Consecuencias en el sector de la “desacreditación” de la U. Sergio Arboleda

Sept 16/22 Más allá de si es “justa” o no la sanción a la Sergio Arboleda, el hecho marca un precedente en el sistema, pone en la mira a otras IES acreditadas y debe ser el punto de partida para los esperados ajustes en el modelo de acreditación.

La noticia sorprendió al sector, por ser la primera universidad acreditada institucionalmente que “pierde” dicho beneficio como consecuencia de la conducta de sus directivos y el manejo financiero; por tratarse de una IES privada considerada tradicional y con buenos estándares de desempeño e, incluso, porque el hecho queda registrado como una sanción de parte del gobierno del, ahora, expresidente Iván Duque, egresado de esa universidad.

Lea: Gobierno Duque “tumbó” la acreditación institucional de su universidad, la Sergio Arboleda

A propósito de esto último, algunas versiones señalan que lo hecho por Duque y su ministra Angulo no fue una “traición” a esa Universidad, tan cercana al anterior gobierno (puso Mindeporte, Fiscal y un buen número de funcionarios del Estado) sino, por lo contrario, un “favor”, pues de no llegar la Resolución 015755, del pasado 5 de agosto de 2022, se corría el riesgo de que la situación de la Sergio Arboleda fuera peor, bien por los hechos encontrados así como por los posibles efectos “revanchistas” y políticos de la llegada del Gobierno de Petro, antagónico del de Duque, y de que las actuaciones de Mineducación, fueran más drásticas, tales como por ejemplo, aplicar sanciones a los directivos de la IES, extender el problema al ámbito penal o, incluso, suspender la oferta de algunos programas.

Incluso, llama la atención que la sanción del Ministerio no contempló, como lo ha hecho de forma casi que recurrente en todos los casos donde ha aplicado la Ley 1740, la designación de un inspector in situ; es decir, protegió a la Universidad de la injerencia estatal.

Eso sí, sorprendió la forma excepcional como el Ministerio realizó todo el proceso en menos de 8 meses, cuando en casos parecidos, se han tomado por lo menos dos años. Curiosamente, a la fecha el SNIES no ha “quitado” la acreditación de la Sergio Arboleda.

Lo cierto es que en los casi 30 años de creación del Sistema Nacional de Acreditación es primera vez que aplica una medida de esta naturaleza, pese a que el caso de la Sergio Arboleda es específico, pero no es el único relacionado con investigados casos de desvío de fondos y malos manejos financieros, entre otros, pues hechos  parecidos ya se han dado en otras IES, varias de ellas acreditadas institucionalmente.

Es clave advertir, y resaltar, que el caso de la Sergio Arboleda NO tiene directa relación con su desarrollo académico, no obstante la acreditación generalmente se ha “vendido” como una validación de esto, aunque no se puede desligar el óptimo desarrollo académico con las necesarias y suficientes condiciones de recursos financieros, entre otros.

Y aquí surge el debate sobre la manera como se está desarrollando el proceso de acreditación, la cualificación de los pares, los aspectos a evaluar y la forma “muy suave” como, en el tema financiero, jurídico y contractual, entre otros, se está haciendo la evaluación de las IES que se presentan al proceso. Ante la dificultad, subjetiva, de medir la calidad académica, uno de los aspectos más objetivos, pero poco evaluados, tiene que ver con las cifras financieras de la operación, y ahí es donde “pinchan” un buen número de IES, incluso las acreditadas.

Eso explica por qué, en muchas IES, sigue habiendo un divorcio entre los “dueños”, representantes legales y ordenadores del gasto con respecto a la realidad, las necesidades y las expectativas de la comunidad académica. Se inauguran edificios, laboratorios, espacios de bienestar y se crean nuevos programas, entre otros desarrollos, que “descrestan” a los pares académicos, atendidos por vicerrectores y decanos que dominan el discurso, mientras que poco o nada se analiza, a fondo, si las inversiones hechas fueron realmente justas y debidamente proporcionadas, si no se desviaron recursos o se pagaron favores o parentescos, con ellos. Eso no aparece en ninguno de los informes, ni de registro calificado ni de acreditación.

Incluso, ya lo advirtió el propio ministro Alejandro Gaviria, días después de que este Observatorio de la Universidad Colombiana advirtiera sobre la necesidad de replantear todo el esquema de acreditación, que el Sistema de Aseguramiento de Calidad SAC debe ser reformulado integralmente porque, entre otros, hasta conflicto de intereses existen.

A propósito, lea: Hora de replantear la acreditación de alta calidad – INFORME ESPECIAL

¿Qué hará el “nuevo” Ministerio de Educación al respecto?

Claramente, ya Gaviria ha puesto en tela de juicio todo el SAC, que fue la apuesta del anterior Ministerio.

El tema de la Sergio Arboleda también le sirve para confirmar la necesidad de replantear el modelo, dar giros en el CESU; revisar el Acuerdo 02, la Ley 1740 y, sobre todo, apuntar a evaluaciones más integrales y equitativas: por igual para todos.

Por ahora, el escenario permite plantear abiertamente preguntas de por qué otras IES con problemas de gobernabilidad, corrupción y, sobre todo, manejos financieros han sobrevivido a las acreditaciones, y hasta se han reacreditado, sin sanciones como éstas.

Casos como los de la Universidad de Medellín (que tituló un senador sin los requisitos), la Universidad Distrital (con un directivo que fue a la cárcel por robar recursos de extensión por más de 10 mil millones), la Universidad Santo Tomás (que ha sufrido en su presupuesto porque ha sido víctima de falta de control sobre sus finanzas), la UPTC (con más de dos meses en paro por indebida negociación con sus docentes y falta de recursos para la nómina), la USCO (sin recursos para terminar año), la del Atlántico (con difiultades de gobernabilidad y estabilidad rectoral), el Jaime Isaza Cadavid (con permanentes peleas de clanes políticos por el poder de la institución), la Central o la San Buenaventura (con dificultades financieras), el Externado (que nunca explicó los manejos financieros del anterior rector), Los Libertadores (con un claro manejo familiar) y otras tantas que viven en permanentes, y hasta públicos, “agarrones” entre sus fundadores y directivos y que deberían ser seriamente revisados.

Más allá de si es justa o no la sanción a la Sergio Arboleda, no es justo que sólo sea ésta la sancionada, cuando en el sistema claramente existen casos de otras en donde el lucro disfrazado sí se da.

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