Feb 22/24 Así lo anunció el viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez Gallego. Dijo que “ya no será una simple reforma a la Ley 30“, sino una “nueva Ley de Educación Superior”.
Para ello, según lo dijo en un foro de política pública para el diálogo social, de Mininterior, se creará una “Gran Mesa de Concertación Nacional” que el gobierno va a convocar para construir dicha ley, recogiendo todo lo ya trabajado y generar consenso (ver el video).
Hasta ahora en el mensaje a la opinión pública y sectorial lo que existía, de parte del Gobierno Nacional, era la intención de radicar la propuesta de reforma a la Ley 30 de 1992 una vez que surtiera efecto la propuesta de Ley Estatutaria en Educación, que ya fue aprobada en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y que está pendiente de trámite en el Senado de la República.
Dicha propuesta de reforma se fundamentaba, por lo menos en eso iba el debate, en un texto de articulado que se trabajó desde el propio Ministerio de Educación (que también había hablado de una gran concertación nacional y muchos espacios de análisis desde que estaba como ministro Alejandro Gaviria) y cuyo debate de fondo no se ha dado porque el gobierno priorizó la Ley Estatutaria.
Todo cobró más vida a mediados del año pasado cuando el presidente Gustavo Petro (en uno de sus diversos escenarios en los que ha enfrentado cuestionamientos a su gobernabilidad) urgió a la ministra Aurora Vergara Figueroa a apurar el trámite de la Ley 30 de 1992. Incluso, en junio de 2023, Petro pidió a los jóvenes hacer asambleas para preparar el proyecto que, se creía, se iba a presentará en la legislatura que iniciaba el 20 de julio pasado.
Tras diversos mensajes y cambio en los ritmos de interacción con el sector y cuando éste esperaba una propuesta de articulado de parte del Ejecutivo, finalmente el Ministerio de Educación presentó al país, el 20 de julio no uno sino dos propuestas de articulado: El de la Ley Estatutaria y el de reforma a la Ley 30.
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El gobieno priorizó la estatutaria, que radicó en septiembre y se aprobó en Cámara en diciembre, y guardó silencio sobre la reforma a la Ley 30.
En su momento, la primera propuesta de reforma a la Ley 30 fue considerada, por este Observatorio, como un simple remiendo.
Posteriormente, en agosto 2023, el Ministerio dijo que presentaría una segunda propuesta de reforma a la Ley 30, que finalmente no se hizo pública.
Entre tanto, aglunos rectores se están organizando, y hasta consiguiendo lobistas, para intentar que en el Congreso de la República, tanto en la ley estatutaria como en lo que se trabaje con miras a la Ley 30, se incluyan sus intereses.
A propósito, lea: Aparece un nuevo grupo de gestores de otra propuesta de reforma de la educación superior
Lo cierto es que con el anuncio del viceministro de hoy, se entierra lo avanzado (bien o mal) en cuanto a Ley 30, y se reinicia, una vez más, un extenso y desgastante debate en torno de la Ley 30 (así ya no se reduzca el análisis a ésta sino a toda una ley general).
Falta ver si el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación logran sacar adelante la ley estatutaria y si tienen la suficiente gasolina (léase, respaldo político, opinión pública medios de comunicación y tiempo -porque ya va llegando a la mitad del periodo el presidente Petro-) para sacar adelante esta iniciativa.
