Abril 22/24 Hace un mes el Consejo Superior designó como rector a José Ismael Peña, y desde entonces la universidad está paralizada, polarizada, sin liderazgo, con violencia y sin norte
Y en el panorama no se ve cómo podría retornarse a la normalidad académica, superar las divisiones y, sobre todo, asegurar una pacífica transición con miras a la posesión de un nuevo rector, tras la finalización -en próximos días- de los seis años de rectoría de Dolly Montoya.
Todo empezó con la designación de Peña y la molestia de una parte de la comunidad universitaria que se sintió traicionada por la forma como el Consejo Superior Universitario, presidido por la ministra de Educación, no eligió a Leopoldo Múnera, quien no sólo ganó la consulta estamentaria, sino que públicamente era el candidato del gobierno, con lo que se aseguraba, de entrada, 3 de los 8 votos del Consejo: El de la ministra y las dos designadas por el presidente Petro.
Daban por hecho, los seguidores de Múnera, que llegaría a, por lo menos, cinco votos, si -según ellos- los representantes de docentes y estudiantes también votaban por Múnera.
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El hecho es que Múnera perdió, y esto habría sido producto de una metodología que presentó y “vendió” el exrepresentante de los rectores, Ignacio Mantilla (denominada método Borda), con la cual se terminó eligiendo al candidato que menos reparo generaba entre los ocho consejeros.
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Eso llevó a una confusa elección, poco transparente y con acuerdos de silencio, que terminaron complicando la participación de los consejeros, especialmente de los representantes de docentes y estudiantes, quienes han sido fuerte y públicamente increpados por sus comunidades, mientras que los exrectores y medios defienden la actuación del Consejo Superior, y el presidente de la República y sus partidarios la cuestionan.
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El hecho llevó a que Leopoldo Múnera se declarara en desobediencia civil y en camino a una constituyente universitaria, lo cual animó a miembros de la comunidad a radicalizar su posición de rechazo a la designación de Múnera y aumentar sus críticas, a veces violentas (toma del edificio de la rectoría por más de tres semanas, amenazas, grafitis e insultos a quienes no están de acuerdo con que se anule, repita o imponga a Múnera como rector). Y aunque Múnera ahora sale a pedir cordura y fin a las posiciones en conflicto, lo cierto es que él terminó siendo uno de quienes echó gasolina a la hoguera.
También apareció una publicación en la que, con nombres propios, se mencionan los docentes que más dinero ganan en la Universidad, en la intención de “enlodar” la imagen de algunos de los defensores de la continuidad de la actual administración.
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En medio de la situación, Diego Alejandro Torres (el representante de los docentes) cuestiona a sus críticos y está en medio de la polarización de los mismos profesores, divididos por facultades, género y gusto político, al tiempo que la representante de los estudiantes en el Consejo Superior, Sara Jiménez, quien públicamente renunció tras la situación, ahora denuncia múltiples amenazas, insultos y temor por su vida y la de los suyos (la foto muestra solo el primer párrafo) por la forma como ha sido amenazada. Incluso, se conoció una carta –aparentemente firmada por 4.760 estudiantes– que piden al presidente Petro y al Consejo Superior revocar a los representantes estudiantiles en el mismo. Y el rector designado (Peña-Rojas) también señala que integrantes de su equipo de empalme han renunciado por amenazas recibidas.
Entre tanto, no parece haber un espacio de concertación a una situación muy compleja: Si se anula la elección de Peña se estaría sentando un precedente preocupante para los procesos de elección de las universidades públicas y la normatividad vigente, y si se confirma, el ambiente podría agravarse por la inconformidad de las aparentes mayorías que se sintieron no escuchadas.
Por ahora, la ministra no lidera y ni siquiera ha firmado el acta del Consejo Superior con la reconfirmación de la designación de Peña. Esa demora, a su vez, retrasa el desarrollo de nuevas acciones legales. Dolly Montoya no habla del tema, tanto porque va de salida, como porque los defensores de Múnera son críticos de su gestión; y la universidad y el sector carece de un académico y autoridad que pueda ayudar a la más reconocida universidad pública del país, con los académicos que, según las cifras, más producen intelectualmente, pero que no son capaces de dialogar y superar el conflicto.
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El hecho es que se acerca el 1 de mayo, fecha histórica de marchas de carácter político y fecha terminación del periodo de Montoya y posterior posesión del nuevo rector, y hay dudas, más sociales y de orden público que académicas, sobre lo que pueda pasar. Si no hay “humo blanco”, tendría que designarse un rector en encargo.
Al parecer, ante la imposibilidad de una organización inteligente y de aprendizaje, como la Universidad Nacional de Colombia, de ponerse de acuerdo, todo terminaría con algún pronunciamiento judicial, que quien sabe en cuántas semanas se dará. Semanas que también serán preocupantes para la definición de qué pasará con el actual semestre académico.
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