Marzo 3/21 ¿A alguien le preocupa realmente la U. Popular del Cesar como proyecto académico social? No hay rector ni Consejo Superior, ni gestión académica, pero sí contratos. Hora de intervenir.
La autonomía universitaria no es sólo la manera de permitir el libre desarrollo de las instituciones, sino también una forma de confirmar la infancia intelectual y el espíritu corrupto o desorientado de algunas comunidades universitarias, y la situación de la Universidad Popular del Cesar parece confirmar la urgente necesidad de que quienes tienen la responsabilidad moral y profesional de vigilar por los intereses de la sociedad actúen.
Tras la suspensión del rector (e) José Rafael Sierra Lafaurie por parte del Consejo de Estado, por su irregular elección de parte de un paupérrimo Consejo Superior de solo tres miembros, al parecer montado desde la Gobernación, a fin de asegurar cuotas políticas y contratación en la Institución, éste no ha aceptado públicamente su retiro del cargo.
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Aunque la sanción del Consejo de Estado se notificó desde el viernes pasado al Consejo Superior, éste calla y ayer se conoció que el propio Sierra Lafaurie ayer martes convocó al Comité de Contratación, para adjudicar contratos por más de cuatro mil años, uno de aseo y otro de vigilancia.
La Universidad lleva más de un año sin rector en propiedad y pese a la incertidumbre y débil gobernabilidad que reflejan las actuaciones de su Consejo Superior, en donde deben estar los exrectores y los gobiernos nacional y local, hoy se desconoce qué y como se actuará para tener el reemplazo de Sierra y cómo actuar para buscar un rector en propiedad, dependiendo de lo que el Consejo de Estado decida sobre la demanda contra la exrectora Darling Guevara. Se especula que lo que hay de Consejo Superior designe un nuevo rector (e), que podría ser el funcionario Leoncio Peralta.
En julio de 2019 terminó la rectoría de Enrique Meza Daza (quien afirmaba que, en parte, su cargo era para devolver favores a los políticos que le ayudaron). Luego llevó como rector (e), por un mes, Jesús Valencia, hasta que lo sustituyó la vicerrectora Alexi Leonor Vidal Brito, por más de 3 meses hasta que se eligió a Darling Guevara Gómez, , cuya elección también fue demandada y estuvo en el cargo 3 meses. El Consejo Superior, entonces, eligió a Raúl Adolfo Gutiérrez Maya, como rector (e) hasta cuando en noviembre pasado en una especie de golpe de Estado de un Consejo Superior de solo tres miembros, se eligió como su reemplazo a José Rafael Sierra Lafaurie.
Para colmo de males -informa la emisora líder en esa región, Radio Guatapurí-, el Ministerio de Educación dio a conocer una resolución sancionatoria que tenía engavetada desde el 21 de diciembre pasado, mediante la cual sanciona con multa de ocho salarios mínimos legales a los siguientes miembros del Consejo Superior Universitario: (1) Carlos Darío Morón Cuello – representante de los exrectores, (2) Joaquín Manjarrez Murgas – representante del sector productivo, (3) Pamela García Mendoza – delegada del Gobernador del Cesar, (4) Jesualdo Hernández Mieles – suplente representante de los exrectores, (5) Arnulfo Cotes silva – representante suplente del sector productivo, y (6) Sergio José Barranco Nuñez – delegado del Gobernador del Cesar. De acuerdo con la resolución número 23.673 de 2020, suscrita por la ministra María Victoria Angulo González, cada uno de los sancionados deberá pagar un poco más de siete millones de pesos, por haber desantendido una directriz directa del Ministerio en la que pedía abstenerse de realizar la reunión extraordinaria del Consejo Superior Universitario citada para el 19 de noviembre de 2020, en la cual irregularmente fue elegido (con apenas 3 votos de 9 posibles) José Rafael Sierra Lafaurie. Contra la decisión sólo procede el recurso de reposición.
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Este complejo panorama lo completan las referencias, que hace el columnista de El Pilón, Aquilino Cotés Zuleta, en el sentido de que se “mencionan nombres que tienen varias décadas de ser funcionarios de la UPC y siempre fungen como jefes de departamento, decanos, vicerrectores, rectores o con poderes en rectoría, como son los casos de los docentes César Torres, José Guillermo Botero Cotes, Roberto Daza, entre otros, como Carlos Morón, quien es el rector de la Universidad de Santander, sede Valledupar, y también es miembro del CSU de la UPC en representación de los exrectores”.
La comunidad académica está perpleja con todas estas situaciones. Las actividades académicas funcionan de manera irregular, estudiantes de derecho protestan por el incomprensible aumento de 658 mil a 909 mil pesos de los seminarios de grado, y un buen número de clases no se están realizando porque no hay el debido control en la contratación y seguimiento de los docentes, muchos de los cuales protestan por la forma como la nómina de este periodo fue cambiada por Sierra bajo el argumento de aplicar una norma que poco o nada se ha aplicado en dicha IES.
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El SUE, con su Presidente Hernán Porras, no se ha expresado al respecto; el Ministerio de Educación ha intentado actuar, y ha advertido al jefe de Planeación la irregularidad de la contratación por parte de un rector suspendido, pero se esperan actuaciones más rigurosas de parte de la cartera educativa, pues no se ve a nadie más del sector o la propia comunidad cesarense que proteste como debe ser en contra de lo que pasa en su Institución.
Y luego se preguntan por qué, ante la falta de resultados de la UPC, a pocos kilómetros de ésta se fortalece una sede de la Universidad Nacional de Colombia.
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