pronunciado al respecto, así como la Asociación de Instituciones de Educación Superior de Antioquia ASIESDA, que pide el gobierno contemplas la exoneración del gravamen patrimonial para las IES privadas, “teniendo en cuenta que el patrimonio de estas instituciones no persigue fines lucrativos, sino que constituye un instrumento esencial para el desarrollo de una actividad meritoria, como lo es la prestación del servicio de educación superior, reconocido constitucionalmente como un derecho fundamental y un servicio público con función social”.
