Dic 20/23 La ministra de Educación, a nombre del gobierno nacional, envió, en calidad de delegados para que tengan puesto en los órganos directivos de la Universidad Sergio Arboleda a la exministra Irene Vélez Torres y al canciller Álvaro Leyva Durán.
La decisión de Aurora Vergara Figueroa hace parte del proceso de “acompañamiento” (intervención llaman otros) que el actual gobierno nacional viene haciendo a esta tradicional universidad conservadora, que desde mediados del gobierno pasado (muy afín a esa casa de estudios, pues el expresidente Duque es egresado de esa Institución, personajes como el fiscal Francisco Barbosa laboró allí e ideológicamente hace parte de los afectos del Centro Democrático, Salvación Nacional y el Partido Conservador) comenzó a sufrir a raíz de las denuncias del exsecretario general y exdecano de derecho Leonardo Espinosa Quintero, sobre aparentes malos manejos financieros de la Universidad, presidida por el hoy exrector Rodrigo Noguera Calderón y su intervención a través de la Fundación para el Desarrollo de la Universidad Sergio Arboleda, Fundeusa, con la cual se suscribieron millonarios y polémicos contratos.
La situación llevó a que dos días antes de finalizar el anterior gobierno, la entonces ministra María Victoria Angulo expidiera, a la luz de la Ley 1740 de 2014, sobre inspección y vigilancia, la resolución 01577, mediante la cual ordenaba a la Institución elaborar, ejecutar e implementar un plan de mejoramiento bajo la supervisión del Ministerio de Educación.
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La actuación administrativa fue interpretada por algunos (y con efecto mediático y de daño en la reputación de la Universidad) como si se hubiera perdido la acreditación institucional de alta calidad (pues esto nunca se ha presentado hasta el momento), lo cual nunca se confirmó de parte del Ministerio y menos aún del Consejo Nacional de Acreditación CNA.
También se entendió como la más suave de las sanciones que el anterior gobierno (amigo ideológico de la Universidad) le imponía a la institución, a fin de prevenir que el nuevo gobierno (antagónico ideológico) interviniera de forma más drástica. En 2019, el entonces senador Petro dijo que “la Sergio Arboleda es un tanque de pensamiento ultraconservador”.
Y el tiempo comenzó a pasar y mientras que las investigaciones, no sólo en Mineducación sino en instancias judiciales y del Distrito de Bogotá avanzaban, las directivas de la Universidad, con nuevo rector, Jorge Noguera Calderón (hermano de “descabezado Rodrigo), han sido (a juicio de conocedores de lo que pasa en la Institución) pasivos y hasta temerosos de actuar, a tal punto que más de 15 meses después de la primera sanción la situación no ha progresado de forma positiva y, por el contrario, la demanda de estudiantes viene en caída y los compromisos financieros -algunos con los propios empleados- también se han visto comprometidos. La situación es tal, conoció El Observatorio de la Universidad Colombiana, que el propio sistema financiero le ha dado la espalda a la Universidad.
Las actuaciones del gobierno Petro
En septiembre pasado, y de forma sorpresiva, el Ministerio de Educación Nacional decidió imponer la medida de inspector in situ a la Universidad Sergio Arboleda, mediante la resolución 017323, mediante la cual se ordenaron medidas preventivas y de vigilancia especial para la institución.
Entre las múltiples justificaciones para la intervención, la resolución se basa en análisis técnicos realizados por el Ministerio que demuestran preocupantes hallazgos relacionados con ausencia de gestión y dificultades administrativas y financieras. Tras la presentación del análisis de Inspección y Vigilancia a la Universidad y la respuesta de ésta, el Ministerio concluyó que:
“Para el ejercicio del 2022, se presenta un margen de déficit neto. Los ingresos operacionales y no operacionales no fueron suficientes para cubrir la totalidad de costos y gastos (operacionales y no operacionales).
La IES posee obligaciones tributarias que no fueron atendidas con oportunidad, generando sanciones e intereses de mora.
La Revisoría Fiscal manifiesta que la IES presenta “atrasos” en pagos de impuestos y otras obligaciones.
Una vez revisadas las planillas allegadas por la IES, se evidencia que en los primeros cuatro meses de la vigencia 2023 se ha presentado mora de hasta 20 días, así como registran pagos por intereses de mora, lo que permite inferir que no se presentó oportunamente la liquidación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.
No se evidencia justificación técnica para que los pasivos diferidos por concepto de matrículas sean considerados a largo plazo o no corriente.
Se evidencia diferencias en la información financiera reportada en HECAA SNIES, presuntamente incumpliendo la Resolución 19591 de 2017 y la normatividad que la regula.
Se evidencian diferencias en la información relacionada en los Estados Financieros certificados y dictaminados, con el balance de prueba y la relación de las cuentas por cobrar «académicas”.
Tras la resolución, la Universidad emitió un comunicado en el que señaló que tendría “de manera temporal, el acompañamiento especial de dos delegados y un inspector del Ministerio de Educación, para desarrollar actividades de y vigilancia, que permitan evidenciar el cumplimiento del plan de mejoramiento, que cuenta con el concepto favorable del Ministerio de Educación“.
Héctor Julián García Mendoza es el inspector in situ de la Sergio. Es contratista del Ministerio de Educación Nacional y ha actuado como inspector in situ en la Universidad Popular del Cesar, la Universidad del Pacífico y la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS.
Lo novedoso en el proceso y en el sector se relaciona con los dos delegados que, según diversas interpretaciones de la Ley 1740, podrían tener asiento en los órganos colegiados de gobierno y, en un escenario extremo, “desplazar” la figura del rector y representante legal.
Dichos delegados, recientemente designados por la ministra, y que hasta ahora no se han hecho públicos por la Universidad, son dos “pesos pesados” del Gobierno Petro: La exministra de Minas Irene Vélez y el actual Ministro de Relaciones Exteriores, Alvaro Leyva Durán.
Es primera vez, desde la aparición de la Ley 1740 de 2014 que el Ministerio de Educación aplica esta figura de “enviar delegados a los órganos de dirección de las IES cuando lo considere necesario” (Art. 10) y con personajes de un calibre más político que técnico.
Algunos creen que esta podría ser una forma como el gobierno quiere “espantar” a sus enemigos políticos, que acompañan ideológicamente a la Sergio Arboleda (como, por ejemplo, el saliente fiscal, Francisco Barbosa y las bancadas de los partidos de derecha y los seguidores del expresidente Alvaro Uribe). Vale recordar que la esposa del exrector Rodrigo Noguera, Zayda Barrero, intentó llegar al Congreso por el Centro Democrático, y que Ana Catalina Noguera, hija de Rodrigo Noguera, quien fuera delegada para las finanza criminales, de la Fiscalía General de la Nación y quien estaría a la espera de una condena judicial por haber concertado con un narcotraficante la extorsión a personas con líos judiciales a cambio de dinero para enredar o cerrar sus investigaciones (ver esta noticia).
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Otros van más allá en su lectura y creen que sería una estrategia del gobierno para reubicar a estos dos alfiles, que han tenido muy fuertes críticas por su desempeño en los ministerios, y su posible llegada a la Universidad, en roles directivos, en representación del Ejecutivo, les daría un aterrizaje digno dentro de la opinión pública. Y para que eso llegue a suceder el Ministerio de Educación tendría que llevar al máximo la interpretación de la Ley 1740 y demostrar un real daño patrimonial y la afectación en la prestación del servicio educativo con calidad de parte de la Sergio Arboleda para que se diera una especie de “estatalización” de esta IES privada.
Sobre Vélez y Leyva
Irene Vélez Torres ha sido una muy polémica defensora del gobierno Petro. Se dio a conocer en el equipo de empalme del presidente Petro con los funcionarios de Minciencias del expresidente Duque, y cuando se creyó que llegaría a esa cartera, por su perfil de investigadora con formación doctoral, llegó al gobierno como ministra de Minas y Energía en medio de múltiples polémicas ideológicas y de poco conocimiento técnico de ese sector, lo cual le costó su retiro al año de estar en el cargo. Entre Minas y Educación, conoce más del segundo, y aunque no es abogada y no es claro cuál sería su rol preciso en la Universidad Sergio Arboleda, cuenta con el respaldo de la comunidad de la Universidad del Valle, así como del entorno político de la vicepresidenta Francia Márquez, quien es el “poder” que está detrás de Mineducación.
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Con la cantidad de responsabilidades, peleas políticas, debates en el Congreso, asuntos propios de la Cancillería (como el litigio jurídico con Thomas Greg, las relaciones con otros países, los extranjeros que están llegando sin control…) y los juicios mediáticos que Alvaro Leyva Durán está enfrentando, no es preciso por qué ahora actuará como delegado del Gobierno en la Universidad Sergio Arboleda.
Salvo se entienda que éste ha estado política, institucional y académicamente ligado a esa Universidad y que si eso no le genera algún impedimento legal, le hace activo protagonista de lo que pueda pasar. En diferentes momentos de su larga carrera política, este abogado javeriano, ha estado cercano del partido conservador (en el que militó) y de la derecha colombiana, y también muy lejano, pues llegó a ser elegido constituyente por la Alianza Democrática M-19 y en algún momento se le identificó como el “canciller” con los grupos guerrilleros.
Algunos incluyen el nombre de Leyva, junto al de Rodrigo Noguera Laborde, Álvaro Gómez Hurtado, Raimundo Emiliani, y Gabriel Melo, como gestores de la escuela de derecho de la Sergio Arboleda. Lo que también se dice es que Leyva y Rodrigo Noguera han tenido muy diversas confrontaciones a lo largo del tiempo. En esa pelea ha figurado el nombre del exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira, quien habría sido apoderado de Noguera en su litigio contra Leyva. Al parecer, el litigio se refiere a una pugna de Leyva quien habría sido miembro del Consejo Directivo de la Universidad y el llamado “rector magnífico” -Rodrigo Noguera, y que terminaría en una demanda económica.
Lo que sigue
La experiencia con el actual gobierno es que las sorpresas, cambios de parecer y actuaciones inesperadas, son pan de cada día. Es decir, cualquier cosa puede pasar con la Sergio Arboleda.
Por ahora, sin contar con los impactos de lo que pueda pasar en lo estratégico y político, además de cumplir con los mandatos de Mineducación y de sobrevivir en un mercado educativo especialmente golpeado para las IES privadas (y mucho más en una universidad con las dificultades de imagen que viene arrastrando la Sergio), la Universidad Sergio Arboleda iniciará 2024 con la urgencia de entregar, en pocos meses, su informe de acreditación institucional para su renovación en 2025, lo que le implica demostrar el cumplimiento de los compromisos, inversiones y saber lidiar su situación ante Mineducación y el CNA.
