Oct 24/24 Los hechos están confirmando lo que el sector temía del ministro de Educación (y su viceministro): A la hora de enfrentar la gestión técnica de la educación superior y aterrizar el discurso en hechos… es mejor hacer activismo y distraer la opinión.
Se cumplen tres meses de la posesión oficial de José Daniel Rojas Medellín como ministro de Educación Nacional, y casi cuatro desde que se conoció su designación por parte del presidente Petro, tiempo suficiente para (en un gobierno que ya pasó el meridiano de su administración y que comienza a ver qué legado dejar) conocer su talante y éxitos.
Cuando se conoció su nombre como responsable mayor de la educación en el país, este portal advirtió que “en muy poco, por no decir nada, responde al perfil, las expectativas, los retos y la dignidad que se esperan del máximo responsable de orientar la política educativa del país”, y su etapa de aprendizaje, declaraciones y gestión, así lo han confirmado.
¿Por qué asusta tanto al sector el nombramiento de Daniel Rojas como nuevo Mineducación?
El ministro, que claramente desconoce las lógicas de la educación superior, salvo el discurso sobre cobertura educativa y educación pública (afianzado tras su paso como presidente de la SAE, que le sirvió de plataforma para acercarse a las IES oficiales a muchas de las cuales le aportó propiedades incautadas por el Estado al crimen), se acerca mucho a los estudiantes, sindicatos y trabajadores, pero parece evadir el diálogo grupal con los rectores (de todo el sector), y salvo expresiones políticas genéricas (derecho a la educación, justicia social, gobierno del cambio…) no aterriza sus pronunciamientos en propuestas concretas que marquen un derrotero específico para la educación superior.
En cambio, el ministro disfruta sostener el mismo lenguaje beligerante del presidente Petro, y sus trinos en redes sociales poco o nada concilian y van en contravía del espíritu que se espera de un ministro de Educación Nacional. A tal punto que la forma como descalifica a los opositores del gobierno Petro podría estar rozando en la indebida participación en política de parte de los funcionarios públicos.
Ministro Rojas a los universitarios: “Nosotros somos sus servidores y ustedes los jefes”
En agosto, el ministro explicó sus principales apuestas en educación superior, que básicamente dirigió hacia nuevas sedes universitarias. Pero los múltiples anuncios del gobierno de ofrecer sedes a lo largo y ancho de todo el país cada vez se diluyen más, y por ahora solo se centran en entregar recursos para IES públicas ya existentes, para ampliar su infraestructura, pero eso tampoco garantizará el anhelado aumento de la cobertura, cuyo discurso de 500 mil nuevos cupos desapareció del Ministerio.
Rojas Medellín salió del viceministro de Educación Superior de la hoy exministra Aurora Vergara (Alejandro Álvarez Gallego, quien se dejó abrumar por el promeserismo gubernamental, las luces de las cámaras, la ideología, la ilusión de la ley estatutaria y el enredo de un gigantesco disque acuerdo nacional para reformar la Ley 30, al que el sector no le caminó), y se apoyó en Ricardo Moreno Patiño, un colega de ideología más que de gestión sectorial.
Moreno, quien ha estado en el Ministerio en todo el gobierno Petro, pasó de la comodidad de ser asesor y de estar detrás de las decisiones claves de los anteriores ministros y viceministros, a ser protagonista, y ahí se nota el cambio en el rol. Aunque su discurso es más moderado que el del ministro, y más aterrizado, y ha intentado bajar la confrontación (motivada desde la propia Casa de Nariño) con la educación privada, más allá de actos protocolarios, de dar la cara a los rectores, viajar a regiones, responder por la obligada agenda de su cargo, de firmar acuerdos y de tomarse fotos, tampoco logra que el sector identifique exactamente para dónde va, más allá del esfuerzo de sostener el discurso presidencial y tratar (porque cada vez hay menos tiempo y menos dinero) de ver cómo extender nuevas sedes universitarias.
El ministro ha hecho más pareja de trabajo con su viceministro de Educación Superior que con la viceministra de Educación Básica y Media. Se les ve más juntos y hallan en los escenarios universitarios, especialmente donde hay jóvenes de las universidades públicas, espacios para referirse mejor a las apuestas del “Gobierno del Cambio”, y defender el llamado Golpe de Estado que, dice el presidente, le van a dar.
Pero, incluso allí, cada vez parece haber menos apoyo de la juventud universitaria a las promesas presidenciales (que, entre otras no se han cumplido: La gratuidad educativa no es plena, el Icetex no ha desaparecido y las nuevas sedes universitarias no se ven, que son algunas de las promesas del entonces candidato presidencial Gustavo Petro).
La gran apuesta y esperanza del Ministerio – Viceministerio está en sacar adelante el proyecto de ley que reforma los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que constituiría el oxígeno presupuestal que pondría a celebrar al gobierno y a las IES públicas, pero es claro que la difícil situación fiscal del país constituye una muy seria amenaza para que esto alcance la luz verde deseada. Además, mes y medio después de radicado el proyecto en el Congreso de la República, este aún ni siquiera tiene su primer debate.
Reforma del 86 y 87 no resuelve la inequidad y llega en un mal momento para las finanzas del país
Por lo demás, el Ministerio no logra consolidar exitosamente iniciativas y expectativas sectoriales, tales como: La Universidad Tecnológica del Chocó sigue sumida en la ingobernabilidad y lo que Mineducación intentó hacer no le funcionó; el ministro intentó conciliar en la Universidad de Antioquia y él mismo aumentó la tensión del Gobierno Nacional con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín a tal punto que a la fecha la crisis financiera no se soluciona; en Bogotá no supera las diferencias con la alcaldía para implementar los campus universitarios, el Icetex parece haber desaparecido de la agenda del Ministerio y su presidenta se mantiene en el cargo pese a estar violándose la ley al respecto, y hasta la propuesta de impulsar un plan de formalización de los docentes en las IES públicas carece de un fundamento de realidad financiera.
Si bien hay algunos movimientos juveniles de respaldo al gobierno, también hay otros de rechazo. Los designados del presidente en los consejos superiores no ejercen el peso ideológico y político esperado, y salvo lo que sucedió en la Universidad Nacional de Colombia, la influencia del gobierno en las demás universidades públicas se nota muy poco.
Críticos del gobierno dicen que éste perdió la calle, que era su fuerte, y en el ámbito de la educación superior, parece que también ha ido perdiendo mucho de lo ganado en la universidad pública.
En su posesión, el presidente Petro comprometió al ministro a “garantizar que haya un salto en la calidad y cantidad de la educación pública en Colombia”. Por lo menos la relación entre anuncios e indicadores reales, no muestran avance al respecto.
En agosto pasado se cumplieron los primeros dos, de los cuatro años del gobierno Petro, y entonces se analizó que “en la mitad del mandato Petro no hay claridad de hacia dónde va la educación superior”. Hoy el diagnóstico se ratifica y, peor aún, con el escenario económico y político del país, la sensación es que difícilmente el sector podrá consolidarse en lo que resta de gobierno.
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