Funcionarios del MEN piden a Gaviria cambiar urgente y radicalmente sistema de aseguramiento

Nov 3/22 Aunque Alejandro Gaviria reconoció la gravedad del tema, funcionarios del Ministerio, abogados y secretarios técnicos de CONACES están desesperados y no han sido escuchados.

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El Observatorio de la Universidad Colombiana conoció en exclusiva un informe técnico que, a manera de “s.os”, hace semanas presentaron profesionales del Viceministerio de Educación Superior, tanto al ministro Gaviria como a la viceministra Vergara y a su equipo directivo, sin que a la fecha estos les hayan “parado bolas”, mientras que los procesos de registro calificado, notificaciones, manejo documental, resoluciones y, en general toda la aplicación del Nuevo Saces, están a punto de colapsar el sistema de aseguramiento.

Los funcionarios, quienes deben lidiar día a día con las IES y con todo el proceso de visitas, pares, evaluación de informes, conceptos, cronogramas y la plataforma Bizagi, o Nuevo Saces, el problema no sólo radica en esta última, sino también -señalan- debe replantearse la compleja y abundante normatividad asociada, modificar procesos vía decreto y decisiones directamente del ministro, replantear tiempos e, incluso, mostrar una actitud de escucha y disposición al diálogo más favorable, tras los cuatro años del gobierno anterior en el que, dicen, no fueron tenidos en cuenta.

Por estas situaciones los tiempos definidos en la Ley 1188 de 2008, de seis meses responder los registros calificados no se están cumpliendo y hay procesos con más de 1 año de retraso. Para atender la emergencia de más de 3 mil registros calificados pendientes (Muchos de ellos derivados de la aplicación de la directiva 09), se pide al ministro que, vía decreto, se amplíe la vigencia de los registros calificados expedidos en los años 2014, 2015 y 2016 a, por lo menos, 10 años.

Asimismo, se solicita urgentemente que se autorice la apertura del antiguo Saces y ordene el cierre del Nuevo, por lo menos mientras que se solucionan todos sus problemas de operación (que no sólo afectan y desesperan a las IES sino también a los propios miembros de las Salas de Conaces, seretarios, pares académicos y funcionarios en general).

Tema aparte serían las consecuencias legales que implicaría para el Ministerio o los funcionarios responsables en su momento de impulsar y defender el Nuevo Saces, la comprobación de los recursos públicos mal invertidos en dicha “solución”.

También se pide que los resultados de aprendizaje no sean una exigencia por parte del Ministerio, y que sean las propias IES las que presenten su propia propuesta.

La situación es tan compleja, y ya pública en el mismo sistema de educación superior, que se espera que el ministro Gaviria use sus competencias legales para intervenir y dar soluciones inmediatas.

Entre las acciones esperadas se proponen reformas al Decreto 1330 en temas de radicación y tiempos para la misma, así como los tiempos que deben tomarse los funcionarios del Ministerio, las Salas y las propias IES. Incluso, se propone suspender o derogar los efectos de las Resoluciones 15224 y 21795 de 2020; y que las IES presenten su autoevaluación como lo requería el Decreto 1295.

Una extensa y compleja normatividad

La excesiva, a veces contradictoria y confusa normatividad que se ha venido creando al respecto, ha incidido negativamente en complicar el proceso. Temas como la completitud de información, la radicación en debida forma, la verificación y evaluación de las condiciones de calidad, la exigencia de innumerables evidencias y los cambios en los tiempos (sin contar el dolor de cabeza de la plataforma), y el silencio administrativo se ven constantemente impactados.

A manera de contexto, debe considerarse que el Sistema de Aseguramiento ha sido “adornado legalmente” con las siguientes normas:

Decreto 1330 de 2019, por medio del cual se establece la manera y la forma cómo se verificarán y evaluarán las  condiciones de calidad, tanto institucionales como de programa.

Resolución 15224 de 2020, que establece los parámetros de autoevaluación, verificación y evaluación de las condiciones de calidad de carácter institucional;

Resolución 21795 de 2020, establece  los  parámetros de autoevaluación,  verificación  y   evaluación de  las   condiciones  de calidad de programa.

Resolución 17979 de 2021, sobre la reorganización de la CONACES, que modifica parcialmente la resolución 10414 de 2018, deroga la resolución 12078 de 2019 y el artículo 4 de la resolución 19244 de 2020.

Resolución 20600 de 2021, modifica el artículo 76 de la resolución 21795 de 2020.

Resolución 14450 de 2022, que define la estructura y funcionamiento del banco de pares académicos del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación.

Resolución 15178 de 2022, que reglamenta el mecanismo de oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior en zonas rurales con condiciones de difícil acceso a la educación superior.

Además, se han presentado notas orientadoras para cada uno de los aspectos en los que se debe hacer, como es el caso de la modalidad, el tipo de maestrías y otras.

Directiva 09 de 2021, que trata de las orientaciones para la prestación del servicio público de educación superior para el año 2022 tras la pandemia.

Circulares tales como la 32 de 2019, orientaciones y criterios para la aplicación del decreto 1330 de 2019  – procesos de registro calificado y trámites asociados

Circular 12 de 2020, orientaciones y criterios para radicación de procesos de registro calificado y trámites asociados;

Circular 15 de 2021, presentación y trámite de solicitudes en las  plataformas “saces” y “nuevo saces”;

Circular 24 de 2021, ampliación del término para el cierre de la plataforma “saces”, establecido en la circular no. 15 del 20 de mayo de 2021.

A todo esto habría que sumar las disposiciones relacionadas con docencia y servicio

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