Agosto 6/24 Tras dos años de mandato, la agenda del gobierno se ha concentrado en prometer nuevas sedes, aún sin cumplirlo; entregar propiedades de la SAE e IES públicas, y desconocer la educación privada y las apuestas por calidad.
Aún sin cumplir todas sus promesas de campaña, e incluso las hechas ya como presidente, Gustavo Petro se mantiene en su discurso de educación superior pública, gratuita y de calidad y de dar una gran participación a la juventud (que fue esencial en su elección), en una misteriosa agenda que mezcla jóvenes designados suyos en los consejos superiores de las IES públicas y la posible intención de promover asambleas y constituyentes universitarias con el respaldo de los estudiantes, especialmente luego de imponer (en un tema que aún no está cerrado y depende de los fallos judiciales) rector en la Universidad Nacional de Colombia.
Han sido tres ministros y cinco viceministros de Educación Superior los que, hasta la fecha, han direccionado el sector a nombre del mandato “del Cambio”. Más allá del número, el hecho es que no ha habido consistencia en el discurso entre ellos, caracterizados por más anuncios que realizaciones, pues a la fecha son más las promesas e incumplimientos en educación superior en el periodo agosto 2022 a agosto 2024.
El primer ministro, Alejandro Gaviria, generó una gran expectativa, pero también una enorme frustración. Se creyó que por su formación y experiencia en el sector podía ser un ideal interlocutor, pero sus muchos discursos y pocas ejecuciones y su incómodo rol en un gobierno que ideológicamente no va por su camino, le llevaron a tener una salida con más pena que gloria, siete meses después de posesionado, pues no logró definirle un norte preciso a la educación superior.
Gaviria trabajó con Aurora Vergara Figueroa, quien llegó al ministerio como Viceministra de Educación Superior. Con buena intención, mínimo conocimiento sectorial y un estilo prudente, logró que el presidente Petro la nombrara ministra (con el respaldo de la vicepresidenta Francia Márquez). Vergara llegó a los 15 meses como ministra, en los cuales viajó “n” veces a su región pacífica, descuidando otras, y se embarcó en una propuesta de ley estatutaria que básicamente solo defendía ella, aunque era mediáticamente de fácil venta porque nadie se opone a que la educación sea un derecho para todos. Finalmente, la ley se cayó por lo que era previsible (la imposibilidad de conciliar lo público con lo privado con un gobierno que no quiere para nada lo privado) y por la falta de decisión y respaldo del Ejecutivo al respecto. Eso llevó a que Vergara se quedara sin agenda y sin logros, con lo que también salió del gobierno como una buena persona aunque no tan buena ministra.
Con el paso de Vergara Figueroa del viceministerio al Ministerio, ella designó a una colega mujer, académica, afro y del Valle del Cauca, Ana Carolina Quijano Valencia, quien apenas duró cinco meses y renunció, al parecer por diferencias en la elaboración y gestión de los textos de propuestas de reforma de la Ley 30 (tan anunciada) y de la Ley Estatutaria. En ese tiempo Quijano pudo darse un buen viaje a África con la vicepresidenta Márquez, mientras que no pudo interactuar ágilmente con el sector.
Tanto Gaviria como Vergara siempre fueron muy hábiles para esquivar y guardar silencio sobre cómo se iban a aterrizar las promesas del presidente Petro relacionadas con gratuidad plena y más construcción de universidades.
A la fecha, pese a lo que se busca con el Plan Nacional de Desarrollo de construir decenas de sedes universitarias, no se ha avanzado formalmente en el tema. Especialmente en eventos públicos, el presidente Petro ha anunciado una universidad pública para el Amazonas; otra en El Tarra – Catatumbo; invitó a que Colombia participe activamente en universidad andina de posgrados; prometió una Universidad Pública en Soacha; prometió otras en Anserma (Caldas); desde Artesanías de Colombia se buscan crear una universidad mixta para apoyar a los artesanos en Tolú; y en La Guajira se habló de una Universidad Indígena Wayúu y una ‘Universidad en Tu Pueblo’. Asimismo, se comprometió con tres nuevas universidades en San Andrés y el Cauca, y luego fue la ministra que habló de un campus universitario en Florida – Valle, también en Barbacoas, Nariño, una Universidad del Caribe, otros campus en Córdoba y Bogotá, y ampliar y mejorar sede de la UIS en Málaga, Santander, entre otros múltiples anuncios. Mientras el gobierno construye universidades, dijo Petro, éstas podrían trabajar en contenedores. Su idea es (o era) construir 100 sedes universitarias.
Vergara se quedó sin viceministro y recurrió a un funcionario de carrera del Ministerio, Wilfer Orlando Valero, quien hizo su mejor esfuerzo para ajustarse a un discurso cambiante del gobierno, y tratar de defender las ambivalencias con respecto a si se iba a radicar o no una propuesta de reforma de la ley 30, mientras que la ministra solo pensaba en la ley estatutaria, y el Ministerio parecía olvidarse de calidad, movilidad, acreditación, internacionalización, financiamiento….
Entonces la ministra pareció hallar el compañero ideal: El entonces rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Alejandro Álvarez Gallego, quien optó por los viajes, viáticos, micrófonos y reconocimiento que le significaba ser viceministro de Educación Superior, en vez de los beneficios de ser rector. Álvarez pasó a ser el cuarto viceministro, que duró solo 10 meses, tiempo en el que viajó mucho con el gobierno para hacer anuncios de toda índole, transformar la propuesta de reforma de la ley 30 por un llamado por él acuerdo nacional por la educación superior que trabajó con muchos de sus cercanos y amigos del gobierno pero no de todo el sector, intervenir (polémica e indebidamente) en la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional, y tratar de defender con poca convicción la ley estatutaria en el Congreso. Hoy es exviceministro y profesor: Se quedó sin el cargo público y sin la rectoría, con un tinte de incomodidad por su salida del Ministerio y con la frustración del académico que hace muchos diagnósticos pero no logra concretar.
Y con el entierro de la Ley Estatutaria de Educación, llegó “sangre nueva” al Ministerio. El nuevo ministro, José Daniel Rojas Medellín, quien esta semana cumple un mes de haber sido designado y hasta el momento no ha emitido pronunciamiento alguno al país sobre cuál va a ser su apuesta sectorial y cómo va a enfrentar dicho Ministerio y los demás actores, tiene una de las menores experiencias y hoja de vida de todos los ministros de Educación que han pasado por ese despacho. Eso sí, le sobra el activismo y la afinidad política con el presidente Petro. Sus únicas referencias en redes sociales son comentarios de respaldo a la ideología del primer mandatario y apoyo a diversos mensajes que cuestionan fuertemente al establecimiento tradicional y los dirigentes de derecha.
Por lo visto y el contexto, claramente el ministro usará su experiencia como presidente de la SAE para tratar de potenciar la promesa presidencial de aumentar la cobertura a través de la entrega de propiedades incautadas por el Estado al delito y ayudar en la búsqueda de recursos para construir sedes universitarias, que hasta ahora es uno de los grandes déficits de este gobierno.
El contacto del ministro con el sector de la educación superior será Ricardo Moreno Patiño, nuevo viceministro, a quien ya conocen los rectores (por lo menos los de las públicas), pues ha estado detrás de todos los ministros y viceministros. Conoce el sector público y tiene directa influencia en el rol de los designados del presidente y delegados del Ministerio en los consejos superiores. Hasta ahora, Moreno lleva pocos días en el cargo y aún no expresa una agenda y programa para el sector.
No todo se ha quedado en anuncios. Ha habido algunos logros, como por ejemplo la flexibilidad en el proceso de registro calificado (Decreto 529 de 2024) para evitar los traumatismos en dicha labor (aunque el MEN sigue presentando demoras y trabas para agilizar esto); ha habido la preocupación por mejorar las tasas de interés de los beneficiarios del Icetex (pese a no sacar adelante el cobro que, vía reforma tributaria, querían hacer a las IES); se avanzó y aprobó la ley de gratuidad en educación pública (condicionada a la existencia de recursos); se ha intervenido en algunas universidades públicas con Inspección y Vigilancia (como las del Pacífico y Chocó); se entregaron inmuebles a un buen número de universidades públicas; se ampliaron los beneficiarios de la gratuidad; y se extendió la gratuidad para los soldados profesionales, reservistas, infantes de marina y patrulleros, entre otros.
Quedan dos años para la finalización de este gobierno, y con un complejo escenario de impopularidad (de forma recurrente las encuestas muestran entre 60 a 70 % de la opinión pública que castiga la gestión del presidente Petro y su gabinete) y un Congreso en el que no tiene las mayorías para actuar, será difícil que el gobierno saque adelante la ley estatutaria (que se ha anunciado que no se radicará en esta legislatura) y se logre convencer al sector de la real necesidad y compromiso con una reforma de la Ley 30.
Los temas de calidad no parecieran estar en la agenda del gobierno, y ni siquiera de muchas IES, más preocupadas por la caída de la matrícula, y todo parece enfilarse en las posibilidades políticas de aprovechar la influencia del Ministerio para potenciar la continuidad del mensaje del gobierno de izquierda entre el sector público y los jóvenes, con muchos más anuncios, de difícil concreción.
Lo más claro en este momento es que las promesas del candidato Petro en educación superior no serán cumplidas en su mayoría.
Mientras tanto, las IES públicas vuelven a ilusionarse, como tantas veces lo han hecho antes, con una propuesta de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 (revivir un proyecto de 2022), a la vez que el gobierno va viendo que cada vez se le achica el espacio fiscal de maniobra para extender recursos a la educación superior pública; la promesa de los 500 mil nuevos cupos se desvanece porque la realidad muestra su aparente imposibilidad; el Icetex sigue con una presidente encargada (como si hubiera dejado de ser de interés del gobierno, ante la imposibilidad de desaparecerlo), y, tras la gratuidad y los problemas de imagen del gobierno entre los jóvenes, la educación superior deja de tener el espacio político protagónico que tuvo hasta hace pocos semestres.
Hace dos años, por la misma época, con Gaviria recién posesionado como ministro, El Observatorio de la Universidad Colombiana habló de qué podría llevar a una desafortunada gestión de él. Lamentablemente los hechos replicaron un diagnóstico que, dos años después parece repetirse en cuanto a los retos del sector, que Rojas Medellín debe abordar.
