Oct 27/21 Mucho han politizado al Icetex. Y al ver que 3 años después de aprobada la Ley 1911 no se ha puesto en marcha, surge la duda de si vale la pena insistir con más proyectos de ley.
Es tanto el dinero, importancia e influencia del Icetex que todos quieren ser protagonistas del mismo: El Gobierno, porque apalanca sus proyectos educativos (como recursos de becas); la oposición, porque les sirve para mostrarlo como ejemplo de lo costoso que puede resultar el crédito educativo, antagónico de la gratuidad total; y los partidos políticos, porque buscan flexibilizarlo para favorecer la matrícula educativa o la incidencia en ciertas decisiones.
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Pareciera que los tres quisieran hacer populismo con este Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” – ICETEX.
Una entidad que mediante la Ley 1022 de 2.005, fue transformada como entidad financiera de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Educación Nacional. A juicio de muchos, esto significó darle una naturaleza bancaria; es decir, sistemas de cobro e intereses propios del sector financiero y alejado del espíritu de fomento estatal a la educación.
Sus defensores dicen que, precisamente, lo que hace la entidad es proteger los recursos del Estado para poderlos reinvertir.
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Tras un amplio debate durante el Gobierno Santos, en julio de 2.018, se promulgó la Ley 911 de 2.018, que tres años después se encuentra intacta, sin reglamentar ni aplicar, pese a haber aprobado varios desarrollos significativos, entre ellos dos que no cuentan con dolientes directos.
El primero tiene que ver con el Sistema de Financiación Contingente al Ingreso, que en términos simples consiste en el modelo (copiado de Australia) donde el Estado (Icetex) presta al estudiante y éste retorna el crédito una vez se gradúe y según su nivel de ingresos.
Para los técnicos en análisis financiero de la educación superior, es una muy buena opción teniendo en cuenta las tasas de retorno en el mercado laboral de los egresados universitarios, para retanquear a la entidad y dejar de volverse en una fuerte carga económica y emocional para quienes asumen créditos que, con intereses, se vuelven eternos y a veces impagables.
Pero en el sector poco gusta. Las tendencias de gratuidad, becas crédito y subsidios plenos tienen más acogida, y ninguna asociación o actor clave del sector (del estilo CESU, Mineducación, el propio Icetex…) dicen algo.
Uno de los pocos que se refirió al tema hace unos días fue el rector saliente del Icesi, Francisco Piedrahita, quien señaló su inconformidad con programas como Matrícula Cero, existiendo salidas como éstas.
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El segundo aspecto tiene que ver con composición de la junta directiva de la entidad.
Pese al acuerdo del Gobierno con los estudiantes, en diciembre de 2.018, para buscar escenarios de concertación y revisión sobre el rol del Icetex, esto no ha sido posible.
Los usuarios protestaron por la forma como, según ellos, el Gobierno manejó las mesas de conversación y no abordó los temas reales de participación y créditos. Y sin su apoyo, la entidad y sus rectores amigos crearon una propuesta de reforma del Icetex que fue radicada en el Congreso, y archivada por falta de tiempo para el trámite legislativo.
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Mientras tanto en el Congreso circulan varios proyectos de ley que pretenden hacer ajustes al modelo de operación de la entidad, sin que aún avancen significativamente, ni siquiera los de los políticos de la oposición, que respaldan los reclamos de los usuarios.
Por ahora la entidad, más allá de reformas cosméticas, sigue actuando con el mismo esquema de años atrás.
Su Junta Directiva sigue siendo controlada por el Gobierno y algunos voceros de IES especialmente beneficiadas, y los usuarios sin voz ni voto, pese a que dicha Ley 911 incluyó en la Junta Directiva a un estudiante usuario del ICETEX de último año de una universidad pública o privada, y un representante universal de los usuarios del Icetex.
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La siguiente es la composición oficial actual de la Junta Directiva del ICETEX, en la que los miembros, distintos de los del gobierno, tienen un periodo de dos años:
1. Ministra de Educación, María Victoria Angulo González, presidenta de la Junta
2. Viceministro de Educación Superior, Maximiliano Gómez Torres, Presidente delegado ante la Junta
3. Maritza Rondón Rangel, rectora de la Universidad Cooperativa de Colombia y representante del Consejo Nacional de Educación Superior CESU
4. Alvaro Acevedo Tarazona, representante del Consejo Nacional de Acreditación CNA
5. José Fernando Echeverry Murillo, rector de la Universidad del Quindío y representante de las universidades públicas
6. Alberto Enrique Rosa Varelo, rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar y representante de las universidades privadas. A propósito la entidad abrió la convocatoria para elegir al nuevo rector que ocupará esta plaza
7. Nemesio Raúl Roys Garzón, gobernador de La Guajira y representante de la Federación Nacional de Departamentos
8. Miguel Angel Moreno Suárez, alcalde del municipio de Floridablanca – Santander, y representante de la Federación Nacional de Municipios
El Presidente del Icetex, Manuel Acevedo, participa con voz pero sin voto, y el Secretario General lo hace Secretario de la Junta.
La entidad, ni el Ministerio han reglamentado ni convocado a los dos voceros adicionales de los estudiantes ni los usuarios.
… ¿y si en vez de buscar reformas, en el papel, de la entidad, el Gobierno pusiera en marcha la 911?
Información de referencia:
Icetex defiende su gestión. Dice que sólo el 0,16% de créditos están en cobro jurídico
