Abril 24/25 Aunque la Ley 30 define al Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, como “organismo del Gobierno Nacional con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría”, Mineducación no tuvo en cuenta sus recomendaciones del que, entonces, era un proyecto de decreto, que se transformó en el 0391 del pasado 1 de abril.
Si bien parece existir consenso en el sector sobre la bondad de que el personal académico y administrativo de todas las IES tenga condiciones laborales que sean equitativas entre todos y respeten su dignidad como trabajadores, hay consenso en que la operacionalización y puesta en marcha del Decreto 0391, que pretende la ‘formalización laboral’ en todas las instituciones de educación superior públicas, no solo debe superar una reflexión en torno de lo que realmente significa la formalización, a qué niveles, de qué forma y, sobre todo, con qué recursos.
Aunque el gobierno insiste que ha dado recursos suficientes, las cifras no cuadran y todas las IES señalan que no tienen los recursos para ello y que la formalización sólo será posible si el Estado les da dicho dinero.
Vale recordar que el Sistema Universitario Estatal SUE ha estimado que atender, anualmente, la meta de pasar del 31,3% al 70% la vinculación de planta tiene un costo aproximado de 2,9 billones adicionales a la base presupuestal de funcionamiento. Es decir, cerca del 50 % de las actuales transferencias del Estado.
Y no solo ha sido el SUE, sino también diversos actores. Este jueves 24 de abril, en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Colombia, realizado en Medellín, el rector Leopoldo Múnera y varios consejeros reiteraron estas observaciones al viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño.
Estas son algunas de las reacciones que ha causado el decreto en este mes de abril:
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CESU se había adelantado a estas reacciones
El borrador del hoy decreto 0391 fue publicado inicialmente en agosto de 2024, a pocos días de la llegada de José Daniel Rojas Medellín como ministro, acompañado del entonces asesor Ricardo Moreno (quien venía ocupando diferentes cargos en la entidad desde las épocas de Aurora Vergara y Alejandro Gaviria).
Las diversas críticas y comentarios que empezaron a salir se oficializaron en la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior CESU del 29 de agosto de 2024 (foto) en la que Moreno Patiño (aún sin posesionarse), presidió la sesión ordinaria del Consejo, tras dos meses de no reunirse ese cuerpo colegiado, entonces (en junio de 2024) presidido por el entonces viceministro Alejandro Álvarez Gallego.
Moreno y todo su equipo (Dora Lilia Marín Díaz -directora de Calidad y Secretaria Técnica del CESU; y cinco asesores: Eduardo Prada Velásquez, Martha Elena Hernández, Lady Tatiana Triana Prieto, Mauricio Josué Ramírez y Diana Echeverry Fernández) escucharon de parte de algunos consejeros las mismas consideraciones que hoy se mantienen y sobre las cuales no hay respuesta concreta.
El acta de dicha sesión así lo registró:
“La presentación -de la propuesta de decreto de formalización laboral- estuvo a cargo de Eduardo Prada, asesor de la Subdirección de Desarrollo Sectorial, quien explicó los antecedentes, origen y estructura general del Decreto de Formalización Laboral.
El asesor señaló que, el objetivo del decreto es establecer los elementos mínimos para el diseño e implementación de planes de formalización laboral en las Instituciones de Educación Superior Estatales u Oficiales, con el fin de buscar garantizar condiciones laborales dignas y estables para el personal que no pertenece a la carrera docente y administrativa, pero que desarrolla actividades misionales con vocación de permanencia. La asesora Tatiana Triana informó que, el proyecto de Decreto se publicó en SUCOP el 16 de agosto de 2024 y que el plazo para recibir observaciones ciudadanas finaliza el 7 de septiembre de 2024. El Viceministro de Educación Superior indicó que los comentarios deben ser presentados a través del SUCOP para que puedan ser tenidos en consideración.
El consejero Ivaldo Torres (rector de Unipamplona y vocero de las universidades públicas) señaló que las universidades públicas tienen unos techos administrativos y financieros que les impiden atender todas las peticiones sindicales. Indicó que se deben tener en cuenta los concursos de méritos, el impacto de la formalización y los recursos necesarios para llevar a cabo las modificaciones propuestas. Señaló que la información sobre a quién se puede formalizar varía semestralmente. Indicó que no es posible realizar una total formalización con los recursos disponibles actualmente para el funcionamiento de las instituciones de educación superior.
El consejero José Daniel Muñoz(vicerrector académico de la Universidad Nacional, y entonces delegado del rector de esa IES al CESU), mencionó que, desde la Universidad Nacional de Colombia, consideran pertinente y necesaria la formalización laboral, pero sobre la base de los recursos que se adicionen para ello. Señaló que el crecimiento de la planta docente ocasional y administrativa se dio por la duplicación en cobertura de las instituciones, pero destacó que ese aumento se ha hecho con una planta congelada. Resaltó que el impacto fiscal de la formalización requiere de un aumento considerable de recursos. Agradeció que se reconozca que fijar la destinación de recursos es un asunto de las instituciones en el marco de su autonomía y que la construcción de los planes de formalización laboral debe ser tripartita: instituciones, sindicatos y Ministerio. Además, destacó que la formalización laboral está relacionada con las carreras docentes y administrativa y con la forma en que se realizan los concursos de méritos, lo cual hace que los plazos establecidos en el artículo (propuesto inicialmente) sean irrealizables y requieran ajustes.
El consejero Óscar García(vicerrector académico de la Universidad del Magdalena y representante por las comunidades académicas) mencionó que el impacto financiero es difícil de proyectar, ya que también se está hablando de una modificación del Decreto 1279 de 2002, que regula los salarios de los docentes. Indicó que la formalización laboral propuesta por los sindicatos entra en contradicción con los concursos de méritos, pues lo que se busca es vincular a la planta a quienes ya están haciendo parte de las instituciones. Consultó si, con la formalización, la modalidad hora cátedra y ocasional desaparecería del sistema, y por qué no se está involucrando al sector productivo en la construcción de los planes.
El consejero Luis Orlando Aguirre (profesor de la UIS y representante, entonces, de los docentes en el CESU) compartió las observaciones anteriores y añadió que la fuente de recursos para la formalización laboral no está clara, ni se sabe si será recurrente.
El Viceministro Moreno invitó a los consejeros a presentar sus observaciones a través del SUCOP, señaló que se revisarán todos los comentarios e indicó que el proyecto de Decreto de Formalización Laboral no desfinancia la cobertura, ya que los recursos de ampliación de base presupuestal incluyen la necesidad de avanzar en formalización. Explicó que corresponde a cada institución elaborar un plan de formalización para determinar sus necesidades presupuestales en esta materia”.
¿Se analizaron los comentarios?
