Abril 13/21 Otro personaje público cae porque se cuestiona la existencia o convalidación de sus estudios en el exterior… y caerán más, mientras Colombia no tenga una base de datos oficial con los registros de todos sus profesionales.
El caso del gerente de EPM
En este caso se trata de Alejandro Calderón Chatet, quien apenas llevaba una semana de nombrado como gerente general (y no se alcanzó a posesionar) en una de las empresas más grandes del país, la EPM (Empresas Públicas de Medellín), a quien además de cuestionamientos de carácter político por su relación con el alcalde de esa ciudad, Daniel Quintero Calle, y su aparente poca experiencia y otros negocios, también se sumaron críticas en torno de la posible no validez y reconocimiento de algunos de sus estudios superiores.
Calderón Chatet estudió en la Universidad de Montesquieu Bordeaux IV (Francia), donde obtuvo el título de “Maitrise Sciences Economiques” (2002), convalidado por el Ministerio de Educación de Colombia como Economista mediante la Resolución No. 18819 de 2013.
Luego el debate se centró sobre su posible maestría en finanzas en Harvard. Calderón informó que estudió en la “Extension School de la Universidad de Harvard”, donde obtuvo el título de “Magistri in Artibus Liberalibus Studiorum Prolatorum”; esto es, un “masters in liberal arts” (MA), pero no es un “masters in science” (Msc).
También señaló que presentó la convalidación de este título ante el Ministerio de Educación de Colombia el pasado 9 noviembre de 2020, dentro del término de dos años siguientes a la posesión del cargo, según lo establece la legislación vigente (Decreto 1083 de 2015).
Igualmente se conoció que en noviembre pasado la propia EPM había indicado que Calderón Chatet era también especialista en Administración de Empresas y Economía de la Universidad de California, y que al parecer esto no se dio. Calderón mostró un diploma física de esto, aunque dijo que, por considerarlo un título menor, no lo registró ante Función Pública.
La necesidad de una base de datos centralizada de títulos de profesionales
Debería ser un esfuerzo liderado por Mineducación, con apoyo de la Función Pública y la Cancillería, entre otros, de tal manera que todo funcionario público, e incluso directivo de instituciones privadas, tenga debidamente registrados y avalados todos sus estudios y títulos, de tal manera que ésta sea la fuente oficial de confirmación de esta información.
Como este portal lo ha propuesto desde hace tiempo (lea Un sistema nacional de registro de títulos: Solución al fraude académico), sería una especie de registraduría que avale los logros académicos efectivamente alcanzados por todos quienes aspiren a ocupar cargos públicos y directivos en el país.
Así, los organismos de control del Estado, como los propios medios de comunicación y la ciudadanía en general podrán asegurarse que efectivamente quienes dicen tener determinados títulos sí los han alcanzado, y los que no aparezcan allí no tienen validez o no existen.
Allí, todas las IES nacionales y las convalidaciones que salgan de Mineducación deberían ingresar a una base de datos, que debería ser pública, para evitar que las mentiras sobre estudios no realizados o culminados, sigan invadiendo muchos procesos de elección y nombramiento en todos los niveles de la administración pública y privada.
Ya hay un proyecto que puede servir de base
Se trata del proyecto de ley 106/20, radicado y promovido en el Congreso de la República, el año pasado, por el representante a la Cámara vallecaucano, el liberal Juan Fernando Reyes Kuri, con el que pretende crear un Sistema Único de Registro de Profesiones, en el que todas las IES tendrán que reportar a una base de datos, gestionada desde Mineducación, sus egresados, tanto los nuevos como los históricos.
Dicho proyecto, que se quedó en la publicación de su ponencia para primer debate, y que también propone la eliminación de las tarjetas profesionales (lo que llevó al rechazo de asociaciones como COPNIA) curiosamente no recibió luego el respaldo de su gestor, pero podría retomarse en un esfuerzo colectivo del sector y el Estado para contribuir a la transparencia, combatir la corrupción, evitar reprocesos y dar mayor transparencia a la función pública.
