Nov 23/20 Aunque actual rectoría trabaja en llave con Mineducación, deudas por cerca de 50 mil millones tienen en serios aprietos para subsistir a cerca de 750 personas.
La Universidad Incca de Colombia, que hace pocos años contaba con más de 5 mil estudiantes, hoy no llega a mil, y aunque parece haber saneado muchas prácticas cuestionadas en la gestión y ejecución presupuestal, las deudas, especialmente por obligaciones laborales, no muestran un panorama claro para una IES que, aunque su presidente del Claustro de Gobierno –el exrector de Unibagué y Uniminuto, Leonidas López Herrán- representa al Ministerio de Educación Nacional, en medio de la crisis de algunas IES privadas por la pandemia, no tiene cómo responder a sus empleados por las deudas, aunque no las niega.
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Según una comunicación de 151 trabajadores -entre los que se encuentran algunos que laboraron con la anterior rectoría y presidencia (Carolina Villamizar y María Solita Quijano Samper, respectivamente), en gran parte responsables por la situación actual, los afectados llegan a 750 personas, a las que la Universidad adeudaría $22.284 millones de pesos, que corresponden al 45% del pasivo de la IES de 49.522 millones de pesos. Las deudas restantes se distribuyen en 10,18% a proveedores, 13% a obligaciones financieras 11,18% a provisiones y otros pasivos no financieros, el 5% restante corresponde a otras obligaciones.
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Esto se traduce en lo que significa el no pago de hasta 20 meses sin salario, y hasta 23 meses sin aportes a la seguridad social, sin contar lo que significarían los salarios caídos y los impactos indirectos que ha significado para los trabajadores tener que recurrir a otras fuentes, préstamos, créditos y deudas para cubrir su situación.
Según los trabajadores, ni la Universidad ni el Ministerio de Educación (que mediante la Resolución 3503 de abril de 2019 ordenó medidas de control y vigilancia) les han dado una respuesta concreta sobre sus obligaciones. Indican que el 50% de las tutelas se encuentran en situación de desacato y el 36% han presentado demanda y en su respuesta la Universidad manifiesta “actuar de buena fe” y “Fuerza mayor”.
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Dicen los afectados que “los pocos trabajadores o ex trabajadores que han podido acceder a reuniones con la universidad para realizar acuerdo de pago, se enfrentan a propuestas que no se compadecen con la situación, y por el contrario constituyen una burla a sus derechos y un abuso a su situación de necesidad, en la medida en que, por ejemplo, ofrecen abonar $200.000 mensuales para cubrir una deuda que en la mayoría de los casos se tomaría más de quince o veinte años para saldarla en su totalidad, lo que deja entrever además el desacato a las decisiones judiciales y al sistema judicial colombiano”.
La Institución, según los propios trabajadores, tiene cómo responder a las deudas, pues cuenta con una infraestructura que supera en mucho la real utilización actual.
Según el inventario, la Universidad tiene 22 inmuebles, avaluados en alrededor de $88 mil millones. De esos 22 inmuebles, hay 3 embargados por demandas de las empresas de vigilancia y seguridad.
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“Universidad responderá totalmente a sus obligaciones”
Así lo han confirmado a El Observatorio de la Universidad Colombiana tanto el presidente López como la rectora Susan Rodríguez Rodríguez.
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Auncuando no dicen el cómo ni el cuándo, señalan que “la institución jamás ha negado sus obligaciones, y que no ha escatimado esfuerzos para dar cumplimiento al proceso de recuperación trazado y brindar una solución tanto a la compleja problemática histórica, como a la urgencia de cada caso particular. El renovado gobierno universitario y el actual equipo administrativo tienen claro el norte y construyen alternativas para sanear en el presente, los problemas financieros generados y acumulados en vigencias anteriores. Es importante advertir que esta postura ha contribuido poderosamente a la recuperación e incluso, ha sido aceptada por diferentes Jueces de la República en varios de los fallos proferidos a favor de la institución”.
Tanto López como Rodríguez, quienes intentan justificar que la complicada situación que manejan es heredada y no motivada por ellos, intentan dar un parte positivo y señalan que “a partir de la vigencia 2019, la Universidad INCCA de Colombia evidenció una recuperación importante, al disminuir en un 43,5% el resultado negativo en relación con el año anterior”.
¿Cómo conseguirán más recursos?
Según han informado a este medio, la institución ha diseñado un plan de negociaciones de corto plazo para obtener capital, y para ello ha diseñado estas estrategias:
- Fortalecimiento de los ingresos a partir de la obtención de nuevos registros calificados, reactivación de la oferta de la educación continuada y el desarrollo de plataformas educativas – UNINCCA VIRTUAL
- Aplicación a la línea de crédito de redescuento con tasa compensada, FINDETER y el Ministerio de Educación Nacional.
- Gestión de recursos a través de bancas de inversión.
- Capitalización de bienes a partir del desarrollo de un proyecto inmobiliario.
- Enajenación de inmuebles.
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¿Con qué se pagarán los salarios?
Para Presidencia y Rectoría, autodenominados como “el renovado gobierno universitario”, frente a la urgencia con la que debe atender las particularidades de cada una de las obligaciones acumuladas: salarios, liquidaciones y aportes pensionales, entre otras, se han estructurado alternativas como:
- Negociación de grandes obligaciones con personas jurídicas para que los gastos de operación se hagan más livianos, buscando aproximar a la institución al punto de equilibrio operacional y liberando recursos en el corto plazo que permitan ser reconducidos a la atención de los pasivos de trabajadores y extrabajadores.
- Suscripción de acuerdos de transacción que si bien inician en valores bajos debido a la restricción de caja, compromete una ejecución más acelerada en la medida en que se fortalecen los ingresos y se concretan las operaciones de inyección de capital.
- Cruce de pasivo contra servicios educativos, en donde la institución cubre el 50% del valor de la matrícula a través de una beca de apoyo social, y el 50% restante puede ser cubierto a través de un cruce contra lo adeudado. Son beneficiarios de esta alternativa, los trabajadores o ex trabajadores con pasivo laboral y sus familiares hasta cuarto grado de consanguinidad y afinidad o primero civil, sin embargo, se han realizado excepciones ampliando el espectro de beneficiarios.
Todo indica que esta complicada situación se extenderá muchos más meses.
¿Podrá el Ministerio de Educación salvaguardar el derecho a la educación, así como hablar con su cercano Ministerio de Trabajo para buscar alternativas que ayuden a saldar los compromisos con los empleados?
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