Junio 30/22 Néstor Hincapié y dos exdirectivos más de la acreditada universidad antioqueña, quedan inhabilitados por 5 años para ejercer cargos o contratar con instituciones educativas.
A juicio del Ministerio de Educación, que mediante resolución 11593 del pasado 23 de junio, impuso la sanción, en el caso de la polémica titulación del senador Julián Bedoya, la U. de Medellín defraudó la confianza depositada por el Estado a esa IES para prestar el servicio público de la educación superior.
La sanción, firmada por la saliente ministra María Victoria Angulo, se da tres años después de que el propio Ministerio de Educación Nacional realizara la visita de inspección y vigilancia a la Universidad de Medellín, para investigar los hechos denunciados por parte de Elkin Darío Goez Serna y Carlos Eduardo Naranjo Flórez, y que ocurrieron entre 2014 y 2019, y que llevaron al otorgamiento, sin el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios para ello, del título de abogado al congresista liberal antioqueño Julián Bedoya.
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Aunque la situación de Bedoya llevó a que, una vez desatado el escándalo, la propia Universidad de Medellín le anuló el título de abogado, así como a la renuncia de Hincapié.
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Pero Néstor Hincapié no resistió. Renunció a la rectoría de la U. de Medellín en febrero de 2020. Era rector desde el año 2.000.
La sanción inhabilita por cinco años para ejercer cargos o contratar con instituciones de educación a:
Néstor de Jesús Hincapié, hoy exrector de la Universidad de Medellín, y rector en la época en que se presentaron los hechos.
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Juan Felipe Hernández, exsubsecretario general de la institución universitaria, entre junio de 2012 y febrero de 2020.
Y Esperanza Restrepo Buriticá, exsecretaria general de la Universidad entre enero de 2005 y febrero de 2020.
El caso fue analizado en el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, que aprobó por unanimidad la sanción a los investigados.
En marzo pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia señaló que seguirá investigando al senador Bedoya por falsedad en documento público, privado y fraude procesal, en medio del proceso por presuntas irregularidades en su título de abogado. La Corte se abstuvo de imponer medida de aseguramiento al político.
