Propuesta de Consejo Nacional de Trabajo Social va contra la ley y viola autonomía univ.

Abril 14/19 Asociación Col. de IES a Distancia ACESAD- rechaza enfáticamente el pedido del Consejo Nacional de Trabajo Social, de negar la tarjeta profesional a los egresados del programa Trabajo Social.

Sigue el debate tras una sorpresiva solicitud del Consejo Nacional de Trabajo Social que busca desconocer la validez del ejercicio profesional de los formados en modalidad a distancia, por considerar que estos no tienen el nivel de formación por ellos deseado.

El debate llegó a las salas de Conaces y el sector está pendiente a que el Ministerio dé su criterio al respecto.

Para ACESAD (entidad que agrupa a 37 IES), la propuesta del Consejo no sólo va en contra de la Ley, pues desconoce la normatividad vigente, sino que también resulta anacrónica y afecta no sólo a los estudiantes y egresados de estos programas en su ejercicio laboral, sino también pregrados aprobados por el Ministerio para ofertar estos programas a distancia, sino también a sus finanzas.

El pronunciamiento lo suscribe el presidente de ACESAD, Jaime Alberto Leal, quien también es rector de la Universidad UNAD y es el primer colombiano en presidir la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia -AIESAD.

El siguiente es el comunicado:

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior a Distancia –ACESAD- se permite presentar a la opinión pública, a las instituciones de educación superior -IES- y al gremio profesional del Trabajo Social en el país, los argumentos que demuestran el grave error que comete el Consejo Nacional de Trabajo Social, al querer negar el otorgamiento de la tarjeta profesional a los egresados de este programa profesional.

De aceptarse las peticiones del Consejo Nacional, no sólo se estaría retrocediendo en una mirada progresista de la educación y el reconocimiento de la tecnología educativa como un  aliado indiscutido del desarrollo social, sino que provocaría un enorme perjuicio social y económico a cerca de 5 mil estudiantes actualmente matriculados en programas de esta índole, así como el desempeño laboral de 600 egresados ya titulados en programas de trabajo social bajo la modalidad a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje.

En el final de la segunda década del siglo XXI, ya no es justificable y menos concebible, imponer sin mayores razones jurídicas y con plena ausencia de argumentación académica, acciones y decisiones limitantes al ejercicio de una profesión como la del Trabajo Social, impartida bajo la modalidad a distancia y sus diferentes metodologías virtuales.

Mediante una comunicación sin número emitida por el mencionado organismo, se trasgrede sin sonrojo derechos fundamentales a la educación y el trabajo con postulados como el siguiente: “…la interpretación actualizada de la norma, con las nuevas tecnologías, es que los programas virtuales son una modalidad de educación a distancia y no son válidos para el ejercicio de la profesión”. 

Adicionalmente, dicho Consejo pretende ordenar al Ministerio de Educación Nacional la no viabilidad del otorgamiento del registro calificado al mencionado programa cuando se desarrolle bajo la modalidad a distancia, o de forma virtual, al señalar: “…la Ley 53 de 1977 no permite la formación a distancia de un profesional, por lo que tampoco es posible la obtención del registro calificado para los programas virtuales en Trabajo Social. Por tanto, el Consejo Nacional de Trabajo Social no podrá inscribir a personas que hayan cursado estos programas, ni tampoco expedirles el registro profesional, en explícito cumplimiento legal. Además del análisis jurídico del tema se tiene la necesidad de la obligatoriedad de la formación presencial en Trabajo Social, por lo imperioso del contacto entre docentes y estudiantes, para la aprehensión adecuada de los procesos en la intervención profesional”.

Es claro entonces que el Consejo Nacional de Trabajo Social, no sólo trasgrede el derecho a ejercer la profesión de Trabajor Social sino que, de manera flagrante, vulnera la autonomía académica de las IES reconocidas así como la plena validez de sus registros calificados, otorgados luego de rigurosos estudios curriculares y de sustentación de cada uno de los factores que definen la oferta, mediante juicios especializados de pares académicos disciplinares adscritos al Ministerio de Educación Nacional.

Las expresiones contenidas en la comunicación y en los documentos sobre el tema emitidos por el Consejo, no solo impactan negativamente la reputación de la modalidad, sino la vida académica y las finanzas de las IES afectadas con tal despropósito, ya que tal pronunciamiento deslegitima la idoneidad del título otorgado y vulnera, como se explicó de manera explícita, la facultad exclusiva y legal del Ministerio de Educación Nacional para ejercer la suprema responsabilidad constitucional de la inspección y vigilancia, amén de desbordar lo señalado por la Ley 30 y el también principio constitucional de la autonomía universitaria.

Ignora también el denominado Consejo que el legislador, a través de nuestra Constitución de 1991, la Ley 30 y otras normas que las desarrollan, ha  regulado el ejercicio de las profesiones, a través de procesos rigurosos que supervisan los procesos formativos y el correspondiente otorgamiento de títulos de idoneidad profesional; y en ese sentido excede sus funciones el hecho de vedar de tajo el derecho a ejercer la profesión, deslegitimando un título profesional, expedido conforme a las leyes vigentes como es el caso tratado.

Es necesario recalcar que la norma referenciada por el Consejo es de 1977, anterior a la emisión de nuestra Carta Constitucional en 1991 y de la Ley 30 del año 1992, que organizó el servicio público de la Educación Superior, y que en su artículo 15 dice que “…las instituciones de Educación Superior podrán adelantar programas en la metodología de educación abierta y a distancia”.

En síntesis, el Consejo Nacional de Trabajo Social, y quienes lo integran, no poseen ni la autoridad ni la competencia para imponer las condiciones que presenta en su comunicación, máxime cuando en su argumentación se esgrimen normas obsoletas de las décadas de los años 30 y 70 del siglo pasado para justificar su aparente postura legal; a lo que vale la pena recordar que la interpretación de una norma que se extraiga de una disposición jurídica debe encontrarse en armonía con otras normas, fines o principios del ordenamiento jurídico, de tal modo que no existan contradicciones, incompatibilidades o incongruencias, como en efecto ocurre con la comunicación, así como con el artículo del doctor Jesús Gulay Mejía, publicado por el Observatorio de la Universidad Colombiana.

El Ministerio de Educación Nacional es el único competente en la materia, en virtud de las facultades legales que le han sido conferidas para emitir los registros calificados sobre programas presentados para tal fin por las IES, y que, según normas y procedimientos definidos son visitados y valorados académica y administrativamente frente a su calidad, pertinencia y sostenibilidad (Ley 1188 de 2008).

El Consejo debe limitarse a su función, y no puede emitir actos administrativos o comunicaciones bajo el criterio falso de salvaguardar la calidad de los programas de educación superior en Trabajo Social. Estas posiciones constituyen un atentado contra dicha profesión, así como una extralimitación en su responsabilidad de vigilancia del ejercicio profesional, imponiendo condiciones y respaldando obligatoriedades con interpretaciones jurídicas erróneas, como se evidencia en este apartado: “se respalda la obligatoriedad de la formación presencial y defiende el uso de la virtualidad y de nuevas tecnologías (las TIC) como estrategias didácticas y, por tanto, como herramientas de apoyo docente, pero no como modelo pedagógico que sustituya la necesaria presencialidad y las prácticas académicas de los estudiantes, que exigen la vinculación y el acompañamiento permanente de un docente-supervisor, debido precisamente a las implicancias sociales que tienen nuestros procesos de intervención profesional, en tanto se sustentan en las relaciones con familias, grupos sociales y comunidades, por el peso de nuestras acciones en sus comportamientos, conductas y formas de relación”.

Vale la pena recordar a los directivos del Consejo que hoy no existe la educación por correspondencia, y mucho menos puede asimilarse de manera atípica a la virtualidad, la cual se reconoce como expresión metodológica de la modalidad de Educación a Distancia.

El Consejo adicionalmente manifiesta: “… que a través de estas modalidades no es viable ni adquirir ciertas competencias y destrezas que deben ser presenciales debido a la intervención profesional que debe realizarse…”. Nuevamente se equivoca en sus aseveraciones, dado que la formación a distancia o virtual se sustenta en las lógicas fundantes de un modelo pedagógico basado en el aprender a aprender, y afianza nuevas y valiosas competencias para la práxis.

La necesidad de la práxis con acompañamiento dentro de una disciplina, no puede desnaturalizar, a priori, el valor significativo de un programa ofertado en modalidad a distancia y en ambientes virtuales. Todo lo contrario, los procesos formativos en esta modalidad se fortalecen con la interacción dinámica del aprendizaje significativo con entornos reales que requieren la participación activa de nuestros estudiantes, desde la investigación formativa y aplicada a dichos entornos y contextos.

El Consejo pretende dar una dimensión especial al Trabajo Social, como si en éste fuera único el proceso de aprendizaje y el desempeño de sus competencias, cuando está comprobado que la formación a distancia y virtual aporta integralmente a la formación en las más variadas dimensiones del conocimiento, y es acogida plenamente para formar profesionales en tecnologías, ingenierías, ciencias básicas, ciencias administrativas, económicas, agrícolas, pecuarias, y en las propias áreas de la salud, la educación, las ciencias jurídicas y políticas, entre otras.

Por esto, el sistema de educación superior colombiano en todas sus instancias (el Consejo Nacional de Educación Superior CESU, el Ministerio de Educación Nacional, las salas de evaluación de Conaces y las propias IES) han reconocido que la modalidad de educación a distancia y en ambientes virtuales, es una construcción  planificada y orientadora del proceso de formación integral multidisciplinar sin campos ni áreas del conocimiento vedados, y que responde a la definición de propósitos, contenidos, metodologías, recursos y evaluaciones, en coherencia con las apuestas misionales de cada Proyecto Educativo sobre el que gira la misión y visión de cada institución.

Estas consideraciones deben constituir un llamado a los directivos del Consejo Nacional de Trabajo Social a hacer un ejercicio reflexivo sobre los desafíos del educar hoy, frente a los múltiples retos que nos impone la llamada Sociedad del Conocimiento. Gustosamente, ACESAD se ofrece para afianzar tal comprensión.

De no replantear su posición, los directivos del Consejo estarán poniendo en riesgo la interacción con las diferentes IES que aportan, de manera rigurosa, formación para el presente y futuro de una sociedad expectante de transformaciones positivas, las cuales solo podrán ser posibles desde la educación disciplinar, inter y transdisciplinar, con miras al fortalecimiento de las competencias profesionales del estudiante y el egresado del programa de Trabajo Social.

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A manera de reflexión final, esta experiencia ratifica cómo en nuestro entorno, pervive una ortodoxia educativa con unas ideas erróneamente aferradas al supuesto interés de defender modelos presenciales en la formación como los únicos, verdaderos e irremplazables. Esta posición poco o nada ayuda a las nuevas generaciones y a la sociedad en general a avanzar más allá de lo que el esquema tradicional puede permitirle al conocimiento, al aprendizaje, a la investigación, a la innovación, a la inclusión social y a la cobertura con calidad, mayormente posibles gracias a la formación a distancia y a los ambientes virtuales, tal y como el mundo entero lo ha reconocido y la UNESCO lo ha ratificado.

Información de referencia: Los argumentos a favor y en contra de reconocer el Trabajo Social aprendido a distancia